El avance en la modificación del reglamento del Mediterráneo, logrado por España al persuadir al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, de eliminar la condición que otorgaba a la especie más vulnerable un peso decisivo en la determinación de los días de faena, marcó un giro en las negociaciones sobre cuotas pesqueras en Bruselas. Según informó el medio, esta decisión fue considerada por el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, como un elemento que restó rigidez a las conversaciones y permitió destrabar uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno español y la Comisión Europea. La medida fue interpretada por Planas como una corrección esencial que, en sus palabras, busca que “las leyes de la pesca, tienen que servir para regular la pesca, pero evidentemente no determinar”, una orientación que España defendió ante la perspectiva de que la antigua referencia distorsionaba el proceso de negociación.
De acuerdo con lo publicado por la fuente original, la flota española de pesca en el Mediterráneo mantendrá los días de actividad durante 2025 en las mismas condiciones del año anterior, tras el acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea durante dos jornadas de deliberaciones en Bruselas. El ministro Planas, en rueda de prensa desde Bruselas, relató que España conservará 143 días de actividad media anual por embarcación, cifra que incluye los 13 días adicionales que el país logró añadir a los 130 días inicialmente pactados, como resultado del margen utilizado al cierre de 2024. El acuerdo fue percibido por Planas como un reconocimiento explícito de la Comisión Europea y el Consejo al esfuerzo realizado por el sector pesquero nacional, evitando la imposición de nuevas medidas de compensación, como defendía el Gobierno.
El medio detalló que, antes del acuerdo, la Comisión Europea proponía un recorte sustancial, rebajando los días de pesca a un 35% de los actuales, lo que se traducía en 9,7 días permitidos para toda la flota, aunque abría la opción de recuperar el nivel de actividad del año 2024 bajo la condición de abordar nuevos instrumentos compensatorios. Tanto el gobierno español como el propio sector pesquero manifestaron su oposición a nuevas restricciones y vetos, sobre todo ante la proposición comunitaria de aplicar cierres para la pesca de arrastre de gamba roja en aguas de menos de 600 metros de profundidad y la prohibición de pesca de arrastre por debajo de los 800 metros.
España defendió en todo momento los avances y adaptaciones realizados por la flota, como la implementación de nuevos tipos de redes y la aplicación de sistemas de puertas giratorias, argumentando que estas acciones ya constituían un ajuste significativo hacia una actividad pesquera más sostenible. El ministro Planas remarcó que se trata de continuar con esta senda sin exigir esfuerzos adicionales, añadiendo que la capacidad de introducir nuevas medidas de selectividad “no es infinita”, según sus palabras. Durante la negociación, la delegación española acentuó la importancia de que las actuaciones previas se tengan en cuenta y pidió que los días de pesca no estuvieran condicionados a la adopción de fórmulas compensatorias adicionales.
Tal como publicó el medio, las negociaciones mantuvieron su complejidad hasta pasada la medianoche, cuando la cifra propuesta aún se situaba en 93 días máximos de pesca. Posteriormente, se alcanzó un incremento de 50 días, sellando el acuerdo final cerca de las tres de la mañana, según detalló Planas ante la prensa. El resultado garantizó disponer de los 143 días anuales que, en palabra del ministro, representan “una buena base de trabajo” para la flota nacional.
El ministro de Agricultura y Pesca también abordó otras cuestiones del acuerdo, como ligeras disminuciones en las cuotas de ciertas especies atlánticas, entre ellas el lenguado, abadejo y caballa. No obstante, insistió en que los nuevos límites resultan suficientes para cubrir el consumo habitual de la flota española y que permiten mantener margen en las capturas.
Planas concluyó que el sector pesquero nacional ha visto reconocido su esfuerzo por parte de las instituciones comunitarias y que la consolidación del número de días de faena revierte una tendencia de reducción constante de actividad en los últimos años. La decisión compromete tanto al Gobierno como al sector a seguir en la senda de adaptación y sostenibilidad, en un contexto en el que las políticas comunitarias en materia de pesca intensifican los controles y restricciones con el objetivo de proteger los recursos marinos.
