Las áreas del Fondo Norte del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán permanecerán clausuradas durante tres encuentros oficiales tras confirmarse por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que los objetos lanzados desde ese sector resultaron determinantes para la sanción impuesta. Según detalló Europa Press, la federación solicitó al Sevilla FC la identificación precisa de las zonas desde donde partieron los lanzamientos, requisito que se consideró fundamental para delimitar los accesos que serán restringidos.
De acuerdo con Europa Press, la sanción responde a los incidentes ocurridos en los minutos finales del derbi ante el Real Betis, cuando se detectaron lanzamientos de diversos objetos —entre ellos mecheros y botellas— desde las gradas en dirección al campo. Uno de estos objetos impactó en las proximidades del portero del Betis, Álvaro Valles, generando el riesgo que motivó la interrupción temporal del partido. El árbitro José Luis Munuera Montero tomó la decisión de suspender el encuentro en el minuto 88, extendiéndose la detención por más de un cuarto de hora, hasta garantizar condiciones seguras para jugadores y cuerpos técnicos. El enfrentamiento finalizó, finalmente, con resultado favorable al Real Betis por 0-2.
Estas conductas quedaron reflejadas en el expediente disciplinario abierto por la RFEF, que clasifica los hechos como "muy graves" en tanto se vulneraron los artículos 76.2 y 15 del Código Disciplinario de la federación. Europa Press publicó que la sanción involucra el cierre parcial del estadio durante tres partidos, además de una multa económica de 45.000 euros y la suspensión de dos fechas para el delantero Isaac Romero. Según el comunicado emitido al respecto, la federación consideró imprescindible acotar las restricciones a las zonas concretas donde se produjeron los altercados, concentrando así el impacto de la medida en los núcleos responsables y eludiendo penalizaciones colectivas a la totalidad de la afición local.
Con relación a la sanción económica, la RFEF argumentó que el importe coincide con la necesidad de castigar especialmente los sucesos que comprometieron la seguridad e integridad física de los deportistas. Europa Press informó que el reglamento establece tanto la clausura temporal de recintos como la imposición de multas elevadas en aquellos supuestos que representen riesgos para el orden durante la celebración de eventos deportivos. La federación subrayó en su resolución que el informe detallado requerido al club poseía como objetivo excluir del cierre aquellas áreas sin implicación en los hechos, procurando minimizar el efecto sobre la recaudación y la operativa interna en sectores del estadio ajenos a los incidentes.
En el plano deportivo, la suspensión por dos partidos de Isaac Romero quedó respaldada por las imágenes y el relato arbitral, que describen una acción fuera de la legítima disputa del balón y ejecutada con el juego detenido. Europa Press reproduce los argumentos del Comité de Disciplina, que enmarcan la conducta del delantero en una infracción susceptible de máxima penalización según la normativa federativa, procurando desalentar la reiteración de este tipo de comportamientos.
Ante las decisiones adoptadas por la RFEF, el Sevilla FC comunicó de forma inmediata, a través de una nota que cita Europa Press, su oposición a la severidad y al alcance de las sanciones. El club anunció la tramitación de recursos por las vías establecidas internamente en la federación, así como la eventual consideración de trasladar el conflicto a la justicia ordinaria en caso de agotar previamente los procedimientos disciplinarios federativos. En su alegato, la entidad andaluza argumenta que tanto la cuantía de la multa como la restricción de acceso resultan desmedidas, habida cuenta de los esfuerzos desplegados por la directiva para identificar a los responsables y colaborar con la investigación.
El comunicado firmado por el Sevilla FC y recogido por Europa Press reitera el compromiso institucional con la prevención de la violencia en los estadios, solicitando a las autoridades disciplinarias que valoren el rol activo del club en el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con los cuerpos de seguridad. La postura del club pretende que tales acciones se tengan en cuenta a la hora de calibrar la proporcionalidad de las sanciones impuestas.
No obstante, la federación refuerza la relevancia de delimitar con rigor las áreas afectadas, reiterando la exigencia de recibir el informe solicitado antes de la aplicación de la sanción. Europa Press recoge que la RFEF insiste en restringir el acceso únicamente a quienes resulten directamente vinculados con los incidentes. El propósito es impedir que la afluencia habitual y los ingresos generados por el estadio sufran pérdidas injustificadas en zonas no responsables de los sucesos recogidos en el acta arbitral.
El impacto de la sanción combina consecuencias en distintos ámbitos. Por un lado, la clausura parcial condiciona la asistencia de aficionados y obliga al club a reorganizar la operatividad de tres encuentros consecutivos como local en el Sánchez-Pizjuán. Por otro lado, la ausencia de Isaac Romero reduce las opciones deportivas del primer equipo y requiere rediseñar la estrategia táctica para las próximas fechas. Según Europa Press, estas circunstancias han precipitado la intervención inmediata del área legal del Sevilla FC y la preparación de una batería de alegaciones ante los órganos disciplinarios de la federación.
La federación, por su parte, mantiene la defensa del rigor adoptado en las medidas y apoya su postura en la necesidad de proteger la integridad y seguridad en los escenarios futbolísticos, así como de sentar precedente para la gestión de futuras situaciones de violencia en el fútbol profesional. Según menciona Europa Press, la RFEF sostiene la obligación de los clubes de colaborar plenamente con las consignas y protocolos disciplinarios como nievel disuasorio ante situaciones similares.
Por último, Europa Press puntualiza que la progresión del caso dependerá a partir de ahora de los recursos presentados tanto en la esfera federativa como, eventualmente, en el ámbito judicial, si el club decide ampliar la disputa por esa vía. Mientras se tramitan las impugnaciones, las sanciones permanecen vigentes y su ejecución se supedita al cumplimiento por parte del Sevilla de los requerimientos formales de la federación, especialmente los referidos a la identificación precisa de las zonas implicadas y la colaboración en el proceso disciplinario.
