El asesinato de un comandante gubernamental en la localidad de Nasir, en el estado nororiental del Alto Nilo, marcó un punto de escalada en la violencia de Sudán del Sur, cuando integrantes del llamado Ejército Blanco —una milicia asociada al grupo étnico nuer— atacaron a fuerzas leales al gobierno aprovechando la evacuación de la víctima en un helicóptero de la misión de la ONU. Este episodio, destacado por EFE, se sumó a una serie de incidentes en 2025 que agudizaron el riesgo de regreso a un conflicto civil a gran escala y pusieron en evidencia la fragilidad del proceso político en el país más joven del mundo.
De acuerdo con EFE, la tensión entre los principales actores políticos y militares aumentó a raíz de un ataque perpetrado en marzo por la milicia Ejército Blanco contra una guarnición gubernamental en Alto Nilo. Tras el asalto, las autoridades detuvieron a Riek Machar, ex vicepresidente primero y destacado líder opositor, bajo cargos de colaboración con dicha milicia. Esta detención se convirtió en el epicentro de una crisis política que, según el medio, ha puesto en entredicho la viabilidad del acuerdo de paz firmado en 2018 y ha complicado la ruta hacia las postergadas elecciones generales, que ahora se anuncian para diciembre de 2026.
A la crisis política se sumó una emergencia humanitaria desencadenada por lluvias intensas y riadas. EFE detalló que las inundaciones provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas en octubre, agravando aún más la inestabilidad interna. Paralelamente, Naciones Unidas advirtió que 7,5 millones de habitantes en Sudán del Sur podrían enfrentar situaciones de hambre en 2026, sumando un elemento de presión adicional al gobierno y los actores involucrados en la transición política.
El inicio de 2025 estuvo marcado por una reconfiguración del gabinete ejecutada por el presidente Salva Kiir, quien, según informó EFE, destituyó al vicepresidente segundo, James Wani Igga, y nombró en su lugar a Benjamin Bol Mel. Esta decisión suscitó controversia debido a las sanciones estadounidenses vigentes contra Bol Mel por presunto lavado de dinero. Meses después, en noviembre, un nuevo giro político se produjo tras el cese y arresto domiciliario de Bol Mel, con el retorno de Igga al cargo de vicepresidente segundo tras fuertes divergencias internas.
El panorama de violencia fue exacerbado por el enfrentamiento ocurrido en julio en el sur del país, en la región de Kajo Keji, frontera con Uganda. El medio EFE reportó que choques entre fuerzas sursudanesas y tropas ugandesas derivaron en varias víctimas mortales y un elevado número de desplazados. Posteriormente, voceros militares anunciaron que se establecieron mecanismos de diálogo y cooperación entre las jefaturas de los ejércitos de ambos países, incluyendo una investigación conjunta y la reactivación de canales de coordinación militar con miras a prevenir nuevos incidentes.
En el plano internacional, la administración estadounidense adoptó en abril una postura más contundente hacia el gobierno sursudanés. Según consignó EFE, Estados Unidos canceló todos los visados concedidos a ciudadanos de Sudán del Sur y acusó al Ejecutivo liderado por Salva Kiir de obstaculizar la repatriación de nacionales deportados desde territorio estadounidense. Esta medida incrementó la presión sobre Yuba, cuyas relaciones con los socios occidentales ya mostraban signos de tensión.
La cuestión electoral ocupó el centro del debate político luego de que el presidente Kiir anunciara en diciembre un acuerdo entre las fuerzas políticas para celebrar las elecciones generales en diciembre de 2026, decisión adoptada sin la realización de un censo poblacional ni la ratificación de una constitución permanente. EFE recogió que la medida dividió a la sociedad, con algunos sectores considerándola un paso pragmático para evitar la prolongación indefinida del proceso transicional, mientras otros expresaron preocupación por la legitimidad y credibilidad de los futuros comicios.
Diversos actores políticos y sociales manifestaron posturas encontradas sobre la desvinculación formal de la oposición respecto del Ejército Blanco, establecida tras la firma del tratado de paz, y el impacto de los recientes episodios violentos en el cumplimiento efectivo del cese de hostilidades. La oposición, tras la detención de Machar, interpretó los ataques en Nasir y otras localidades como indicios del colapso de la tregua y alertó sobre el aumento de la inseguridad en zonas estratégicas del país.
A lo largo de 2025, la inestabilidad política y la continuidad de los conflictos armados interétnicos han dificultado la consolidación de las reformas necesarias para la celebración de elecciones creíbles. La falta de un censo demográfico actualizado y de una constitución definitiva han sido identificados por analistas y funcionarios, según mencionó EFE, como obstáculos para avanzar en el proceso transicional iniciado en 2018.
Mientras las autoridades y la comunidad internacional buscan mecanismos para salvaguardar la integridad del proceso de paz, Sudán del Sur enfrenta el desafío adicional de anticipar y mitigar los efectos de la crisis alimentaria identificada por la ONU. El impacto combinado de los desplazamientos, las lluvias y la precariedad institucional marca el rumbo de los meses previos a un ciclo electoral que se anuncia incierto y expuesto a nuevas turbulencias, de acuerdo con EFE.
