
La obtención previa del levantamiento de inmunidad para varios altos funcionarios sospechosos permitió que los agentes policiales accedieran tanto a despachos institucionales como a domicilios privados en Bruselas y Brujas. Esta medida judicial dotó de respaldo legal al operativo desarrollado en el Colegio de Europa, la sede principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los hogares de los implicados, según publicó el diario belga L’Echo. La investigación, impulsada por la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), se centra en el presunto uso indebido de fondos de la Unión Europea destinados a la formación de jóvenes diplomáticos, e involucra a tres altos exresponsables institucionales arrestados tras la redada.
De acuerdo con la información presentada por el medio L’Echo, Federica Mogherini, ex Alta Representante de la Unión Europea y desde 2020 rectora del Colegio de Europa de Brujas, figura entre las personas detenidas por las autoridades. Poco después de trascender esa noticia, se confirmó también la detención de Stefano Sannino, quien fue secretario general del SEAE bajo la dirección de Josep Borrell y actualmente dirige la oficina de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea. El tercer detenido corresponde al director adjunto del citado Colegio de Europa.
La Fiscalía Europea detalló que el proceso que se investiga gira en torno al desarrollo del programa formativo de la Academia Diplomática de la Unión Europea, materializado en un curso de nueve meses orientado a diplomáticos noveles de países miembros. El SEAE adjudicó esta iniciativa al Colegio de Europa después de una licitación correspondiente al ciclo 2021-2022. El operativo judicial analiza supuestas irregularidades que incluyen fraude en la adquisición pública de bienes y servicios financiados con recursos europeos, corrupción administrativa, conflictos de intereses y la posible revelación indebida de información profesional confidencial.
Según consignó la EPPO y recogió L’Echo, la licitación presuntamente habría vulnerado los principios de transparencia y competencia leal en la distribución de recursos oficiales, ya que existían sospechas de que datos sensibles se compartieron con aspirantes seleccionados durante la evaluación del concurso. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) fue notificada oficialmente sobre los hechos investigados y participa en la revisión de la documentación incautada.
El origen de los supuestos delitos se sitúa en el periodo en que Josep Borrell ejercía como jefe de la diplomacia comunitaria y Mogherini lideraba el Colegio de Europa. Durante ese lapso, el SEAE impulsó la creación de una Academia Diplomática Europea para reforzar la profesionalización de los cuadros diplomáticos juveniles de la Unión, proporcionando formación avanzada en relaciones internacionales y asuntos de política exterior. El Colegio de Europa se benefició directamente de la adjudicación, obteniendo los fondos tras superar la licitación, un procedimiento que ahora se encuentra bajo escrutinio judicial.
El medio L’Echo reportó que, antes de los registros, la Fiscalía Europea solicitó el levantamiento de inmunidad para varios altos cargos, siguiendo las normativas vigentes de la Unión Europea. Estas acciones permitieron a la policía belga realizar inspecciones simultáneas en edificios institucionales y domicilios privados de quienes figuran en el centro de la investigación. Documentos y dispositivos electrónicos fueron incautados por los investigadores y actualmente permanecen en análisis por parte de la EPPO y la OLAF.
La portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anitta Hipper, al ser consultada durante una comparecencia pública en Bruselas, confirmó la existencia de los registros policiales en la sede del SEAE. Según recogió el medio belga, Hipper evitó brindar precisiones adicionales sobre el contenido de la investigación, pero reconoció que la operación abarca decisiones tomadas durante el mandato anterior en la jefatura del SEAE, es decir, la etapa dirigida por Josep Borrell.
El impacto institucional alcanza tanto al Colegio de Europa como al SEAE, dado el papel que ambas entidades desempeñan en la capacitación de futuros cuadros diplomáticos y la configuración de la política exterior comunitaria. Las detenciones han generado repercusiones dentro del bloque regional debido a la relevancia internacional de las personas involucradas y la importancia de los fondos públicos presuntamente afectados.
Desde la EPPO, en declaraciones citadas por L’Echo, se enfatizó que los resultados preliminares de la operación ayudarán a clarificar responsabilidades y trazarán las siguientes fases del procedimiento penal. Las pesquisas en curso buscan dilucidar la existencia de estructuras organizativas que hayan facilitado prácticas contrarias a la legislación europea, así como establecer en qué medida se vulneraron los procedimientos de adjudicación y distribución de recursos financieros entre los postulantes a la gestión del programa.
El análisis detenido de la documentación recogida persigue comprobar la veracidad de las acusaciones de revelación de datos confidenciales. Según la EPPO, estos hechos podrían haberse instrumentalizado para favorecer a determinados candidatos durante el proceso de licitación, comprometiendo los principios de transparencia y equidad en la administración de los fondos europeos.
L’Echo destacó que la investigación sigue abierta y que la Fiscalía Europea, en coordinación con la OLAF, continúa examinando la amplia documentación incautada en las sedes y domicilios particulares de las tres personas detenidas. Las actuaciones judiciales buscan determinar si las decisiones relativas a la adjudicación del programa formativo de la Academia Diplomática Europea se realizaron conforme a la legalidad, o si existió manipulación dolosa en la contratación pública.
Durante el operativo policial, la colaboración entre organismos europeos de control, la Fiscalía y las autoridades nacionales belgas permitió ejecutar múltiples registros y acciones coordinadas, orientadas a esclarecer la gestión de los fondos. El seguimiento a los responsables de las decisiones y la evaluación de sus justificaciones administrativas forman parte central de la investigación en etapa preliminar.
La crisis institucional coincide con una etapa en la que tanto el Colegio de Europa como el SEAE gozan de notoriedad dentro del contexto europeo e internacional, en especial por su implicación en la formación de personal diplomático y en la formulación de líneas estratégicas de política exterior del bloque. El programa de la Academia Diplomática Europea había sido concebido como un instrumento para fortalecer la acción común, mejorar las capacidades de los funcionarios y coordinar acciones ante los desafíos geopolíticos.
Según informó L’Echo, el resultado de las pesquisas judiciales de la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude permitirá delimitar las responsabilidades institucionales e individuales. Las autoridades judiciales anticipan orientaciones procesales futuras en función de los hallazgos derivados del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación policial.


