La resolución del Departamento del Interior estadounidense de suspender proyectos eólicos se fundamentó únicamente en una orden presidencial, sin que se tomaran en cuenta sus consecuencias, de acuerdo con la jueza Patti Saris. Esta argumentación condujo a la anulación de la medida ejecutiva que frenaba el avance de la energía eólica en tierras y aguas federales, acción que había sido impulsada por el entonces presidente Donald Trump en su primer día de mandato en enero. Según informó EFE, la magistrada, nombrada por Bill Clinton, sostuvo que la determinación resultó “arbitraria y caprichosa”, incompatible con la Ley de Procedimiento Administrativo al carecer de una justificación razonada.
La orden ejecutiva de Trump bloqueó un número significativo de permisos para proyectos eólicos ya aprobados o en trámite, impactando el desarrollo tanto terrestre como marino en estados como Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York. Tal como detalló EFE, esta suspensión llevó a la paralización de varias instalaciones en etapa de planificación y construcción, además de la cancelación definitiva de algunos proyectos. Entre los más afectados se encuentra el Parque Eólico Lava Ridge en Idaho, que había sido aprobado bajo la administración de Joe Biden, y que quedó sujeto a las restricciones dictadas por la Casa Blanca.
La medida fue apelada por un grupo de diecisiete estados encabezados por Nueva York, el Distrito de Columbia y la Alianza para la Energía Limpia de Nueva York, una organización sin fines de lucro. Esta coalición argumentó, según consignó EFE, que la participación de la energía eólica resulta esencial para la modernización de la red eléctrica de Estados Unidos. En la demanda se remarcó que la orden ejecutiva vulneró el proceso normal de evaluación de permisos, dada la ausencia de un análisis sustantivo sobre el impacto de la paralización.
El fallo emitido por el tribunal federal de Massachusetts representa un revés judicial para la política del gobierno de Trump en cuanto al tratamiento de las fuentes renovables. Pese a esto, EFE advirtió que el alcance concreto de esta resolución podría presentar limitaciones, dado que el sistema judicial no obliga a las agencias federales a dar curso a nuevas aprobaciones de proyectos, y algunos desarrolladores podrían mantener cautela en la presentación de futuras propuestas, considerando el contexto de cambios normativos recientes.
De acuerdo con EFE, el gobierno de Trump también intentó retrotraer permisos previamente concedidos y frenar la edificación de parques eólicos en Rhode Island y Long Island. No obstante, estos esfuerzos encontraron rechazos previos por parte de los tribunales federales, lo que añadió obstáculos a la estrategia general de limitar la expansión de la energía eólica en múltiples zonas del país.
Donald Trump ha expresado oposición a la energía eólica durante más de una década. Sus críticas se han centrado tanto en argumentos de eficiencia como de impacto visual, marcando un desencuentro público que cobró notoriedad a raíz del parque eólico que resultaba visible desde uno de sus campos de golf en Escocia, situación que motivó acciones legales infructuosas para impedir su construcción. Durante su campaña presidencial, Trump prometió impulsar el sector del petróleo y el gas, anticipando reformas regulatorias que restarían incentivo a las fuentes renovables, reportó EFE.
Expertos citados por EFE señalaron que la decisión del tribunal de Massachusetts podría afectar el destino de inversiones y la evolución de la infraestructura energética en estados clave. La reacción de entidades y representantes políticos se centró en el respaldo a la continuidad de proyectos renovables, remarcando que la energía eólica forma parte de la estrategia para garantizar seguridad energética y empleo en las comunidades involucradas.
Finalmente, la anulación judicial de la suspensión de Trump no obliga por sí sola a la reanudación automática de los proyectos eólicos paralizados, ya que cada caso depende de la evaluación y voluntad de las agencias responsables. Según informó EFE, existe incertidumbre respecto al ritmo con que los nuevos permisos podrían avanzar, condicionados por el entorno regulatorio y la actitud de los propios inversores y promotores ante el escenario judicial y político.
