La estrategia de ataque marítimo adoptada por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico carece de mecanismos para auditar o identificar a quienes resultan muertos como consecuencia de las operaciones. De acuerdo con el medio que dio a conocer estos hechos, el Pentágono y la Casa Blanca sostienen el hermetismo respecto a los operativos, negando detalles sobre la identidad, nacionalidad, género, edad o condición judicial de las víctimas, lo cual imposibilita precisar si entre los fallecidos se encuentran personas ajenas al delito, civiles o menores.
Según reportó el medio original, la política de seguridad marítima vigente se originó bajo la administración de Donald Trump y se mantiene en la actualidad. Esta permite que los altos mandos militares actúen sin necesidad de verificación previa de las sospechas ni de consulta a organismos externos. La decisión final sobre atacar recae en el comandante naval o aéreo responsable, quien evalúa únicamente señales visuales distantes, como movimientos considerados sospechosos, la presencia de humo o posibles explosiones. No existen protocolos obligatorios para probar con documentación que las embarcaciones atacadas efectivamente participan en tráfico ilícito, ni para justificar la relación entre ocupantes y redes de narcotráfico.
En una reunión del gabinete enfocada en políticas antidroga, Donald Trump manifestó: “Cualquiera que produzca o venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataque”. Según consignó el medio, esta declaración evidenció el respaldo político que sustenta la autonomía militar y la rapidez en la respuesta frente a embarcaciones consideradas una amenaza. El diseño y la ejecución de los ataques excluyen de manera deliberada la consulta a instancias civiles, auditorías independientes y cualquier mecanismo de control externo, antes o después de la acción militar.
Funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca, citados por el medio, esgrimen que la urgencia ante la amenaza de las redes de narcotráfico justifica dejar de lado la documentación y privilegiar la inmediatez de los ataques. Hasta ahora, la información pública solo cubre la cantidad de embarcaciones destruidas y la magnitud del cargamento incautado, sin ninguna precisión sobre la naturaleza de las víctimas. Las autoridades estadounidenses han negado solicitudes para divulgar datos sobre la nacionalidad, género o status legal de los fallecidos, tampoco han aclarado si los operativos han cobrado víctimas ajenas a actividades criminales.
Según los datos recabados por el medio, la ofensiva militar ha causado por lo menos ochenta muertes como resultado de veintiún ataques distintos. No obstante, permanece la opacidad sobre quiénes han sido las víctimas y si existieron daños a personas no involucradas en delitos. Todos los procesos relativos a estas operaciones se mantienen en estado confidencial, sin permitir el escrutinio público ni la observación internacional.
Los lineamientos operativos resaltados por la investigación indican que los comandantes al mando disponen de la máxima autonomía. La evaluación y el ataque se efectúan sin comprobar la relación de la embarcación con redes delictivas y sin recabar mayores pruebas. Los procedimientos no contemplan el registro posterior de víctimas, daños colaterales o posibles errores. De acuerdo con la información publicada, la cadena de responsabilidad se concentra exclusivamente en los comandantes operativos, que poseen el único criterio sobre la peligrosidad del objetivo.
La negativa a crear organismos de control o modificar los parámetros de actuación se ha mantenido desde el inicio de la estrategia. Las agencias estadounidenses no han promovido el debate legislativo, social ni técnico para revisar los protocolos, la compatibilidad con normas internacionales o la posibilidad de incluir mecanismos de supervisión independiente. El diseño estructural de la operación impide conocer el impacto humano de la fuerza letal y dificulta la identificación de posibles errores o daños a terceros no vinculados al narcotráfico.
Según el medio de comunicación que detalló estas prácticas, los estándares operativos actuales insisten en mantener la confidencialidad administrativa y el blindaje institucional, bloqueando cualquier acceso a la información sobre consecuencias, víctimas o la naturaleza de los ataques. Esta política refuerza la autonomía decisoria local, bajo el argumento de que los cambios constantes en la dinámica delictiva de las redes criminales exigen respuestas igual de ágiles y descentralizadas. Representantes federales estadounidenses citados por el medio han reiterado que requerir documentación extra o cualquier consulta previa podría representar un factor de demora, facilitando la evasión por parte de los involucrados en el tráfico.
La inteligencia disponible en muchas ocasiones resulta incompleta o parcial, dada la dificultad de anticipar rutas y estrategias empleadas por las organizaciones delictivas. A pesar de esa incertidumbre, la administración estadounidense mantiene el esquema de discrecionalidad militar sobre la base de la urgencia operativa. Ni el Pentágono ni la Casa Blanca han autorizado la publicación de información adicional sobre los ataques, tampoco contemplan someter la estrategia a instancias de rendición de cuentas ni revisiones legales o humanitarias independientes.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que “los bombardeos apenas han comenzado”, en declaraciones reproducidas por el medio, lo que refuerza la intención declarada del Pentágono de sostener y posiblemente intensificar la ofensiva militar contra estas embarcaciones. La postura oficial continúa sosteniéndose en la combinación entre discrecionalidad operativa, confidencialidad y rechazo a la introducción de auditorías, controles externos o revisión pública de las actuaciones. Según detalló la investigación, el impacto humano y social de las operaciones permanece fuera del alcance de la sociedad civil.
