Algunas empresas vinculadas al procesamiento de carne, semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola han aceptado desembolsos millonarios para resolver demandas civiles relacionadas con la fijación de precios, un fenómeno que ha llamado la atención del propio gobierno estadounidense en el contexto de crecientes preocupaciones por el costo de vida y la seguridad nacional. De acuerdo con una publicación de la agencia EFE, el presidente Donald Trump promulgó una orden ejecutiva que establece la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en la cadena de suministro alimentaria, con una atención especial en compañías bajo control extranjero.
Según detalló EFE, el gobierno de Estados Unidos ha decidido activar dos equipos investigadores, uno en el Departamento de Justicia y otro en la Comisión Federal de Comercio, para examinar si existe conductas que distorsionan la competencia en el sector alimentario. En el texto de la orden se subraya que estos grupos tendrán la responsabilidad de identificar y actuar frente a eventuales riesgos de manipulación de precios y prácticas monopólicas que afecten directamente el costo de los alimentos para los consumidores estadounidenses. Además, el documento advierte que esa conducta puede agravar vulnerabilidades económicas y de seguridad nacional.
Los equipos de trabajo tendrán la tarea de determinar si la presencia de entidades extranjeras en sectores estratégicos de la alimentación contribuye al encarecimiento de los productos básicos o incrementa amenazas al bienestar federal, reportó EFE. En particular, el mandato expresa inquietud por el impacto que pueden tener agentes externos en industrias fundamentales de la cadena de abastecimiento, mencionando que existen “vulnerabilidades similares” entre las empresas procesadoras de carne, semillas, fertilizantes y maquinaria de producción agrícola.
La orden ejecutiva establece que los equipos deberán informar sobre sus hallazgos en dos momentos clave: dentro de los primeros 180 días y, posteriormente, al concluir el primer año de labores. Los destinatarios de estos reportes serán el portavoz de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría en el Senado y las presidencias de los comités relevantes del Congreso. Sin embargo, el texto prohíbe revelar detalles de investigaciones que permanezcan en curso, precisó la agencia EFE.
EFE añadió que, en caso de detectar indicios de colusión criminal, el grupo del Departamento de Justicia podría iniciar procesos penales, como investigaciones ante un gran jurado. Junto a la indagatoria judicial, la nueva disposición presidencial contempla sanciones y el diseño de enfoques regulatorios alternativos, lo que apunta a una mayor vigilancia y ajuste de las reglas alrededor de la cadena alimentaria.
El presidente Trump, a través de una publicación en Truth Social citada por EFE, atribuyó la persistente problemática del alto costo de vida al gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden, y reiteró su compromiso de “arreglar” la llamada “crisis de asequibilidad” en el país, un argumento que ha ocupado un lugar central en su discurso de campaña.
Tal como explicó la agencia EFE, la actual decisión responde a un entorno económico donde el precio de los alimentos y otras necesidades básicas representa una preocupación recurrente para los hogares, mientras crecen los señalamientos sobre la influencia de actores extranjeros en sectores estratégicos nacionales. El gobierno sostiene que la intervención mediante la conformación de estos equipos de investigación puede ser un paso determinante para detectar y disuadir comportamientos anticompetitivos que vulneren la economía familiar y los intereses del país.
Los equipos designados tendrán un mandato de vigilancia ampliado, orientado no solo a la posible colusión y fijación de precios, sino también al papel de la propiedad foránea en el control de industrias críticas, con énfasis especial en la identificación de riesgos tanto económicos como de seguridad nacional, según recogió EFE.
El plan incluye la posibilidad de aplicar castigos y modificar las regulaciones actuales si los investigadores consideran necesario corregir las prácticas observadas y proteger la competencia en el mercado de alimentos. Los informes periódicos buscarán mantener al Poder Legislativo informado de los avances y obstáculos de estas investigaciones, sin comprometer el carácter confidencial de los expedientes en marcha.
