El acuerdo entre el Ejecutivo central y las autoridades canarias establece la canalización de 140 millones de euros durante el periodo 2024-2025 exclusivamente para atender la protección, tutela y acompañamiento de menores migrantes no acompañados en el archipiélago, según publicó Europa Press. La mayor parte de este presupuesto, 100 millones de euros, corresponde a una asignación extraordinaria aprobada tras la última reunión del Consejo de Ministros, mientras los 40 millones restantes se distribuirán mediante diversas partidas a lo largo de 2025. El objetivo principal de la medida es responder al notable incremento registrado en la llegada de niños y adolescentes extranjeros sin referentes familiares a Canarias, situación que ha generado una emergencia social y que multiplica por catorce los fondos otorgados en 2021.
El volumen de recursos extraordinarios supera en un 3.802% los asignados en ese ejercicio, lo que representa una reorientación en la política de atención a la infancia migrante, impulsando tanto la intervención institucional como la rendición de cuentas. Según detalló Europa Press, la asignación presupuestaria incorpora un régimen de control inédito basado en informes segmentados por edad, género y contexto social de los menores, lo que condiciona el uso de los fondos a la entrega sistemática de balances y registros cuantitativos y cualitativos por parte de las autoridades insulares.
De acuerdo con Europa Press, la finalidad de esta segmentación radica en adaptar la respuesta institucional al nivel de vulnerabilidad detectado en cada grupo, asegurando que los programas de apoyo se orienten especialmente a la reducción de la pobreza infantil y al fortalecimiento de la integración social. Con este planteamiento, el Ministerio de Juventud e Infancia somete a la administración canaria a una fiscalización reforzada: los fondos solo podrán utilizarse tras cumplir con el envío de la documentación desglosada y bajo auditoría externa continuada.
Además de las auditorías externas, la obligación de rendición de cuentas incluye inspecciones estatales sistemáticas y la intervención del Tribunal de Cuentas. Tal como reportó Europa Press, tanto la Intervención General del Estado como su máximo órgano fiscalizador auditarán de manera independiente el destino y la eficiencia de los recursos. Se estipula una periodicidad rigurosa en los controles y un seguimiento detallado de la información aportada, incluyendo la incorporación obligatoria de las recomendaciones emitidas por los responsables de las evaluaciones.
En materia de ejecución y planificación, Europa Press indicó que parte significativa de los fondos se destinará al impulso de programas de acogimiento familiar y al acompañamiento personalizado de adolescentes que afrontan el tránsito hacia la autonomía. El diseño de estos programas tiene como propósito fomentar la integración en entornos locales y favorecer la igualdad de oportunidades, tomando como base el análisis de los resultados obtenidos en cada intervención. Para evaluar la efectividad de estas medidas, los informes regulares elaborados por el Gobierno de Canarias serán revisados por la administración estatal, que podrá modificar prioridades y estrategias conforme evolucione el fenómeno migratorio infantil.
La normativa aprobada introduce además la obligación de justificar el gasto mediante balances públicos y transparentes, empleando indicadores que midan no solo la ejecución presupuestaria, sino también la incidencia real de las inversiones en la mejora de la situación de los menores extranjeros. Según consignó Europa Press, se mantendrá una trazabilidad exhaustiva de todos los movimientos realizados con fondos públicos, lo que permitirá ajustar la gestión a los cambios en la presión migratoria y en el perfil de los menores atendidos.
Europa Press añadió que los nuevos requisitos legales buscan reforzar la transparencia, tanto en la gestión administrativa de los fondos como en la evaluación misma de los programas desplegados por el Gobierno canario. Las autoridades deberán responder documentalmente a los procedimientos de auditoría y actualizar sus actuaciones a partir de las conclusiones derivadas de los controles externos, enfocando cada euro invertido en maximizar su impacto social.
El marco de control incluye la intervención regular de organismos estatales, responsables de ajustar prioridades de acuerdo con la evolución de las necesidades identificadas en la población migrante infantil. De esta manera, el acuerdo obliga a perfeccionar la calidad de los servicios sociales y a implementar todas las recomendaciones que surjan de las evaluaciones independientes, tal como remarcó Europa Press.
El plan contempla que los fondos se apliquen únicamente a acciones dirigidas a la atención de menores extranjeros no acompañados y que la financiación pública se gestione a través de intervenciones focalizadas, basadas en evidencias verificadas por auditorías. Europa Press destacó que este despliegue de recursos y de exigencias regulatorias se presenta tanto como respuesta a la crisis inmediata causada por el aumento de la migración infantil como como una apuesta de largo plazo por modelos estables de integración y apoyo para los menores bajo tutela de Canarias.
El sistema de revisiones periódicas establecido por el Ejecutivo central aspira a mantener la sostenibilidad y la integridad en la gestión de la infancia migrante, con mecanismos para adaptar las estrategias a cambios bruscos en los flujos de llegada. Según insistió Europa Press, este entramado de financiamiento, control y rendición de cuentas busca optimizar la respuesta pública y consolidar unas bases de trabajo coordinado que garanticen la protección efectiva de uno de los colectivos más vulnerables atendidos por la administración autonómica.
