El acuerdo alcanzado por la Unión Europea permitirá a los viticultores contar con un plazo adicional de un año para plantar o replantar viñedos dañados por desastres naturales o brotes de enfermedades, una medida que busca otorgar estabilidad y protección ante situaciones imprevistas que afectan directamente a la producción de vino. A partir de esta flexibilización, la UE ha establecido también varias normativas que impactan tanto en la producción como en la comercialización de los vinos europeos. Según informó el medio que cubrió estas negociaciones, el bloque ha decidido aumentar el apoyo financiero y ofrecer nuevas flexibilidades para favorecer la competitividad del sector vitivinícola.
El conjunto de acciones pactadas facilitará además una mayor flexibilidad en el etiquetado de vinos con bajo contenido alcohólico. El medio consignó que a partir del acuerdo, la denominación "sin alcohol" y la expresión "0,0%" podrán figurar en las etiquetas únicamente en aquellos productos cuya graduación no supere el 0,05% en volumen. Para los vinos considerados de bajo contenido alcohólico —es decir, los que se ubiquen por encima del 0,5% en volumen y, a su vez, presenten al menos un 30% menos de graduación comparado a la categoría tradicional de vino—, el etiquetado deberá indicar que se trata de un producto con "alcohol reducido". Con este cambio normativo, la UE busca facilitar la comprensión y transparencia para los consumidores, diferenciando claramente entre las distintas ofertas del mercado.
El paquete provisional negociado también contempla incrementos en el apoyo financiero a los productores, según detalló la fuente mencionada. En particular, el límite nacional de pagos con fondos europeos para destilación de crisis y vendimia en verde se fijará en el 25% de los fondos disponibles, superando la propuesta original de la Comisión Europea que contemplaba un tope máximo del 20%. Esta modificación responde a la necesidad de dotar a los productores de herramientas adicionales para gestionar situaciones de sobreoferta y variabilidad de mercado, permitiendo recurrir a estas medidas de manera más amplia durante momentos de especial dificultad.
La exportación y la promoción internacional figuran entre los pilares centrales del acuerdo, reportó el medio que sigue la evolución de estas políticas europeas. Las organizaciones de productores dedicadas a la gestión de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) podrán acceder a recursos específicos, destinados tanto a fortalecer el enoturismo como a financiar campañas para la promoción de vinos europeos fuera del bloque. Según la información aportada, la financiación europea cubrirá hasta el 60% de las campañas organizadas en terceros países, mientras que los Estados miembros pueden añadir un aporte extra: hasta el 30% para pequeñas y medianas empresas, y hasta el 20% para compañías de mayor tamaño. Esta combinación de aportes públicos pretende cubrir casi en su totalidad los gastos asociados a publicidad, organización de eventos, ferias y elaboración de estudios de mercado, con planes de financiación que pueden alcanzar los 3 años por ciclo, renovables hasta un límite total de 9 años.
El citado acuerdo provisional también introduce medidas para la regulación de la oferta conforme a las necesidades del mercado. De acuerdo con lo publicado por el medio, se contempla la opción de financiar el arranque de viñas con recursos comunitarios, lo que facilitará una mejor adaptación entre producción y demanda, y equipara las oportunidades entre viticultores de distintos Estados miembros.
Desde el Partido Popular europeo, la eurodiputada Esther Herranz, quien participó como ponente en la elaboración de las normas, valoró el pacto alcanzado como especialmente significativo para el sector. Según citó el medio informativo, Herranz destacó que el acuerdo dota al sector de instrumentos aptos para responder ante la crisis actual y, a la vez, fortalece la competitividad internacional de los vinos europeos. Además, resaltó que las medidas aprobadas están diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades entre los distintos países integrantes del bloque.
El proceso acordado aún requiere la aprobación tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de la Unión Europea antes de que las nuevas reglas entren en vigencia de manera oficial. Según la información recabada, las medidas buscan responder al contexto de crisis que atraviesa el sector del vino en Europa, ampliando recursos, flexibilizando regulaciones y mejorando las condiciones para acceder a los mercados internacionales. Durante los próximos meses, los actores involucrados seguirán los trámites necesarios en las instituciones europeas con la perspectiva de que las nuevas normativas empiecen a aplicarse una vez completados estos procedimientos.
