La Academia Diplomática de la Unión Europea, concebida como un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros, se encuentra en el centro de una investigación judicial que examina las condiciones en que se adjudicó su licitación al Colegio de Europa en Bélgica para el periodo académico 2021-2022. Según informó la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), esta investigación ha dado lugar a la detención de tres personas tras una serie de registros en el propio Colegio de Europa, en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos. Las actuaciones coordinadas con la policía belga se deben a indicios de un posible fraude vinculado a la financiación europea de estos cursos de formación.
De acuerdo con la EPPO, la sospecha principal apunta a irregularidades en el proceso de licitación del citado programa formativo. La fiscalía sostiene que durante el procedimiento “se vulneró la competencia leal” y “se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes”. Estas circunstancias podrían haber influido de manera decisiva en la adjudicación del proyecto y alterado el resultado competitivo exigido en la contratación pública financiada por fondos europeos. Tras recibir las primeras señales de alerta, la EPPO solicitó la intervención de las fuerzas policiales belgas, que llevaron a cabo registros tanto en edificios del Colegio de Europa en Brujas como en la sede del SEAE en Bruselas, además de inspeccionar varias viviendas particulares.
En esta operación, tres personas resultaron detenidas, según detalló la Fiscalía Europea. Las investigaciones se remontan a una etapa en la que el SEAE estaba bajo la responsabilidad del español Josep Borrell, mientras que el Colegio de Europa era presidido por Federica Mogherini, que anteriormente dirigió el propio SEAE y todavía ocupa el máximo cargo en la institución académica. No obstante, la nota publicada por la EPPO no implica a estas dos figuras de forma directa en los hechos investigados, pero destaca la coincidencia temporal entre su gestión y los episodios bajo investigación.
Tal como consignó la EPPO, los hechos bajo escrutinio incluyen no solo la vulneración de las normas de competencia en la contratación pública, sino también la posible filtración de datos confidenciales, un factor agravante en el contexto de la transparencia exigida en la gestión de fondos europeos. Esos elementos fueron trasladados a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que ya estudia la posible concurrencia de delitos de fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, según reportó la propia EPPO.
El foco de la fiscalía se encuentra sobre el proceso de licitación que desembocó en la elección del Colegio de Europa para llevar adelante la iniciativa de la Academia Diplomática Europea. Según publicó la EPPO, el proceso habría estado marcado por la obtención y uso de información reservada por parte de alguno de los concurrentes, lo que, de confirmarse, podría invalidar los criterios de igualdad y transparencia requeridos en estos procedimientos. En la documentación incautada durante los registros, los investigadores buscan pruebas que acrediten si existieron canales informales de comunicación entre decisores del SEAE y responsables del Colegio de Europa o de otros organismos, lo que pone en el centro si existió o no trato de favor en la adjudicación.
La operación liderada por la Fiscalía Europea responde a la obligación de proteger y supervisar el uso correcto de los recursos del presupuesto de la UE, según explicó la entidad. Los registros realizados en dependencias del Colegio de Europa, en la sede diplomática europea de Bruselas y en viviendas particulares buscan esclarecer tanto el origen de las sospechas como las posibles responsabilidades individuales o colectivas en torno al proceso.
La licitación bajo investigación corresponde al periodo 2021-2022, cuando el SEAE seguía encabezado por Borrell y la presidencia del Colegio de Europa correspondía a Mogherini. Ellos han ocupado en años previos puestos clave en la arquitectura institucional europea, lo que añade relevancia política al caso, aunque, según subraya la EPPO, la pesquisa se focaliza en la gestión concreta del programa formativo y sus procedimientos internos.
La posible implicación de delitos como fraude en la contratación pública y corrupción ha motivado la intervención tanto de la Fiscalía Europea como de la OLAF, que ya han solicitado colaboración a diversas instituciones comunitarias. Según información difundida por la EPPO, el objetivo es esclarecer si el uso de fondos europeos para la formación diplomática respondió a las normativas y estándares de integridad aplicables o si, por el contrario, se produjeron desviaciones constitutivas de infracción penal y administrativa.
Esta investigación representa un nuevo episodio en el marco de los esfuerzos de vigilancia y control sobre los fondos de la Unión Europea asignados a programas de formación y cooperación internacional. Tal como resaltó la EPPO, los procedimientos de licitación en el ámbito comunitario deben respetar los principios de equidad y transparencia, y cualquier incumplimiento compromete la confianza en la gestión del erario común. Por este motivo, tanto el Colegio de Europa como el SEAE permanecen bajo observación mientras prosiguen las actuaciones judiciales y administrativas para determinar si existió una vulneración de las normas europeas en la selección y funcionamiento del programa de formación para diplomáticos noveles.
