Lokman Slim, activista y periodista conocido en el ámbito libanés por sus posturas críticas, figura entre las personas cuya muerte se relaciona con el intento de frenar posibles filtraciones acerca de las circunstancias que rodearon la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Según informó el medio original, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adrai, atribuyó a la unidad 121 de Hezbolá la responsabilidad en la eliminación de cuatro figuras libanesas consideradas posibles portadoras de información clave sobre el desastre, reavivando el debate sobre el esclarecimiento de los hechos y el papel del grupo chií en la tragedia. El Ejército israelí sostiene que estos crímenes tuvieron como finalidad evitar la revelación de datos sensibles vinculados al almacenamiento de nitrato de amonio, principal elemento señalado como detonante de la explosión que generó múltiples víctimas y una ola de destrucción en la capital libanesa.
Tal como detalló el medio, el portavoz militar identificó públicamente a los cuatro libaneses presuntamente asesinados y expuso la hipótesis según la cual su muerte estuvo motivada por el temor a que sacaran a la luz detalles perjudiciales sobre la custodia de materiales peligrosos en el puerto. Entre las personas señaladas se encuentran Joseph Skaff, jefe de aduanas portuarias, quien falleció tras una caída desde una altura considerable; Munir abu Rieili, funcionario de la división anticontrabando, asesinado por apuñalamiento; Joe Bejjani, fotógrafo vinculado a las pesquisas oficiales, muerto tras recibir varios impactos de bala dentro de su vehículo; y el mencionado Lokman Slim.
De acuerdo con las aseveraciones recogidas por el medio original, Adrai comunicó su acusación contra Hezbolá mediante un mensaje difundido en la red social X. Según la información publicada, el portavoz relacionó estos homicidios con lo que describió como “un intento deliberado de proteger información políticamente sensible”. Las declaraciones hechas por el ejército israelí sostienen que la organización chií buscaba impedir una exposición pública de hechos relativos a la manipulación y gestión de grandes cantidades de nitrato de amonio, cuyo almacenamiento en el referido puerto derivó en el estallido masivo del año 2020.
El reporte subrayó que tanto Hezbolá como las autoridades libanesas han negado repetidas veces cualquier tipo de conexión con las muertes o con el manejo de materiales químicos vinculados a la explosión. El medio original puntualizó que, a pesar de las sospechas promovidas por fuentes israelíes, no existe una resolución judicial que acredite la implicación directa de la organización en los hechos. Tampoco las investigaciones oficiales e independientes han arrojado hasta el momento resultados concluyentes sobre la autoría intelectual o material de los asesinatos ni sobre las responsabilidades detrás del depósito y la explosión del nitrato de amonio.
Según publicó el medio, el siniestro de agosto de 2020 comportó graves consecuencias en términos humanos y materiales, con miles de víctimas mortales y heridos, además de una considerable destrucción en los alrededores del puerto. La magnitud de la tragedia provocó reacciones en cadena por parte de la sociedad civil, familiares de los afectados y organizaciones internacionales, quienes exigieron mayor transparencia en torno a las causas que permitieron la permanencia del compuesto explosivo en una zona densamente habitada.
El medio consignó también que la declaración de Adrai unió las recientes acusaciones a denuncias previas emitidas por autoridades israelíes sobre supuestos crímenes de motivación política en el Líbano, atribuidos a la misma facción armada. Según la versión defendida desde Tel Aviv, oficiales de aduanas y periodistas locales presuntamente víctimas de la unidad 121 de Hezbolá habrían estado en posición de revelar detalles sustanciales acerca de la implicación del partido-milicia en la acumulación y gestión de sustancias peligrosas en el puerto.
Pese a la insistencia del ejército israelí sobre la necesidad de esclarecer los crímenes y sus posibles vínculos con los hechos de 2020, el medio original recordó que ni instancias judiciales libanesas ni organismos internacionales han ofrecido hasta la fecha un pronunciamiento definitivo acerca de las acusaciones. La información difundida afirma además que el curso de las averiguaciones legales en el Líbano permanece estancado, situación que alimenta la confrontación política y mediática entre las partes involucradas.
El canal de comunicación establecido por el portavoz israelí, mediante sus perfiles en redes sociales y recogido en la información original, expuso que la hipótesis mantenida por Israel se basa en el convencimiento de que la organización chií intentó evitar el avance de investigaciones que pudieran responsabilizarla tanto por el almacenamiento del nitrato de amonio como por la cadena de asesinatos de posibles colaboradores o denunciantes.
La secuencia de declaraciones reflejadas por el medio revela la persistencia de demandas de justicia, tanto desde agrupaciones locales como por parte de la comunidad internacional. De acuerdo con las publicaciones anteriores citadas en el reporte, la presión sobre las autoridades libanesas y las reiteradas acusaciones desde Israel han mantenido abierta la discusión acerca de la transparencia y la profundidad de las investigaciones relacionadas con la explosión y los homicidios de figuras asociadas al caso.
Finalmente, según señaló el medio, la confrontación entre las versiones divulgadas por Israel y la reiterada negativa de Hezbolá y funcionarios libaneses ha derivado en una polarización informativa y política que, a casi cuatro años del suceso, impide la obtención de respuestas definitivas sobre el desastre portuario y las muertes presuntamente vinculadas.
