El desarrollo de un piloto extendido para la sustitución de cultivos ilícitos en diez municipios de Córdoba, Antioquia y Bolívar forma parte de las medidas acordadas por el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo en la más reciente fase del proceso de paz. Según informó el medio, esta ampliación busca abarcar regiones donde la organización armada mantiene una amplia influencia económico-social a través del narcotráfico. El pacto alcanzado en Doha, capital de Qatar, se concreta como parte de un esfuerzo para avanzar en el desmontaje de las estructuras criminales y abrir nuevas oportunidades legales para comunidades tradicionalmente afectadas por cultivos ilegales. La noticia principal se centra en que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) asumirá la tarea de monitorear el cumplimiento de los compromisos entre ambas partes, los cuales incluyen el traslado gradual de miembros armados, acciones humanitarias, y la expansión de programas contra los cultivos ilegales.
De acuerdo con el medio, el anuncio de estas nuevas medidas se realizó con la participación de delegaciones del Gobierno colombiano y representantes del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia. Durante la reunión en Doha, ambas delegaciones firmaron un acuerdo que establece la creación de tres zonas temporales de ubicación para combatientes de la organización armada. Estas áreas se han localizado en Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento de Chocó, así como en Tierralta, en el departamento de Córdoba. El documento, refrendado por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez Millán, y el delegado del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, contempla que el traslado de miembros armados se producirá de forma gradual a partir de marzo.
Según consignó el medio, la implementación de las zonas temporales también lleva aparejada la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición relativas a los integrantes del Clan del Golfo que se encuentren ubicados en esas áreas designadas. Esta medida apunta a crear un entorno propicio para la concentración, el desarme y la verificación de la adhesión al acuerdo por parte de los combatientes. El despliegue de la MAPP/OEA garantizará la observación internacional y la transparencia durante todas las fases del proceso.
El medio detalló que las negociaciones en Qatar contaron con la mediación de un grupo conformado por representantes de España, Noruega, Suiza y el país anfitrión. Estos Estados han actuado como países garantes del diálogo, ofreciendo apoyo logístico, diplomático y político para afianzar la confianza entre las partes. La presencia internacional en el proceso ha sido señalada como elemento clave para fortalecer el respaldo y la legitimidad de los compromisos alcanzados, según reportó el medio.
Dentro del acuerdo también se incluyeron compromisos enfocados en la atención humanitaria de los integrantes del Clan del Golfo actualmente privados de libertad en cárceles de Colombia y otros países. El documento firmado por las partes resalta la importancia de evaluar las condiciones de salud de estos reclusos mediante operaciones humanitarias, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos básicos y avanzar hacia el cumplimiento integral del proceso de negociación y desarme.
Tal como consignó el medio, el traslado de los combatientes a las zonas de ubicación designadas se considera una acción progresiva y controlada, sujeta a vigilancia internacional y sujeta a evaluaciones humanitarias sobre las condiciones de reclusión. La estructura de monitoreo a cargo de la MAPP/OEA busca ofrecer garantías de transparencia en cada etapa del cumplimiento de los acuerdos, fortaleciendo la confianza de la sociedad civil en el proceso de paz.
El comunicado de la Presidencia de Colombia, citado por el medio, refuerza el llamado a la sociedad para respaldar estos esfuerzos orientados a la construcción colectiva de la paz, sin importar divisiones ideológicas, posturas políticas ni creencias religiosas. Las delegaciones negociadoras expresaron agradecimientos formales al Gobierno de Qatar y a los países mediadores por su contribución al diálogo y al desarrollo de los compromisos asumidos en el contexto internacional.
En la información publicada se describe que la ampliación del plan de sustitución de cultivos ilícitos ocurre tras los acuerdos pactados con anterioridad en septiembre, cuyo alcance inicial contemplaba solamente cinco localidades en las que el Clan del Golfo tenía especial incidencia. La decisión de extender el programa duplicó el esfuerzo territorial, dando prioridad a la reducción de la base económica del grupo armado y brindando vías alternativas de desarrollo a las poblaciones impactadas por el narcotráfico.
El medio subrayó la relevancia de la selección de los municipios de Chocó y Córdoba para las zonas de ubicación, dado el arraigo histórico del Clan del Golfo en estas áreas. Las ubicaciones fueron elegidas para facilitar un proceso de traslado ordenado, monitoreado de manera internacional, que refuerce el proceso de concentración y desarme de los combatientes, así como su posible tránsito hacia la reintegración social.
La cooperación internacional figura como uno de los pilares clave en esta fase del proceso de paz, remarcó el medio. La presencia activa de la MAPP/OEA y de los países garantes pretende otorgar legitimidad y credibilidad a los compromisos mutuos, estableciendo marcos de vigilancia compartidos que favorezcan tanto el control de los compromisos como el acompañamiento humanitario.
El documento firmado estipula la puesta en marcha de las medidas a partir de marzo, con especial énfasis en la vigilancia sobre el respeto de las condiciones fundamentales de los integrantes del grupo armados retenidos, mientras avanza la negociación con miras a la normalización y el desarme progresivo de la organización.
Estas negociaciones se enmarcan en una estrategia más amplia implementada por el Gobierno colombiano, que busca el desescalamiento de la violencia y la desarticulación de estructuras criminales mediante el diálogo y el avance de mecanismos de reintegración social. El medio reportó que este proceso representa un nuevo episodio en el intento estatal por alcanzar acuerdos con actores armados que operan en varias regiones del país, con la finalidad de reducir la conflictividad y atacar los factores estructurales asociados al narcotráfico.
La articulación entre los organismos internacionales y las delegaciones colombianas establece un esquema de acompañamiento técnico y político, que refuerza el papel de la comunidad internacional en la promoción de la paz en Colombia. Según publicó el medio, este apoyo externo resulta decisivo en la garantía de cumplimiento de los compromisos y en la protección de los derechos de las poblaciones afectadas.
Por último, el medio concluyó que los acuerdos sellados en Doha suponen un avance notable en las relaciones entre el Ejecutivo colombiano y el principal grupo armado ilegal relacionado con el tráfico de drogas, al tiempo que configuran una hoja de ruta para la normalización y el desmantelamiento gradual de las estructuras criminales, bajo la vigilancia y el monitoreo constante de actores internacionales.
