La decisión de retirar la obligación de visado para ciudadanos estadounidenses e israelíes, así como para visitantes provenientes de seis países adicionales, surge después de que las autoridades bolivianas reconocieran el impacto de una normativa considerada restrictiva durante años. El Deber reportó que la administración reconoció que las restricciones implementadas en 2007 para estadounidenses y en 2014 para israelíes respondieron a razones políticas y no turísticas, hecho que, según diferentes actores del sector, colocó a Bolivia en desventaja ante competidores regionales y limitó su capacidad para atraer nuevos visitantes y capitalizar los beneficios económicos del turismo. A raíz de estas consideraciones y tras un proceso de negociación extendido con gremios, asociaciones empresariales y operadores turísticos, el gobierno oficializó la supresión inmediata de visados para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Sudáfrica, Bulgaria, Malta y Rumania, según consignó El Deber.
De acuerdo con el medio boliviano, la medida fue dada a conocer durante un anuncio encabezado por el presidente Rodrigo Paz, en compañía de la ministra de Turismo, Cintya Yáñez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo. Los funcionarios detallaron que la decisión forma parte de un programa más amplio orientado no solo a obtener un incremento inmediato en el flujo de turistas internacionales, sino también a posicionar a Bolivia entre los destinos con mayor apertura en Sudamérica. Según El Deber, esta iniciativa responde tanto al rezago que Bolivia experimentó frente a países vecinos en la captación de turistas extranjeros como a la presión de distintos sectores vinculados a la industria del turismo, que consideran que la antigua normativa afectó de forma negativa las oportunidades de negocio y la atracción de divisas.
El Deber puntualizó que entre 1994 y 2024, Perú multiplicó por nueve la cantidad de turistas internacionales, pasando de 390.000 visitas anuales a más de 3,5 millones. En contraste, Bolivia solo pasó de 340.000 a 650.000 visitantes extranjeros en ese mismo intervalo, lo que significa que el país solo duplicó el volumen de arribos en tres décadas. Esta diferencia, interpretada por las autoridades como resultado de una política migratoria más restrictiva, motivó la revisión de los requisitos de ingreso y dio origen a la nueva disposición. Operadores turísticos y voces empresariales citaron en El Deber manifestaron que la exigencia de visado no solo obstaculizaba la llegada de viajeros, sino que también restringía la interlocución y relación internacional del sector, afectando la posibilidad de generar mayores ingresos y nuevas alianzas comerciales.
El impacto económico de la política migratoria anterior fue estimado por El Deber en una pérdida de aproximadamente 900 millones de dólares vinculados a la baja captación de visitantes internacionales y al descenso de actividades asociadas, como la hotelería, la gastronomía y los servicios de transporte y recreación. La ministra Cynthia Yáñez sostuvo en declaraciones recogidas por el periódico que la obligación de realizar trámites de visado constituyó uno de los obstáculos más relevantes para el crecimiento y la diversificación del turismo boliviano, ya que propició una desventaja competitiva frente a otros destinos de la región que eliminaron o flexibilizaron estos requerimientos.
En palabras del canciller Fernando Aramayo, citadas por el mismo medio, la eliminación del visado busca mejorar la percepción internacional de Bolivia y ofrecer una imagen de país seguro, abierto y atractivo para visitantes e inversionistas. Además, el ministro indicó que la decisión responde a solicitudes explícitas de los países incluidos en la nueva lista, así como al propósito gubernamental de robustecer la presencia de Bolivia en los circuitos turísticos globales, favoreciendo oportunidades de cooperación, intercambios bilaterales y acuerdos comerciales. Según lo reportado por El Deber, el cambio se inscribe en una estrategia de reposicionamiento que contempla también campañas de promoción internacional y la revisión continua de la legislación migratoria, en función del desempeño registrado por el sector.
El seguimiento y la evaluación sistemática del impacto de la reforma aparecen como una prioridad reiterada por las autoridades entrevistadas por El Deber. El Ejecutivo confirmó que la lista de países exceptuados podrá ampliarse según la evolución del flujo de viajeros y los intereses estratégicos de la administración, priorizando el crecimiento del sector turístico junto a los beneficios derivados de una mayor vinculación con naciones extranjeras. Voces representativas del turismo consultadas por el diario respaldaron la medida por considerar que sirve tanto a la recuperación económica tras la pandemia como a la generación de nuevos empleos y oportunidades de inversión.
El Deber detalló que la actual política de apertura no se limita a la captación de turistas, sino que implica una visión amplia de integración y dinamización de relaciones internacionales. Autoridades consultadas anticiparon el lanzamiento de campañas globales de promoción de atracciones bolivianas y la adaptación de la normativa conforme evolucionen los mercados regionales y globales, con el objetivo de mantener la competitividad de Bolivia frente a destinos alternativos. El Ejecutivo considera que la revisión regular de la legislación migratoria y la incorporación de mecanismos de flexibilidad resultan imprescindibles para responder a las tendencias y demandas del turismo internacional, así como para aprovechar el potencial económico de la industria en los próximos años.
Según El Deber, la eliminación del visado cuenta con un respaldo mayoritario entre representantes de cámaras de turismo, asociaciones empresariales y expertos sectoriales, quienes esperan que la nueva política incentive el aumento del movimiento turístico, la generación de ingresos y el fortalecimiento de la imagen de Bolivia a nivel internacional. El gobierno aseguró a ese medio que todos los cambios introducidos buscarán adaptarse a la realidad del mercado y a las necesidades de desarrollo del país, abriendo la posibilidad de ajustes adicionales según los resultados obtenidos en cuanto a crecimiento de visitantes y de ingresos vinculados al turismo y las actividades conexas.
El anuncio, presentado como una respuesta directa a las demandas de diálogo y cambio elevadas desde el sector privado y los operadores turísticos, sella una etapa de negociaciones con distintos actores nacionales e internacionales. El Deber reseñó que la administración evalúa constantemente la evolución de la política migratoria establecida, a fin de procurar un equilibrio entre apertura, seguridad y rendimiento económico. Con esta reforma, Bolivia se alinea al marco regional que prioriza la facilidad de ingreso y la baja de barreras administrativas para captar viajeros, buscando revertir la lenta tasa de crecimiento que caracterizó al turismo nacional en comparación con el avance de los destinos vecinos en las últimas décadas.
