Al completarse la revisión médica y psicológica a los liberados, la Defensoría del Pueblo enfatizó la urgencia de crear condiciones adecuadas para su recuperación integral y la importancia de restablecer el tejido familiar tras la experiencia del secuestro. Estas acciones, según informó el organismo estatal, forman parte de un procedimiento planificado luego de la operación humanitaria en la región del Catatumbo, situada en el norte de Colombia, donde el pasado miércoles 28 personas recuperaron la libertad. Dentro del grupo liberado se identificaron a 11 mujeres, cinco de ellas menores de edad, quienes permanecieron retenidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tal como publicó la Defensoría del Pueblo.
El operativo de liberación, según consignó la Defensoría, sostuvo un dispositivo humanitario integrado por representantes del organismo, la Iglesia Católica y la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, en colaboración con autoridades gubernamentales y entidades que ejercen labores humanitarias. Los familiares de los secuestrados se mantuvieron presentes desde las etapas iniciales del proceso, acompañando el regreso de las víctimas y aportando apoyo emocional inmediato al reencuentro. El medio estatal indicó que la operación buscó garantizar tanto la seguridad física como el acompañamiento psicológico en el corto plazo, extendiéndose a un seguimiento individualizado para cada persona liberada.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el esquema implementado contempló protocolos de restitución de derechos y entrega de información a las familias, como parte de un marco estatal diseñado para la protección de poblaciones expuestas a violencia en contextos de conflicto armado. Esta labor interinstitucional se conectó con políticas públicas orientadas a mitigar el impacto de la violencia, incrementar la protección de los habitantes locales y limitar el uso del secuestro como arma de presión y extorsión en la región de Catatumbo, donde la presencia de grupos armados ilegales tiene una larga historia.
El organismo también señaló que el enfoque humanitario de este tipo de operaciones excede la simple liberación de víctimas y la asistencia sanitaria inmediata. Según detalló la Defensoría, uno de los objetivos centrales es habilitar escenarios de diálogo y propiciar contextos que favorezcan la negociación y la reconciliación entre las partes involucradas en el conflicto armado persistente en zonas como Catatumbo. El comunicado institucional hizo hincapié en que "estas acciones humanitarias buscan más allá de la asistencia directa a las víctimas, actuando también como mecanismos para fomentar escenarios de diálogo y para habilitar caminos hacia la solución negociada del conflicto armado persistente en la región".
La entidad subrayó la importancia de la articulación entre autoridades civiles, instituciones religiosas y organismos internacionales en la protección de la vida y dignidad de los liberados y de sus núcleos familiares. Para la Defensoría, este trabajo conjunto fue esencial a la hora de preservar la integridad física y emocional de quienes fueron liberados y garantizar un entorno seguro tras la privación de libertad. Según reportó el medio estatal, la atención a las víctimas se extendió mediante dispositivos de salud física y mental, junto con programas de orientación y apoyo para la reintegración cotidiana.
El contexto de este secuestro responde, según la información ofrecida por la Defensoría del Pueblo, a las dinámicas conflictivas que sostienen diferentes grupos armados en Catatumbo desde hace décadas. En esta región, la retención de civiles continúa utilizándose como método de presión contra las comunidades locales. El organismo destacó que la política de seguimiento estipula no solo reforzar los sistemas de atención territorial a víctimas, sino también establecer mecanismos de prevención con el propósito de disminuir escenarios propicios para nuevas vulneraciones de derechos y reducir la violencia regional.
La directora de la Defensoría del Pueblo, Iris Martín, difundió un mensaje institucional a través de las redes oficiales: “La guerra está mal. La vida y la libertad están bien”. Esta frase, transmitida por el propio organismo, remarcó la posición del Estado colombiano frente a la protección de los derechos fundamentales y la disposición de impulsar procesos orientados a futuras liberaciones. El mismo mensaje incluyó una solicitud pública dirigida a los grupos armados para que cese la práctica del secuestro, calificada como contraria a la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.
En línea con estas declaraciones, la Defensoría insistió en la necesidad de garantizar el acceso expedito a servicios médicos y psicológicos tras el cautiverio, además de fortalecer la protección integral y colaborar estrechamente con las familias durante la adaptación al retorno. El medio estatal detalló que estas prioridades buscan reducir la vulnerabilidad de la población afectada y preparar el territorio para la ejecución de futuras intervenciones humanitarias. Según reiteró el organismo, la continuidad en la acción humanitaria representa una responsabilidad urgente y debe considerarse prioritaria para todos los actores implicados en el Catatumbo.
A lo largo de los días siguientes a la liberación, la Defensoría del Pueblo puso en marcha un esquema de seguimiento que contempla tanto el monitoreo del estado de salud de los liberados como la entrega de asistencia a largo plazo en coordinación con los sistemas municipales y departamentales. Estos procedimientos, de acuerdo con la información difundida por el propio organismo, responden a los compromisos internacionales de Colombia y se enmarcan en caminos que faciliten la reconciliación social y el respeto por los derechos humanos en el país.
