El Gobierno peruano, través de su ministro de Exteriores, Hugo de Zela, solicitó un debate en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar posibles modificaciones al régimen de asilo diplomático, requiriendo que las solicitudes incluyan información aportada por el país de origen respecto a antecedentes judiciales de los solicitantes. Este planteamiento se enmarca en la situación de Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima tras ser condenada por el Tribunal Supremo peruano a once años, cinco meses y quince días de prisión por conspiración para rebelión. La propuesta peruana persigue que los Estados miembros consideren datos relativos a condenas o acusaciones graves antes de conceder protección diplomática, según informó la agencia de noticias.
El debate, que contó con la intervención directa de representantes de ambos países, refleja el enfrentamiento diplomático entre Perú y México relacionado con la interpretación y la aplicación del derecho de asilo. De acuerdo con la información recogida por la agencia, De Zela argumentó durante la sesión en la OEA que la iniciativa es coherente con los estándares internacionales marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su intervención, sostuvo que el asilo no debe extenderse a personas que afrontan condenas firmes o elementos probatorios contundentes en casos considerados graves por instrumentos internacionales, como los delitos de corrupción y terrorismo. El ministro añadió que el otorgamiento de asilo en tales circunstancias puede comprometer el acceso a la justicia y enfatizó que el derecho internacional no debe utilizarse para generar contextos de impunidad.
La embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños, defendió la posición de su país, oponiéndose a cualquier reforma de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Según consignó la agencia, Baños afirmó en su toma de palabra que modificar la Convención podría debilitar el instrumento del asilo, el cual México considera esencial para ofrecer protección a personas perseguidas por razones políticas. En un comunicado del Ministerio de Exteriores de México referido por el mismo medio, se destacó que “nuestro país instó al cumplimiento irrestricto del derecho internacional vigente, e hizo un llamado a la membresía de la OEA a reafirmar su compromiso con la protección de los derechos humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático con la protección internacional que éste confiere a personas perseguidas por delitos que no son del fuero común”.
En medio de este intercambio, el Gobierno peruano insiste en que la ausencia de verificación de antecedentes judiciales, y la omisión de información relevante del Estado de origen, pueden dificultar la labor de la justicia cuando los solicitantes enfrentan condenas o cargos graves. Tal como publicó la agencia, el ministro De Zela propuso formalmente que la OEA examine las condiciones y procedimientos para conceder asilo, priorizando la consulta de información proveniente de los sistemas judiciales del país de origen para cada solicitante.
El caso de Betssy Chávez ha profundizado las tensiones entre las dos naciones. Tras la condena impuesta, el Tribunal Supremo de Perú determinó prisión preventiva por cinco meses para Chávez y emitió órdenes de búsqueda y captura a nivel nacional e internacional, mientras la ex primera ministra permanece resguardada en la sede diplomática mexicana. Las condenas contra Chávez y el expresidente Pedro Castillo —quien recibió la misma pena y sigue encarcelado desde diciembre de 2022 tras el intento fallido de alterar el orden constitucional— ilustran el componente político y judicial en el uso del asilo en América Latina, según la cobertura de la agencia.
Las discusiones en la OEA se concentran en el equilibrio entre la protección de los perseguidos políticos y la salvaguarda del acceso a la justicia en situaciones donde existen sanciones judiciales en firme. México sostiene la necesidad de garantizar la inviolabilidad de sus misiones diplomáticas, al igual que el respeto integral a la figura del asilo, y argumenta para que la protección internacional no se vea condicionada por procesos de revisión que, bajo su interpretación, podrían lesionar los derechos humanos de los perseguidos por causas distintas a delitos comunes.
El trasfondo del debate recoge los lineamientos de la Convención de 1954 sobre asilo diplomático, un instrumento regional que marca los procedimientos para la protección en sedes diplomáticas, considerado esencial por México para quienes alegan persecución política. Según reportó la agencia, el Gobierno peruano pretende que ese marco se someta a revisión, para integrar garantías adicionales que permitan filtrar casos donde existan condenas firmes o procesos judiciales avanzados, evitando que el asilo sirva de refugio ante crímenes reconocidos por instrumentos internacionales.
Este contexto incrementó el cruce de posturas entre las delegaciones ante la OEA, con representantes que ponen el acento tanto en la defensa de la jurisdicción nacional para procesar delitos graves como en la obligación internacional de proteger los derechos fundamentales de quienes solicitan asilo. La agencia de noticias recogió que el análisis permanece abierto, dado que la situación de Chávez coincide con otros casos de alta repercusión política y judicial, subrayando la complejidad jurídica organizacional donde cada decisión sobre asilo implica efectos inmediatos en la relación entre el sistema judicial nacional y los mecanismos de salvaguarda internacional.
La controversia en la OEA continúa a medida que los Estados miembros evalúan los criterios para el otorgamiento de asilo diplomático, debatiendo la necesidad de mecanismos que eviten la generación de inmunidad ante delitos graves y la prevalencia de los derechos humanos en la protección que ofrecen sus misiones ante situaciones de persecución política.
