Babis, figura que ascendió a la séptima posición entre las grandes fortunas checas según Forbes, anunció su desvinculación total de Agrofert mediante un mensaje en video antes de la investidura como primer ministro. Este anuncio, realizado tras semanas de intensas gestiones, fue presentado como un compromiso irrevocable: no regresará a la empresa ni mantendrá relación económica, de propiedad o incluso de contacto alguno con el conglomerado, compuesto por entidades de los sectores agrícola, alimentario y químico de relevancia nacional. La entrega del control de Agrofert a un fideicomiso independiente generó las condiciones requeridas por el gobierno y las instituciones europeas para habilitar su nombramiento. La noticia fue difundida por Europa Press.
El presidente checo Peter Pavel tiene previsto formalizar el nombramiento de Andrej Babis como jefe del gobierno este martes 9 de diciembre, después de constatar el traspaso de la administración de Agrofert a la estructura fiduciaria. Según Europa Press, este paso resultó indispensable a los ojos tanto de partidos políticos locales como de actores europeos, quienes reclamaron garantías concluyentes que aseguren la ausencia de cualquier influencia del líder del partido ANO sobre la gestión de una de las mayores corporaciones privadas del país.
La transferencia definitiva de Agrofert a un fideicomiso quedó establecida mediante la selección de gestores que carecen de parentesco, intereses económicos o vinculación personal con Babis. Europa Press precisó que la gestión fiduciaria de la empresa sigue un diseño capaz de eliminar cualquier margen de intervención o control por parte del antiguo propietario. Esta estructura responde a los requisitos de la nueva legislación nacional sobre transparencia, enfocada en prevenir intervenciones de funcionarios estatales en compañías que reciben fondos públicos o de la Unión Europea.
Europa Press explicó que el conglomerado Agrofert, al haber estado bajo dirección directa de Babis durante décadas y mantener un peso considerable en amplios sectores de la economía checa, fue objeto de una fiscalización intensificada. Las demandas de clara separación entre la carrera empresarial de Babis y sus futuras responsabilidades en el gobierno se convirtieron en un punto de referencia durante los debates políticos, tanto en el parlamento como en la opinión pública, y marcaron la discusión preelectoral tras el triunfo del partido ANO.
Tanto la Comisión Europea como la oposición y sectores de la coalición reclamaron durante el proceso electoral y la formación del nuevo gabinete medidas verificables para impedir conflictos de intereses. Europa Press subrayó que el traspaso patrimonial y la constitución del fideicomiso independiente quedaban bajo vigilancia permanente por parte de organismos de auditoría estatales, quienes recibirán atribuciones para supervisar continuamente las operaciones del fondo y garantizar la desvinculación total de Babis.
El modelo elegido asigna la administración del fideicomiso a un investigador independiente y un responsable de control, ambos seleccionados mediante criterios que aseguran neutralidad, sin vínculos familiares ni comerciales con Babis o Agrofert. Europa Press recogió la valoración pública del presidente Peter Pavel, quien expresó en la red X que “Andrej Babis ha cumplido nuestro acuerdo y ha anunciado públicamente la forma en que resolverá su conflicto de intereses”, reconociendo la importancia del proceso para consolidar la confianza institucional y social respecto a la asignación de fondos públicos.
El contexto checo convivió en las últimas semanas con una activa movilización social encabezada por grupos civiles y dirigentes políticos que exigieron una fiscalización efectiva e independiente sobre los vínculos entre actores empresariales y políticos. Datos consignados por Europa Press destacan que los antecedentes de investigaciones, tanto nacionales como a escala europea, incrementaron la presión sobre la República Checa para fortalecer sus dispositivos regulatorios y adaptarse a los parámetros de la gobernanza común en la Unión Europea.
Europa Press señaló que las recomendaciones europeas enfatizaron la necesidad de establecer un corte claro entre encargos gubernamentales y actividades privadas, sobre todo en casos donde las empresas tienen acceso a recursos comunitarios. Se implementó un sistema automatizado y externo de auditoría, enfocado especialmente en evitar que Babis, u otros funcionarios en situaciones similares, puedan incidir directa o indirectamente en la toma de decisiones que afecten a grandes compañías beneficiarias de fondos estatales o europeos.
En su primer mandato, Babis ya había transferido formalmente sus acciones de Agrofert a fideicomisos, aunque este año volvió a figurar como propietario antes de la actual y definitiva operación de desvinculación. Europa Press recordó que las controversias previas sobre la transparencia en la gestión de su patrimonio marcaron su paso inicial por el gobierno entre 2017 y 2021, y motivaron nuevas exigencias sociales e institucionales durante el presente proceso.
La entrada en vigor de este modelo de control fiduciario queda como precedente en la República Checa para el manejo de potenciales conflictos de intereses en futuras designaciones ejecutivas. Europa Press refleja que la estructuración de estas garantías responde tanto a la presión legislativa interna como a la aplicación rigurosa de recomendaciones comunitarias, en un entorno que priorizó la rendición de cuentas y la percepción de neutralidad en la gestión de los recursos públicos.
La cita para la investidura de Babis, agendada para las 9:00 del martes 9 de diciembre, pone fin a semanas de intensos debates sobre integridad en la vida política y economía del país. El proceso y sus implicancias orientaron la toma de decisiones tanto del presidente Pavel como de la coalición gobernante, quienes tomaron como referencia las experiencias previas y las exigencias actuales resultantes de investigaciones judiciales y procedimientos abiertos en administraciones anteriores.
Europa Press remarcó que el acuerdo alcanzado no solo zanja la polémica inmediata, sino que también fija un marco de observancia legal coherente con los estándares europeos y define nuevos procedimientos de vigilancia institucional. La resolución del caso introdujo la adopción de métodos de control que prometen influir en la gobernanza y la percepción pública de los futuros gobernantes y su relación con los intereses privados.
