El Órgano contra el Acoso, dependiente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, actualmente examina un caso con “plena autonomía y con la obligada privacidad”, como especificó el PSOE de Málaga en un comunicado recogido por la prensa local. El proceso interno sigue los cauces previstos por la organización tras confirmarse que la Fiscalía de Málaga ha abierto un expediente por una denuncia presentada contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por presunto acoso sexual. Según informaron medios locales, la investigación se tramita bajo la especialidad de violencia sobre la mujer y se encuentra en fase de revisión de hechos y documentos aportados.
De acuerdo con el medio citado, la denuncia la interpuso una militante del propio partido, quien acusa al dirigente socialista de haberle enviado mensajes con contenido sexual, junto a insinuaciones y propuestas no consentidas. Según publicó la prensa malagueña, la afectada describe la situación como “intimidatoria, degradante y humillante”. La decisión de formular una denuncia formal se tomó después de que la mujer valorase la gravedad de los hechos y el ambiente poco seguro que, según su testimonio, se habría instaurado en la agrupación local de Torremolinos.
Tal como confirmó el PSOE de Málaga, tras conocerse la existencia del caso en la Fiscalía de Violencia de Género, la Ejecutiva provincial trasladó el expediente a la Comisión Ejecutiva Federal. El objetivo era determinar si los nuevos documentos aportados debían incorporarse a la investigación interna y si correspondía promover la apertura de medidas disciplinarias adicionales a las indagaciones judiciales. El comunicado del partido detalla que esta decisión responde a los procedimientos previstos en los Estatutos y en el Reglamento interno de la agrupación socialista.
Según ha informado la prensa malagueña, el órgano encargado de abordar el caso en el ámbito partidario actúa de forma autónoma, siguiendo estrictos protocolos de protección y confidencialidad para las partes implicadas. En tanto el proceso continúa, el partido ha señalado que, en el supuesto de que la Fiscalía decida abrir una investigación formal en sede judicial, se solicitará la suspensión cautelar de militancia al secretario general de Torremolinos. Esta medida preventiva permitiría a la Comisión Ejecutiva Federal apartar temporalmente al dirigente imputado mientras avance el procedimiento y se clarifiquen las responsabilidades, según reportó el medio local.
La ejecutiva socialista de Málaga ha subrayado públicamente el compromiso de la organización con la igualdad y la prevención de cualquier forma de acoso contra mujeres, manifestando su rechazo a este tipo de conductas y su disposición para actuar con arreglo a los procedimientos internos y legales. Este posicionamiento se alinea con la política institucional del PSOE dirigida a prevenir, atender y, si procede, sancionar casos de violencia o acoso por razón de género dentro del partido.
La militante denunciante, según difundió la prensa, habría alegado un ambiente deteriorado y carente de garantías dentro de la agrupación local como consecuencia del comportamiento atribuido a Antonio Navarro. Este contexto formó parte de los motivos que la llevaron a oficializar la denuncia ante las autoridades pertinentes.
El expediente actualmente revisa tanto las pruebas adjuntadas por la denunciante como cualquier otra documentación de relevancia, tanto en la vía interna del partido como en la Fiscalía de Málaga. Los órganos responsables estudian la documentación con vistas a definir nuevos pasos administrativos, disciplinarios o judiciales en función de los avances en la investigación.
El comunicado del PSOE de Málaga remarca que el principio de privacidad guiará el desarrollo del caso. La protección de las personas afectadas se considera prioritaria, en cumplimiento de las normas internas de confidencialidad y protección previstas para situaciones de esta naturaleza.
Mientras la agrupación socialista de Torremolinos sigue el desarrollo del proceso, los órganos competentes del partido y la autoridad judicial evalúan la responsabilidad del dirigente denunciado y la pertinencia de posibles sanciones políticas, administrativas o penales. Si la Fiscalía decide instruir diligencias, el caso podría derivar en un procedimiento judicial con repercusiones institucionales para la agrupación en Torremolinos y para el propio Antonio Navarro.
