Los implicados explicaron durante los interrogatorios que, bajo la manipulación de bandas de estafadores telefónicos, solicitaron créditos y entregaron grandes sumas de dinero a cuentas bancarias falsas que los delincuentes presentaron como “seguras”. Posteriormente, sufrieron amenazas y coacciones por parte de individuos que se hacían pasar por agentes del orden, quienes los acusaron falsamente de colaborar con el Ejército ucraniano y los forzaron, bajo intimidación con falsas denuncias y amenazas de prisión, a cometer delitos como el incendio de vehículos policiales y la alteración ilegal en infraestructuras energéticas y de transporte. Esta modalidad de extorsión formó parte de una investigación criminal cuya información fue difundida por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), según recogió la agencia EFE.
De acuerdo con los datos aportados por el FSB y publicados por EFE, la operación resultó en la detención de diez ciudadanos rusos en cinco regiones distintas: Komi, Astracán, Volgogrado, Vólogda y Krasnodar. Los arrestados fueron vinculados a actos de sabotaje, atentados terroristas y tentativas de alteración de infraestructuras críticas, siempre bajo presión de los organizadores de las estafas telefónicas. El organismo de seguridad subrayó que estos hechos delictivos habrían sido cometidos con el pretexto de “comprobar la seguridad de los objetivos” atacados, engañando así a las víctimas para evitar enfrentar cargos judiciales.
Según informó EFE, las acciones delictivas incluyeron incendios de vehículos pertenecientes a las fuerzas del orden, así como intervenciones en instalaciones relacionadas con el suministro eléctrico y el transporte. Las declaraciones recogidas durante la investigación apuntan a que los estafadores telefónicos provocaron que las víctimas contrajeran créditos que finalmente transfirieron a cuentas controladas por los propios criminales. El monto defraudado osciló entre los 300.000 rublos (unos 3.700 dólares) y 1,6 millones de rublos (más de 20.000 dólares) por individuo, informó el FSB.
Una vez que se completaron dichas transferencias, los afectados fueron contactados por sujetos que simulaban ser agentes policiales, quienes los acusaron de financiación ilegal y los forzaron bajo coacción a ejecutar delitos de sabotaje, utilizando la amenaza de un procesamiento penal como herramienta de intimidación. El FSB advirtió que este esquema de manipulación y extorsión situó a los detenidos ante la posibilidad de enfrentar penas de hasta 20 años de prisión en virtud de los delitos cometidos.
El incremento de los fraudes de este tipo en Rusia en los últimos años se refleja en las cifras del Ministerio del Interior, citadas por EFE. En 2024, más de 448.000 personas resultaron afectadas en casos de fraude en línea, con daños económicos que alcanzaron los 200.000 millones de rublos (aproximadamente 2.000 millones de dólares). Esta tendencia ha forzado la adopción de medidas adicionales por parte de las autoridades rusas. Tal como consignó la agencia EFE, entre las nuevas herramientas de prevención figura la opción de autodesbloqueo para solicitudes de créditos, disponible en el portal de gestión digital Gosuslugui, y utilizada ya por varios millones de ciudadanos rusos en un intento por protegerse de futuras estafas.
El caso, que involucra delitos tipificados como terrorismo y sabotaje, así como la manipulación psicológica de las víctimas, evidencia el impacto negativo de las redes de fraude telefónico, según el reporte del FSB difundido por EFE. Aa través de métodos sofisticados de engaño, los estafadores lograron explotar el miedo de los ciudadanos a procesos judiciales y represalias penales para obligarlos a participar en ataques dirigidos contra infraestructuras estatales y vehículos de las fuerzas del orden. La investigación se encuadra en una tendencia creciente en el uso de extorsión y manipulación psicológica por parte de organizaciones criminales en Rusia.
A raíz de la alarma generada por el elevado número de víctimas, las autoridades rusas han enfatizado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad digital y la educación de la población en materia de prevención de fraudes. La capacidad de los estafadores para penetrar las defensas psicológicas de sus objetivos, llevándolos incluso a realizar ilícitos graves para evadir supuestos cargos inventados, constituye un reto relevante para los organismos encargados de la seguridad nacional, según la información divulgada en el portal oficial del FSB y recogida por EFE.
El seguimiento del caso queda a cargo de las autoridades judiciales de las regiones implicadas, mientras continúa vigente la alerta sobre el auge de los fraudes telefónicos en el país y sus potenciales consecuencias sobre la infraestructura crítica y la seguridad pública.
