El balance de víctimas mortales en la Franja de Gaza, publicado por autoridades sostenidas por Hamás y recogido por el diario ‘Filastín’, superó los 70.100 fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar israelí tras los acontecimientos del 7 de octubre. A esta cifra se suman aproximadamente 171.000 heridos registrados en el mismo periodo. En este contexto, según informó ‘Filastín’, un ataque israelí dirigido la noche del miércoles contra una carpa instalada como refugio junto al hospital de Jan Yunis provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos niños de ocho y diez años, y un número no confirmado de heridos. La acción ocurrió pese a que se encontraba vigente un acuerdo de alto el fuego, lo que generó una fuerte reacción local e internacional en torno a la protección de la población civil y la estabilidad de la tregua.
El medio ‘Filastín’ detalló que la carpa afectada funcionaba como un asentamiento temporal para familias desplazadas que buscaban resguardo ante los enfrentamientos en la región. Además de los dos menores fallecidos, entre las víctimas se identificaron tres adultos de entre 30 y 46 años. Las cifras exactas de heridos aún no han sido confirmadas hasta el cierre de los reportes, lo que deja abierto el riesgo de que el saldo de víctimas aumente en las próximas horas. Desde el inicio del alto el fuego más reciente en Gaza, las autoridades consignaron al menos 360 muertes atribuidas a ataques israelíes, con un total de 617 fallecidos durante ese periodo al incluir cuerpos recuperados de escombros.
El incidente en Jan Yunis se produjo después de que el ejército israelí reportara que cinco soldados resultaron lesionados tras un supuesto ataque de milicianos palestinos en la ciudad de Rafá, también situada en el sur de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon, mediante declaraciones recogidas por ‘Filastín’, que la ofensiva en cuestión tenía como objetivo a un presunto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La postura oficial israelí atribuye este tipo de acciones a respuestas por violaciones del alto el fuego realizadas por fuerzas palestinas, y sostiene que sus operaciones buscan neutralizar amenazas específicas. No obstante, el impacto del ataque sobre una zona destinada al resguardo de civiles desplazados, incluidos niños, multiplicó los cuestionamientos de la comunidad internacional y organizaciones humanitarias acerca de los procedimientos y los criterios detrás de las acciones militares desplegadas.
Hamás, por su parte, a través de voceros citados por ‘Filastín’, calificó el bombardeo sobre la carpa junto al hospital como un “claro crimen de guerra” y acusó una “flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”. El movimiento responsabilizó a Israel por poner en riesgo la viabilidad de la tregua y por las dificultades adicionales que tales ataques imponen en el terreno humanitario. En este marco, el llamado de Hamás se orientó a solicitar la intervención de los países mediadores y garantes del acuerdo, exigiendo que presionen al gobierno israelí —presidido por Benjamin Netanyahu— para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados, sobre todo, el cese de incursiones en áreas residenciales y la protección de la población civil durante la vigencia de la tregua.
La destrucción de la carpa, ubicada en inmediaciones de un centro hospitalario y diseñada para acoger a personas desplazadas, profundizó la preocupación en torno a la infancia y a la necesidad de fortalecer la protección de los sectores vulnerables de la sociedad gazatí. De acuerdo con el medio ‘Filastín’, este incidente integra una serie de sucesos similares en zonas que han sido oficialmente designadas como espacios humanitarios en la Franja de Gaza. En las últimas jornadas, organizaciones sociales y humanitarias han denunciado ante el citado medio el progreso de condiciones adversas para los desplazados, agravadas por la reiteración de bombardeos y operativos militares en las cercanías de hospitales y refugios improvisados.
La comunidad internacional, según consignó ‘Filastín’, continúa el seguimiento de los eventos recientes en el sur de la Franja de Gaza, con el ataque sobre la carpa en Jan Yunis como epicentro del debate sobre la protección de civiles en zonas de conflicto. Agencias multilaterales y representantes de varios países analizan el impacto de estos hechos y debaten la pertinencia de nuevas acciones para contener la escalada y prevenir la repetición de agresiones en contextos humanitarios. El monitoreo internacional se ha agudizado especialmente por el aumento de denuncias sobre ataques en áreas caracterizadas como seguras para la población desplazada, situación que complejiza las tareas de asistencia y gestión de la crisis.
Las FDI, según relató ‘Filastín’, mantienen su política de llevar a cabo operativos en el sur de Gaza para neutralizar lo que catalogan como amenazas representadas por grupos armados palestinos. Sin embargo, los efectos colaterales de estas acciones han sido documentados por organizaciones civiles, que advierten sobre el impacto desproporcionado en la vida de familias desplazadas y la infraestructura sanitaria. Delegaciones políticas palestinas replicaron en entrevistas recogidas por ‘Filastín’ que el gobierno israelí debe asumir la responsabilidad por las consecuencias humanitarias derivadas de estos ataques, remarcando que la intensidad y ocurrencia de bombardeos en áreas pobladas limita la efectividad y continuidad del alto el fuego vigente.
Por último, representantes de Hamás aseguraron, mediante declaraciones al medio palestino, que eventos como el bombardeo en Jan Yunis contravienen los acuerdos internacionales alcanzados e instaron a la comunidad global a ejercer mayor presión para la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones pactadas. Según los reportes actuales de ‘Filastín’, la cifra de muertes en Gaza desde el inicio del conflicto sigue en aumento, acompañada por el deterioro progresivo de las condiciones de vida de civiles desplazados. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos recalcan que cualquier agravamiento de esta situación plantea nuevos desafíos para la búsqueda de soluciones y para la preservación de la integridad y la vida de la población afectada por la violencia armada.
