El gobierno chileno presentó una protesta diplomática tras las declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd acerca de su preferencia por colaborar con gobiernos con afinidad ideológica, acción que desencadenó inquietud y obligó a una gestión reservada del incidente entre ambos países. El encuentro tuvo lugar entre Judd y la candidata presidencial Jeannette Jara, en un clima de prudencia ante la proximidad de los comicios presidenciales y con el objetivo de preservar la neutralidad del proceso electoral. Según describió el medio que originó la noticia, el foco principal de la reunión fue reafirmar el compromiso de Chile y Estados Unidos con el diálogo y la cooperación bilateral, en un escenario donde la transparencia del proceso democrático chileno se encontraba bajo escrutinio.
De acuerdo con la publicación citada, la controversia comenzó cuando Brandon Judd manifestó públicamente que consideraba “más sencillo establecer relaciones con administraciones extranjeras que comparten su enfoque ideológico”. La frase fue interpretada como un posible respaldo a la candidatura de Jeannette Jara y generó múltiples respuestas entre líderes políticos y sociales chilenos, quienes señalaron el riesgo de que cualquier manifestación externa influya en la percepción de imparcialidad durante la fase decisiva de la contienda presidencial, en la que Jara enfrenta a José Antonio Kast.
El medio detalló que tanto funcionarios de Estados Unidos como autoridades chilenas optaron por conducir el diálogo exclusivamente a través de canales institucionales. Washington evitó producir declaraciones públicas adicionales con el fin de que la controversia no escalara o pusiera en cuestión los diversos ámbitos de cooperación conjunta, especialmente en materias de comercio, seguridad e innovación. Según consignó la fuente, la Casa Blanca y otras instancias de la administración estadounidense se abstuvieron de entregar comentarios a la prensa sobre el caso, centrando el tratamiento de la situación en la vía reservada.
La diplomacia chilena, liderada por el Ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren, calificó públicamente las afirmaciones del embajador como “inapropiadas y desafortunadas” y reiteró que la definición del rumbo político chileno corresponde sólo a la ciudadanía y sus instituciones. El Ejecutivo, según reportó la fuente, subrayó la prioridad de proteger la integridad del proceso electoral frente a cualquier intromisión y reafirmó el principio de no intervención en los asuntos internos del país como pilar central de la democracia.
Representantes de diferentes sectores sociales y políticos sumaron sus voces de preocupación, advirtiendo sobre la influencia potencial de cualquier declaración foránea en el contexto de la disputa entre las dos principales candidaturas. Los discursos coincidieron en la importancia de resguardar la autonomía política chilena en un periodo considerado crucial.
El procedimiento diplomático que siguió al reclamo formal avanzó según los protocolos habituales, y permitió transmitir la inquietud oficial a las autoridades estadounidenses sin afectar la marcha de los proyectos bilaterales vigentes. Según informó el medio responsable de la noticia, el propósito fue evitar un enfrentamiento público que impactara la agenda común o provocara una suspensión de actividades conjuntas. Durante el tiempo en que se produjo el intercambio, las relaciones entre ambos gobiernos mantuvieron un carácter reservado y sin interferencias en la colaboración establecida.
La reunión entre Judd y Jara se llevó a cabo en este marco institucional, sin difusión pública ni declaraciones de la candidata sobre si en el diálogo se abordó la polémica referida. Según detalló la fuente, la conversación entre ambos puso el acento en dar continuidad a los proyectos de cooperación bilateral, con énfasis en el desarrollo tecnológico y comercial, dejando de lado referencias explícitas al incidente diplomático.
La reacción que generó el episodio se instala en una larga serie de episodios históricos relacionados con la injerencia o percepción de injerencia extranjera en la política chilena. El medio recordó antecedentes durante la administración de Donald Trump, cuando emergieron desacuerdos con el entonces gobierno chileno, especialmente en temas medioambientales, y en ese periodo figuras relevantes del escenario local, como el hoy presidente Gabriel Boric, expresaron sus diferencias tanto en el plano nacional como internacional.
A partir de este contexto, la atención pública y mediática volvió a enfocarse en el respeto a la autonomía institucional chilena y la necesidad de garantizar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de absoluta transparencia, sin presiones externas. Tanto el ejecutivo como los observadores ciudadanos examinaron la conducta de actores extranjeros y cualquier gesto susceptible de ser interpretado como una señal de apoyo o presión hacia alguna de las candidaturas.
Según la información recogida por la fuente, la administración estadounidense optó por no emitir nuevos pronunciamientos sobre el caso y limitó la gestión del incidente a los cauces diplomáticos tradicionales. Esta decisión buscó preservar las áreas prioritarias de la cooperación bilateral sin afectar la estabilidad de los mecanismos existentes. La estrategia adoptada por ambos países respondió tanto al interés de evitar nuevas tensiones como al clima de sensibilidad generado por el calendario electoral, donde la percepción de imparcialidad aparece como un requisito central para la legitimidad del proceso democrático chileno.
