Las autoridades responden a EEUU que sus "propuestas" a la misión de la ONU no son "obstáculos"

El Gobierno de Sudán del Sur defendió ante críticas de Washington que solo busca mejorar la cooperación y aclarar procedimientos administrativos con Naciones Unidas, rechazando haber limitado operaciones de la misión internacional o interferido en el envío de ayuda humanitaria

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Durante la última semana, un incidente de discrepancia en los registros de rotación de tropas en el aeropuerto de Yuba atrajo la atención internacional tras el despegue de un avión vacío utilizado por la misión de paz de Naciones Unidas (UNMISS), después de que se detectara que el número de militares nepalíes presentes no coincidía con los listados oficiales. Tal como informó Sudan's Post, el ministro de Exteriores de Sudán del Sur, Monday Semaya Kumba, defendió que la decisión de proponer el retraso del vuelo pretendía aclarar una diferencia relevante en los datos y no representaba una barrera contra las operaciones de la misión internacional. Según Kumba, las autoridades localizaron a 205 militares nepalíes listos para partir, mientras las listas de la ONU registraban solo a 150, lo que llevó al Gobierno sursudanés a exigir la verificación previa de movimientos de tropas extranjeras.

La polémica surge en un momento de tensión diplomática con Estados Unidos, cuyo gobierno denunció la imposición de tasas consideradas “exorbitantes” a los envíos de ayuda humanitaria y la existencia de trabas a la labor de la UNMISS en Sudán del Sur. Washington advirtió que tales prácticas podrían significar una fuerte reducción de la asistencia financiera que se destina al Gobierno de Yuba para afrontar crisis y necesidades urgentes, reportó Sudan's Post. Frente a estas objeciones, el Ejecutivo sursudanés replicó que nunca ha intentado limitar el trabajo de las fuerzas internacionales y que su relación con Naciones Unidas se basa exclusivamente en la presentación de propuestas orientadas a solucionar dificultades de comunicación sobre procedimientos internos.

Durante una comparecencia pública el sábado, Monday Semaya Kumba argumentó que las medidas implementadas buscan transparencia administrativa en la relación con la misión internacional. Sudan's Post informó que el ministro detalló un plan de 17 puntos presentado ante la ONU, diseñado para facilitar la cooperación y mejorar la preparación ante contingencias dentro de las operaciones de paz desplegadas en Sudán del Sur. Según estas propuestas oficiales, el Gobierno pretende abrir canales de diálogo para resolver conflictos de interpretación y reforzar la estructura conjunta de coordinación con Naciones Unidas. Kumba manifestó que estas propuestas no constituyen impedimentos para las actividades de la UNMISS, sino que buscan garantizar procesos claros y una comunicación coherente entre las partes.

El medio Sudan's Post también consignó que el ministro se abstuvo de comentar sobre otro incidente reportado seis días antes, cuando las autoridades sursudanesas dejaron en tierra cuatro aviones de la misión internacional ante sospechas de posibles usos no autorizados, como labores de vigilancia o supuestos actos de contrabando de recursos naturales. Aunque circularon versiones que sugerían tales preocupaciones, el Gobierno de Yuba dejó explícitamente fuera de la acusación directa a la UNMISS, subrayó el medio citado.

Estados Unidos fundamenta su crítica en la existencia de trabas administrativas y fiscales que, según su visión, generan demoras y complicaciones a la labor humanitaria de organismos internacionales que operan en Sudán del Sur. Conforme informó Sudan's Post, Washington sostiene que el cobro de tasas y la imposición de barreras administrativas afectan la entrada y distribución de ayuda, comprometiendo la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo que enfrentan los habitantes más vulnerables.

El Gobierno de Sudán del Sur insiste en que todas las medidas adoptadas responden a la necesidad de cumplir con los procedimientos habituales y resolver inconvenientes derivados de la coordinación diaria con la comunidad internacional. El plan de 17 puntos, remarcó la administración, surge como instrumento para fortalecer la cooperación operativa y mantener los compromisos suscritos ante Naciones Unidas, sin interferir en la ejecución del mandato internacional.

De acuerdo con Sudan's Post, las autoridades sursudanesas reiteraron su derecho a supervisar los movimientos del personal militar extranjero que ingresa o sale del país y subrayaron que esta vigilancia se ajusta a la normativa vigente respecto a la seguridad nacional. Las inspecciones y revisiones aplicadas en procesos como la rotación de tropas fueron expuestas como medios legitimados para proteger tanto los intereses del Estado como las directrices de Naciones Unidas.

La relación entre Sudán del Sur y la comunidad internacional continúa enfrentando obstáculos derivados de la desconfianza mutua y de las diferencias sobre los mecanismos de control y organización de la misión de paz. Según el recuento de Sudan's Post, Naciones Unidas mantiene en territorio sursudanés una misión significativa orientada a preservar la estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales tras un prolongado período de conflicto. El Gobierno local proclama su disposición a colaborar plenamente y sostiene que las recientes fricciones derivan exclusivamente de asuntos técnicos o administrativos y no de una voluntad política de limitar el trabajo internacional.

Sudan's Post reportó que, en respuesta a las demandas de mayor transparencia y las quejas sobre trabas en la gestión humanitaria, el Ejecutivo sursudanés enfatizó su apertura para revisar protocolos y analizar cualquier aspecto que contribuya a fomentar un clima más constructivo de cooperación. El Estado planteó, no obstante, que toda adaptación o revisión de procedimientos debe salvaguardar los intereses nacionales y no suponer concesiones que contraríen la soberanía del país.

Mientras tanto, la misión de Naciones Unidas continúa desarrollando sus tareas en Sudán del Sur, en paralelo a los esfuerzos diplomáticos y administrativos por parte de ambas partes para resolver las desavenencias en torno a cuestiones logísticas, fiscales y de comunicación, aspectos que han motivado las recientes protestas del gobierno estadounidense y la defensa pública asumida por las autoridades sursudanesas.