El aumento de casos de menores nacidos en Kenia, hijos de madres kenianas y militares británicos que no han sido reconocidos legalmente, llevó al Parlamento keniano a debatir la obligatoriedad de las pruebas de ADN para establecer la paternidad y garantizar respaldo económico y psicológico a las familias afectadas. Según informó Europa Press, esta medida forma parte de un paquete de reformas que discute el Legislativo del país africano, que busca responder a denuncias reiteradas de delitos graves que involucran a tropas extranjeras.
De acuerdo con Europa Press, el Parlamento de Kenia puso en el centro de la agenda la revisión de los acuerdos bilaterales entre Kenia y el Reino Unido tras una serie de denuncias sobre asesinatos, abusos sexuales y daños ambientales vinculados a la presencia de efectivos británicos. Esta legislatura apunta especialmente a los privilegios de inmunidad legal de los que han gozado históricamente los integrantes de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (BATUK), fenómeno que ha generado preocupación por la imposibilidad de llevar a juicio a militares extranjeros señalados por crímenes cometidos en territorio keniano.
El informe presentado por el Comité Departamental de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores del Parlamento detalla que la inmunidad diplomática constituye la principal barrera para judicializar a soldados involucrados en delitos. Europa Press destaca el caso de Agnes Wanjiru, una mujer keniana asesinada en 2012, cuya investigación motivó la solicitud formal de extradición del militar británico Robert James Purkiss. Este expediente, junto a otros, activó el debate para modificar leyes que han permitido la impunidad.
La reforma en discusión contempla la eliminación de privilegios legales a militares extranjeros y el fortalecimiento de la responsabilidad penal ante la justicia local. Los legisladores proponen actualizar los marcos normativos para facilitar procesos de investigación más eficaces, mejorar la protección de las víctimas e incorporar mecanismos para la reparación por daños tanto personales como medioambientales. Europa Press puntualiza que la normativa en estudio prevé la creación de una división especializada dentro de la Policía Nacional de Kenia, responsable de recoger y analizar pruebas relacionadas con delitos cometidos por personal foráneo, y cuyo objetivo radica en institucionalizar la cooperación judicial.
La coordinación entre las autoridades judiciales kenianas y británicas constituye un segundo eje: la Fiscalía General de Kenia tendría un papel clave en tramitar solicitudes de extradición y gestionar el intercambio de información con las agencias equivalentes del Reino Unido. Según el informe recogido por Europa Press, uno de los obstáculos señalados consiste en las dificultades para acceder a datos relevantes y la actitud evasiva de representantes de BATUK, expresada en la ausencia de comparecencia ante el Parlamento o en el envío de documentos sin firmas oficiales a través de canales diplomáticos.
La protección de la infancia es otro aspecto destacado del proyecto legislativo. El creciente número de menores nacidos de madres kenianas y militares británicos, pero sin reconocimiento legal ni apoyo material, contribuyó al diseño de medidas como las pruebas obligatorias de ADN. Europa Press precisa que estas disposiciones buscan garantizar la manutención económica y el respaldo psicosocial para hijos y madres, y combaten el abandono y la falta de reconocimiento legal, que el Parlamento keniano considera problemáticas prioritarias.
El historial de denuncias contra fuerzas británicas incluye impactos medioambientales negativos. Según consignó Europa Press, las investigaciones han detectado el manejo inadecuado de residuos tóxicos y peligrosos en las proximidades de campos de entrenamiento de BATUK, lo que supone riesgos para la salud de las comunidades locales y para los ecosistemas de la zona. Las autoridades parlamentarias subrayan que el control estatal y la supervisión de los recursos naturales resultaron insuficientes para evitar episodios de contaminación y degradación ambiental.
Dentro de su agenda de reforma, el Parlamento delimita un plazo máximo de tres meses para resolver los ajustes legales y diplomáticos requeridos. El documento legislativo recoge la expectativa de que el nuevo marco jurídico amplíe la transparencia en la gestión de los casos y facilite el acceso de víctimas y damnificados a procesos de reparación. Los legisladores identifican que la renegociación de tratados internacionales y la aceleración de trámites administrativos presentan retos, pero insisten en la necesidad de avanzar para reducir la impunidad vinculada al despliegue de fuerzas armadas extranjeras.
Por su parte, el Gobierno del Reino Unido, a través de su Alta Comisión en Kenia, manifestó disposición para investigar las denuncias dirigidas a sus tropas, condicionando el inicio de procedimientos judiciales a la existencia de pruebas sólidas. Según publicó Europa Press, las autoridades británicas remitieron documentación al comité parlamentario keniano y expresaron desacuerdo ante la exclusión de ciertos datos en el informe final, sosteniendo su interés en mantener la cooperación en materia de defensa bilateral.
La presencia militar del Reino Unido en territorio keniano, consolidada desde hace varias décadas, impulsa la reconsideración de las bases legales y diplomáticas que han regulado la actividad de BATUK. Los objetivos señalados en los proyectos legislativos incluyen el endurecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, la consolidación de sistemas efectivos de asistencia y reparación a comunidades impactadas, y el establecimiento de una política pública para prevenir futuros incidentes.
Europa Press subraya que la reforma responde a presiones persistentes de víctimas, agrupaciones comunitarias y organizaciones sociales, que exigen justicia ante los abusos atribuidos a las fuerzas militares extranjeras. El Parlamento prosigue la discusión sobre el alcance de la inmunidad diplomática, la arquitectura de la cooperación judicial y la necesidad de ampliar las capacidades estatales para la supervisión ambiental y la protección de derechos humanos en contextos de presencia militar foránea.
Las iniciativas de reforma comprenden ajustes tanto en la evaluación de la responsabilidad penal de militares británicos, como en la prevención y atención de casos, defensa de las víctimas y diseño de políticas de mayor transparencia. Europa Press recalca que estas decisiones se insertan en una revisión más extensa de las relaciones bilaterales, orientada a transformar las normas que han permitido períodos de impunidad y a fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia nacional.
