La organización Human Rights Watch (HRW) ha alertado este martes de que la política migratoria impulsada por la Administración de Estados Unidos, que ha recrudecido significativamente las operaciones contra los migrantes, "menoscaba" la seguridad pública en el país norteamericano, lo que "pone a muchas comunidades en peligro".
En el informe 'Les necesitamos: El visado U genera confianza, contrarresta el temor y promueve la seguridad comunitaria', la ONG concluye que las políticas sobre deportación de la Administración "socavan los programas federales de visados que ofrecen una vía para que las víctimas de delitos puedan obtener la residencia legal cuando cooperen con las autoridades".
"Los cambios en las pautas de aplicación de la ley, como por ejemplo, permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arresten a personas en lugares que antes eran seguros, como tribunales de justicia y centros de salud, constituye un fuerte factor disuasorio para migrantes que, de no ser así, podrían denunciar delitos a la policía o intentar obtener una orden de alejamiento", recoge el texto.
Los visados U suelen otorgarse a las víctimas de ciertos delitos --normalmente aquellas que han sufrido violencia o maltrato-- y que colaboran o están dispuestas a colaborar con las autoridades en la investigación de dichos delitos.
"A pesar del discurso que habla de tomar medidas contundentes contra la delincuencia, (...) las acciones de la Administración están beneficiando a quienes cometen abusos, y esto hace que sea menos probable que se detenga y procese penalmente a esas personas", ha manifestado Sara Darehshori, consultora para HRW y autora del informe.
"Si el Gobierno tiene un interés genuino en combatir la criminalidad, tomará medidas para ampliar y mejorar los programas de visados que permiten a las víctimas denunciar hechos sin temor a que se las deporte", ha añadido.
UN PROGRAMA DE MÁS DE DOS DÉCADAS
Este tipo de visado fue creado por el Congreso de Estados Unidos en el año 2000 para combatir la violencia machista y ayudar a mujeres y niños sin documentación que se encontraban en situaciones especialmente vulnerables y expuestos a la violencia.
Este programa busca garantizar que aquellos que ejercen estos abusos no puedan usar la "amenaza de deportación como herramienta" contra las víctimas. "Quienes cometen abusos suelen utilizar las amenazas de deportación y separación de los hijos para impedir que sus víctimas acudan a la Policía", ha explicado Darehshori.
"Las tácticas agresivas de aplicación de la ley que utiliza el ICE bajo la Administración Trump probablemente harán que estas víctimas se muestren más reacias a solicitar la ayuda que necesitan", ha lamentado.
HRW ha reivindicado así que este programa es "una herramienta fundamental para mantener más seguras a las personas en Estados Unidos y para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos al abordar la violencia de género y proteger a las víctimas". "El Congreso debe adoptar medidas orientadas a fortalecer y ampliar el programa", recoge el documento.
"El visado U contribuye a disipar el temor que suele silenciar a los supervivientes de estas violencias y les genera seguridad para pedir ayuda y apoyar las investigaciones sin poner en riesgo el bienestar de sus familias", ha aseverado Saloni Sethi, comisionada de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género.
