El Ejecutivo ha señalado que las condecoraciones policiales, como la cruz blanca otorgada recientemente al juez de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge, están plenamente reguladas por leyes y normativas que establecen criterios objetivos y homogéneos para su asignación, tanto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a personas externas. Esta afirmación aparece tras la inquietud presentada por el diputado Josep Pagès, del grupo Junts, quien preguntó formalmente por los motivos que condujeron a conceder dicha distinción a una persona ajena a los cuerpos policiales, según informó Europa Press.
Según publicó Europa Press, el Ministerio del Interior citó expresamente la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, como el marco normativo que regula este reconocimiento. El Gobierno también resaltó la Resolución de 11 de mayo de 2012 de la Dirección General de la Policía, que detalla el procedimiento para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial. Esta resolución fija los requisitos y procedimientos para tramitar la concesión de condecoraciones, asegurando que la evaluación y concesión siga parámetros claros y transparentes estipulados por la normativa vigente.
En el caso de la Guardia Civil, el Ejecutivo recalcó que la regulación específica se encuentra en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, que instauró la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. Los criterios detallados y el procedimiento para la concesión de estas distinciones se concretan, asimismo, en la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, que establece los pasos a seguir para proponer y conceder las condecoraciones dentro de este cuerpo, según informó el medio.
La polémica surgió cuando el diputado de Junts centró su pregunta por escrito en la concesión de la cruz blanca a Luis Francisco de Jorge, haciendo alusión a una supuesta "colaboración con la esposa de David Sánchez y cuñada del presidente del Gobierno". Pagès mencionó la publicación de información que relacionaba a De Jorge como contacto de la South East Asia Justice Network (SEAJust), una organización organizada por Kaori Matsumoto en el sudeste asiático para una misión de la ONU.
El Gobierno, al responder por escrito la consulta de Junts, evitó pronunciarse sobre las circunstancias personales del juez Luis Francisco de Jorge y se ciñó a las disposiciones legales que rigen este tipo de reconocimientos. Tal como consigna Europa Press, el Ejecutivo defendió la adecuación de la concesión de la cruz blanca al marco normativo, tanto en el ámbito policial como en el de la Guardia Civil.
La Ley 5/1964 y la Resolución de 2012 garantizan que las condecoraciones puedan recaer también sobre personas ajenas a los cuerpos policiales, siempre que hayan prestado colaboraciones consideradas de especial relevancia. En su argumentación, el Ministerio del Interior no mencionó hechos o circunstancias específicas vinculadas al juez de la Audiencia Nacional, sino que reafirmó el respeto a normas ya existentes sobre la concesión de distinciones.
Europa Press destacó que la respuesta oficial mantuvo el foco en la existencia de procedimientos estandarizados para todas las propuestas de ingreso en las órdenes policiales, salvaguardando los requisitos marcados en la ley y evitando que criterios ajenos a los legales intervengan en estas decisiones. En lo referente a la Guardia Civil, la referencia a la Orden INT/2008/2012 subraya que tanto los requisitos como el procedimiento están definidos para asegurar uniformidad y objetividad en la concesión de reconocimientos.
La consulta parlamentaria presentada por Junts añadió elementos relacionados con presuntas relaciones personales y antecedentes de colaboración internacional, basándose en informaciones previamente publicadas sobre el juez De Jorge y su participación con organismos internacionales. Estas alusiones, aunque recogidas en la pregunta de Junts, no tuvieron réplica directa en la respuesta del Gobierno, que prefirió limitarse a explicar el marco normativo aplicable.
En conclusión, la postura oficial del Gobierno transmitida a través del Ministerio del Interior, y recogida por Europa Press, se centró en defender el procedimiento y la legalidad de la concesión de la cruz blanca al magistrado, subrayando la existencia de normas históricas y actuales tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil que permiten y regulan la distinción a quienes, sin pertenecer a estos cuerpos, mantienen vínculos de colaboración reseñados en los expedientes administrativos de cada condecoración.
