La política del Departamento de Defensa de Estados Unidos, vigente desde octubre, exige que los periodistas que cubran sus actividades firmen un formulario extenso de 21 páginas con condiciones estrictas para su labor, estableciendo censuras en el acceso a fuentes, vigilancia sobre la utilización de materiales informativos y contemplando sanciones como la revocación de acreditaciones si los reporteros llegan a solicitar información considerada sensible. Esta normativa, según detalló ‘The New York Times’, forma el centro de una demanda presentada por el periódico contra el Pentágono, la cual argumenta que tales medidas vulneran el derecho a la libertad de prensa recogido en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El medio estadounidense denunció que la política del Pentágono representa el tipo de limitación que en el pasado la Corte Suprema y un tribunal de apelaciones federal identificaron como contraria a las garantías constitucionales. De acuerdo con el contenido de la demanda, al implementar estos requisitos, el Departamento de Defensa “cierra sus puertas” a la prensa y niega a la sociedad la oportunidad de investigar y conocer las acciones de uno de los organismos más influyentes del Gobierno estadounidense. The New York Times explicó en su presentación legal que el objetivo es lograr la anulación de las restricciones y que se detenga su aplicación.
Otras organizaciones de medios, entre ellas las emisoras NBC, ABC, CNN y Fox News, también han rechazado adherirse a los nuevos requisitos, reportó The New York Times. Desde la entrada en vigor de estas disposiciones, varios corresponsales han sido informados de la retención o retirada de sus espacios de trabajo en el edificio del Departamento de Defensa. Según ha consignado The New York Times, algunos de estos lugares han pasado a manos de medios identificados con posturas conservadoras.
El Departamento de Defensa, por su parte, defendió el establecimiento de la política argumentando que el propósito principal de las restricciones busca evitar filtraciones que, en opinión de sus responsables, podrían afectar la seguridad nacional y el cumplimiento de las misiones militares, según publicó The New York Times. Las autoridades aseveraron que el control más riguroso pretende salvaguardar información que, de divulgarse, conllevaría “graves consecuencias”.
La controversia en torno a la libertad de prensa en el Pentágono se acentuó tras la llegada de Pete Hegseth al cargo de secretario de Defensa en enero, luego de un proceso complejo de confirmación en el Senado. Hegseth, que contaba con experiencia como colaborador en Fox News antes de ser designado por Donald Trump, enfrentó cuestionamientos sobre comportamientos previos relacionados con consumo de alcohol y una acusación de agresión sexual, los cuales negó, según relató The New York Times. Tras asumir el puesto, Hegseth intentó el cese de un veterano reportero de NBC que cubrió su proceso de nombramiento, hecho que, de acuerdo con la demanda, demuestra un ambiente de hostilidad hacia los medios.
La demanda del diario estadounidense sostiene que las nuevas políticas del Pentágono afectan no solo el acceso de los corresponsales a la información, sino también el derecho fundamental de la sociedad estadounidense a estar informada sobre cuestiones de interés público. The New York Times solicitó a la corte que ordene el cese de la aplicación de estas medidas, insistiendo en que el impedimento al libre ejercicio periodístico contradice precedentes judiciales y representa un peligroso retroceso respecto a la transparencia gubernamental.
En el contexto legal, la Primera Enmienda establece límites claros a cualquier norma que afecte la libertad de prensa, y la jurisprudencia previa ha marcado que la administración pública carece de atribuciones para imponer reglas que acoten de forma arbitraria la labor periodística, según consignó el propio medio en su demanda. La actual confrontación judicial podría sentar precedentes para otros órganos del Estado y medios de comunicación en el país.
A partir de la entrada en vigor de la política, periodistas de diversos medios han informado dificultades para acceder a fuentes, según recopiló The New York Times. Al reconfigurar el acceso en la sala de prensa y trasladar privilegios a medios con alineamientos políticos diferentes, el Departamento de Defensa ha sido acusado de discriminar con base en el enfoque editorial o el historial de cobertura.
Diversas asociaciones en defensa de la libertad de prensa han expresado su preocupación ante posibles consecuencias de la restricción, alertando sobre la posible consolidación de medidas similares en otros entes gubernamentales. The New York Times añadió en su demanda que estas restricciones socavan la función esencial del periodismo y limitan la supervisión democrática a través del escrutinio público.
La política del Pentágono incluye procedimientos para retirar de manera indefinida las credenciales de prensa a reporteros que, bajo criterio del Departamento, sobrepasen los límites establecidos en la nueva normativa. Esta disposición ha incrementado el temor en redacciones y organizaciones de periodistas sobre la posibilidad de represalias y restricciones severas al trabajo informativo.
La demanda busca evitar la consolidación de prácticas que el periódico considera “inconstitucionales”, y plantea que la imposición de formularios extensos, sumada a la amenaza de sanciones, configura un clima de autocensura entre quienes cubren temas de seguridad y defensa. El litigio, de acuerdo con The New York Times, tiene por objetivo reafirmar la protección de la labor periodística estipulada en la Constitución y preservar el acceso a información relevante para el público estadounidense.
