Entre quienes participaron en los disturbios postelectorales, existieron tanto personas que se movilizaron de forma deliberada como individuos que, según la investigación oficial, habrían sido inducidos o incentivados económicamente para sumarse a las acciones violentas. La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, planteó ante la ciudadanía la existencia de un entramado organizado detrás de las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales celebradas en octubre. Según informó The Citizen, la mandataria señaló que las manifestaciones no surgieron espontáneamente ni de la voluntad legítima del pueblo, sino que formaron parte de un plan estructurado que buscaba el derrocamiento de su gobierno, con respaldo y financiación tanto nacional como extranjera.
Durante un discurso pronunciado en Dar es Salam, Samia Suluhu Hassan expuso los resultados de las pesquisas llevadas a cabo por los servicios de inteligencia y las autoridades del país tras los episodios de violencia que siguieron a los comicios. De acuerdo con el medio The Citizen, la jefa de Estado describió estos hechos como un “proyecto maligno generalizado”, indicando que los disturbios respondieron a una coordinación minuciosa con el propósito de desestabilizar las instituciones y la paz nacional. En su mensaje, Hassan insistió en que la evaluación de los organismos de inteligencia permitió detectar la existencia de una red de planificación y financiamiento de las protestas, con participación de personas dentro y fuera de Tanzania.
La mandataria explicó, tal como publicó The Citizen, que el análisis oficial identificó distintos perfiles entre los participantes en los disturbios. Algunos, según sus palabras, habrían actuado por convicción, mientras que otros fueron engañados o recibieron compensaciones monetarias para llevar a cabo acciones vandálicas contra infraestructuras estatales, estaciones policiales y empresas privadas. Hassan subrayó que estos eventos no pueden equipararse con las formas legales de protesta reconocidas por la Constitución del país africano.
A raíz de los informes preliminares y los reportes de inteligencia interna, la presidenta defendió la reacción asumida por las fuerzas de seguridad durante las jornadas de confrontación. Frases recogidas por The Citizen muestran a Hassan justificando el uso de la fuerza: “Juramos proteger este país (...) Entonces, cuando nos dicen que usamos fuerza excesiva, ¿qué esperaban? ¿Deberíamos habernos quedado mirando cómo triunfaban quienes planeaban derrocarnos?”. Esta postura, de acuerdo a la información de The Citizen, enmarca la acción policial dentro de la perspectiva de defensa del orden y del Estado frente a amenazas percibidas como estructuradas y orientadas a subvertir el poder constituido.
The Citizen consignó también que el proceso electoral que desembocó en este escenario de violencia no estuvo exento de señalamientos. La Unión Africana observó irregularidades en la organización de los comicios, en los que Suluhu Hassan fue declarada ganadora con un margen amplio. Tras la proclamación de resultados, las manifestaciones y la posterior represión dejaron un saldo de alrededor de cien personas fallecidas, según reportes de Amnistía Internacional recogidos por The Citizen. El principal partido opositor, Chadema, expuso una cifra superior a las mil víctimas mortales atribuidas a la intervención policial.
Asimismo, The Citizen detalló que como respuesta institucional, el ejecutivo tanzano procedió a imputar a cerca de 300 personas por cargos de traición y conspiración, señalando vínculos directos o indirectos con los disturbios y ataques cometidos en distintas localidades. Estas acciones legales, justificadas por el gobierno como necesarias para preservar el sistema político y la seguridad pública, se integraron dentro del marco de medidas orientadas a enfrentar lo que la presidenta describió como una campaña desestabilizadora organizada.
A lo largo de su intervención, Hassan insistió en que la interpretación oficial de los hechos se basa en pruebas recopiladas por los órganos competentes, argumentando que no existió una reacción ciudadana legítima ante los resultados electorales, sino una operación planificada y financiada tanto desde el interior como el exterior de Tanzania. Según la cobertura de The Citizen, la mandataria tanzana asoció de forma explícita la contundencia de las medidas de seguridad y las decisiones judiciales con la obligación de proteger la estabilidad del Estado y la integridad de sus instituciones frente a una amenaza que definió como organizada y foránea.
