La detención y posterior condena a doce años de prisión de Abir Moussi, lideresa del Partido Desturiano Libre, se convirtió en uno de los emblemas recientes de la oposición tunecina frente a las políticas adoptadas desde 2021. Según detalló Mosaique FM, este caso ha servido como punto de referencia para numerosos sectores de la sociedad que buscan reactivar el debate sobre el alcance de las libertades públicas y la legalidad de los procesos judiciales promovidos bajo la administración del presidente Kais Saied. La presión social, visible a través de protestas cada sábado en la arteria principal de la capital, ha puesto en el centro de la agenda pública el reclamo por la excarcelación de opositores y la revisión de sentencias consideradas motivadas por intereses políticos.
De acuerdo con información proporcionada por Mosaique FM, las protestas han contado durante cuatro sábados consecutivos con la presencia de representantes de distintas generaciones, lo que ha fortalecido la articulación entre actores políticos históricos y nuevos colectivos ciudadanos. Las movilizaciones ocuparon el principal bulevar de Túnez y se consolidaron como puntos de encuentro para líderes opositores, abogados y defensores de derechos humanos. Entre los asistentes se identificaron integrantes de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Demócratas, miembros del Colegio de Abogados, así como figuras como Ahmed Néjib Chebbi, Ayachi Hammami, Chaima Issa y Wissem Sghaier, portavoz del partido Al Jomhouri, y militantes del Partido de los Trabajadores.
La consigna unificadora de las manifestaciones, “Las cadenas se romperán”, tomada del himno nacional, dio cohesión a la movilización y subrayó el carácter transversal de la protesta social, reportó Mosaique FM. En estos encuentros, los manifestantes portaron fotografías de personas encarceladas por motivos políticos y pancartas que expresaron el rechazo frente al uso de la prisión como herramienta para restringir el disenso y obstaculizar la pluralidad de voces.
Los reclamos compartidos en las marchas se centraron en la liberación de presos con causas políticas, la revisión de los juicios generados desde la reconfiguración institucional establecida en 2021 y la restauración de garantías democráticas para la oposición. Esta serie de demandas emerge en un contexto donde, según publicó Mosaique FM, la disolución del Parlamento y la remoción del primer ministro efectuadas por el presidente Saied significaron un cambio profundo en la estructura del sistema político tunecino. Dichas decisiones incrementaron la concentración de poder en el Ejecutivo y, de acuerdo con líderes y organizaciones opositoras, promovieron un retroceso en derechos fundamentales y en la autonomía judicial.
El dirigente Hamma Hammami, citado por Mosaique FM, cuestionó públicamente la instrumentalización de la justicia para fines políticos y responsabilizó al gobierno por lo que definió como un deterioro de las libertades individuales. Los manifestantes coincidieron en señalar que el marco legal, antes apreciado como salvaguarda para los ciudadanos, se utiliza ahora para ejercer control selectivo contra quienes expresan opiniones disidentes o cuestionan la gestión gubernamental.
Mosaique FM puntualizó que, en paralelo a las reivindicaciones inmediatas sobre excarcelaciones, la sociedad civil ha solicitado auditorías en torno a la legalidad de los procesos penales y la revisión de detenciones atribuidas a motivaciones políticas. En ese sentido, las organizaciones participantes exigieron que se restituyan los equilibrios institucionales y se restablezcan los mecanismos de control y balance de poder previos a la reforma de 2021.
La presencia constante de agrupaciones tradicionales al lado de nuevas plataformas ciudadanas surgidas tras la reforma institucional indica, según Mosaique FM, un fortalecimiento de la cooperación intergeneracional y sectorial. Este fenómeno se manifestó mediante una vigilancia aumentada sobre los procedimientos judiciales que afectan a la disidencia y alimentó el debate social sobre el modelo democrático vigente en Túnez y su futuro. Además, se generaron nuevas redes de apoyo y canales de interlocución interna y externa, que favorecieron la visibilidad de los reclamos más allá del ámbito nacional.
El seguimiento internacional que recibieron estas protestas también se reflejó en pronunciamientos de organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de declaraciones de gobiernos extranjeros, según consignó Mosaique FM. Estas organizaciones expresaron su preocupación por la determinación de las autoridades tunecinas para restringir la disidencia, poniendo énfasis en la falta de equilibrio en el funcionamiento de los tribunales bajo el actual marco legislativo. Los comunicados difundidos alertaron acerca de la utilización de ciertas leyes para penalizar el activismo opositor y subrayaron la pérdida de independencia judicial como un factor central en el retroceso de libertades.
De acuerdo con la cobertura de Mosaique FM, la agenda de reformas legislativas que impulsan los sectores movilizados incluye medidas destinadas a limitar el poder del Ejecutivo, restablecer controles institucionales sobre las decisiones presidenciales y garantizar la transparencia y autonomía de las instancias judiciales. Esta línea de acción se acompaña de la exigencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades y la discusión pública en torno a la legalidad y legitimidad de los procesos impulsados tras la reconfiguración política de 2021.
A través de las movilizaciones y la construcción de alianzas amplias, la sociedad civil encontró mecanismos para articular demandas conjuntas destinadas a salvaguardar derechos como la libertad de expresión, la defensa ante la justicia y la pluralidad política. Mosaique FM destacó cómo la convergencia entre actores sociales de distintas trayectorias y la atención sostenida de la opinión pública internacional mantuvieron en el centro del debate la situación de los presos políticos y las posibilidades de revisar las sentencias consideradas injustas.
El análisis expuesto por Mosaique FM sostiene que el fenómeno de protesta y cooperación social no solo responde a las decisiones gubernamentales recientes, sino que también visibiliza la transición del modelo democrático tunecino y las tensiones derivadas de la concentración de poder en manos del presidente Kais Saied. Las acciones de los líderes opositores y organizaciones participantes buscaron activar tanto los canales internos como externos de presión política, focalizando en la restauración de derechos democráticos, el respeto pleno de las garantías procesales y la vigilancia sobre posibles excesos del Ejecutivo.
El desarrollo de las protestas evidenció la consolidación de un espacio de diálogo entre generaciones y sectores antes distanciados, lo que permitió ampliar la base social de la crítica y renovar la capacidad de articulación frente a las reformas impulsadas por el gobierno. La respuesta de la comunidad internacional y el eco mediático obtenido, según resaltó Mosaique FM, incidieron en la percepción sobre la viabilidad del sistema democrático en Túnez y en la necesidad de mantener abiertas las discusiones relativas a la transparencia, el acceso a la justicia y la restitución de las libertades públicas erosionadas desde la reforma institucional de 2021.
