La estructura interna del Banco de Italia experimentó una reforma hace aproximadamente diez años, procedimiento que permitió que tanto instituciones públicas como bancos privados adquirieran participación en la propiedad legal de la entidad. Este precedente, según informó el medio, determina hasta hoy la titularidad legal de las reservas de oro nacionales, que permanecen bajo custodia del banco central, sin estar explícitamente asignadas al Estado italiano. En este contexto, el gobierno encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni promueve una iniciativa para transferir formalmente la titularidad de estas reservas—evaluadas en 285.000 millones de euros—al Estado, una propuesta que reabre el debate sobre la legalidad, las implicaciones económicas y la relación con las instituciones europeas.
De acuerdo con lo publicado por el medio, la propuesta del partido Fratelli d’Italia, socio mayoritario en la coalición de gobierno, sostiene que las reservas de oro almacenadas en el Banco de Italia pertenecen históricamente a la ciudadanía, reflejando el trabajo y el esfuerzo colectivo del pueblo italiano. El senador Lucio Malan, líder de Fratelli d’Italia en la Cámara Alta, declaró en Radio 24: “Creemos necesario dejar claro que el oro es fruto del trabajo de nuestro pueblo. Ese oro siempre ha sido propiedad del pueblo italiano”. Tal como consignó el medio, el objetivo declarado por el partido es clarificar la condición legal y la titularidad de las 2.452 toneladas de oro depositadas en el banco central, y formalizar que pertenecen directamente al pueblo a través del Estado.
Según detalló el medio, actualmente las reservas de oro cumplen una función estratégica para la estabilidad y la credibilidad financiera, tanto en el ámbito nacional como europeo, actuando como garantía para el cumplimiento de las funciones atribuidas al banco central. El Banco de Italia, responsable de custodiar estos activos, sostiene que constituyen un pilar de confianza para los mercados y una salvaguarda frente a posibles crisis económicas, fundamentos que también sustentan la solidez del sistema financiero de la eurozona. De acuerdo con la información difundida, la reforma legal propuesta modificaría el régimen vigente, en el que la titularidad del oro figura entre los activos del banco central bajo un marco normativo que limita su utilización para fines fiscales.
El medio también reportó que la modificación proyectada permitiría potencialmente al Estado italiano utilizar parte o la totalidad de esas reservas para reducir la deuda pública o financiar programas de estímulo económico. Este aspecto ha generado posturas contrapuestas, ya que algunos actores consideran que ampliar el acceso estatal a esos fondos podría facilitar respuestas ante tensiones fiscales, pero al mismo tiempo otros advierten que abriría la puerta a decisiones polémicas sobre el uso de recursos estratégicos.
El Banco Central Europeo, según la información consignada por el medio, ha recibido el borrador de propuesta legislativa transmitido por las autoridades italianas y examina tanto su contenido como el alcance de una eventual transferencia de titularidad. El BCE analiza repercusiones legales y posibles impactos en la gestión de reservas, en la arquitectura normativa de la eurozona y en la estabilidad del sistema financiero. Según explicó el medio, hasta ahora el régimen legal italiano—en consonancia con las normas europeas—evitaba que el Estado empleara directamente estas reservas como instrumento fiscal, manteniéndolas bajo administración del banco central con participación de distintos accionistas públicos y privados.
Italia, como uno de los países con mayores reservas de oro a nivel mundial, sostiene en esos activos una posición de relevancia internacional. El valor de mercado actual de las reservas alcanza los 285.000 millones de euros, según publicó el medio, consolidando a la nación entre los principales tenedores globales de este tipo de activos. En este contexto, la discusión sobre la titularidad y la posibilidad de utilizar el oro en función de políticas públicas se conecta tanto con las dinámicas internas de la economía italiana como con su marco de cumplimiento dentro de la Unión Europea y frente a la supervisión del BCE.
El argumento central defendido por Fratelli d’Italia, de acuerdo con el medio, apunta a eliminar cualquier ambigüedad sobre los derechos legales que el Estado y, por extensión, la población retienen sobre las reservas nacionales. Sin embargo, esta visión enfrenta objeciones de sectores preocupados por el posible precedente que dicha transferencia podría establecer, facilitando el uso de activos estratégicos en contextos de urgencia presupuestaria o ante presiones fiscales.
El medio subrayó que este debate nacional ya ha traspasado fronteras, llegando a las instituciones europeas y motivando revisiones sobre el posible efecto de la propuesta en la doctrina y la estructura operativa del Eurosistema. Mientras tanto, los promotores legales de la iniciativa recalcan la necesidad de aportar claridad jurídica a la administración y disposición de los fondos en cuestión. El proceso legislativo y la consulta al BCE permanecen abiertos, al tiempo que la propuesta mantiene su centralidad en la agenda política respecto al futuro de la gestión y clasificación de los activos de oro estatales en Italia.
