El caso reveló que las víctimas convivían en una vivienda con condiciones de habitabilidad deficientes, sin acceso a los derechos laborales básicos y sometidas a una vigilancia constante por parte de sus captores. Según informó el medio, la Guardia Civil liberó a catorce personas de un esquema de explotación laboral gestionado por una organización criminal especializada en trata de seres humanos en el municipio de Marchena, en la provincia de Sevilla. Esta operación, denominada ‘Alborga’, permitió identificar y proteger a las víctimas tras una investigación que incluyó inspecciones en fincas agrícolas y viviendas señaladas por su precariedad.
El operativo culminó con la detención de seis personas, quienes enfrentan cargos por delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal y vulneración de los derechos de los trabajadores, según detalló la nota emitida por la Guardia Civil. A uno de los detenidos también se le imputa un delito de agresión sexual continuada, relacionado con las declaraciones prestadas por las dos primeras denunciantes identificadas en el caso. Los implicados ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, de acuerdo con la información entregada por el Instituto Armado.
La investigación tuvo inicio el 7 de octubre, tras la recepción de una denuncia anónima que alertó sobre la presunta retención ilegal de una mujer. Conforme avanzaban las pesquisas, los agentes lograron localizar a las primeras víctimas y constatar el escenario de vulnerabilidad, malos tratos y restricción de libertad al que las sometía el grupo criminal. La organización captaba a las personas en sus países de origen mediante el ofrecimiento de un contrato laboral para trabajar en la recolección de aceitunas en España, reportó el medio.
Una vez en territorio español, se imponía a las víctimas una deuda inicial de 2.000 euros, la cual los responsables incrementaban cada semana de forma arbitraria. De acuerdo con fuentes de la Guardia Civil, este mecanismo provocaba una situación de esclavitud por deuda, dificultando cualquier posibilidad de salida para quienes se encontraban bajo el control del grupo. El modus operandi se sustentaba en la confiscación de documentos personales, la negación de la libre circulación y la imposición de extensas jornadas laborales sin contrato y con pagos muy inferiores a los salarios estipulados legalmente.
El medio detalló que la red criminal recurría de manera sistemática a la violencia física y las amenazas contra las víctimas. Se registraron advertencias explícitas de enviar a las trabajadoras a Alemania con fines de explotación sexual en caso de intentar escapar o de contactar a las autoridades. Durante el seguimiento policial, la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, organizó dispositivos de vigilancia en torno a dos fincas agrícolas ubicadas en Marchena, donde pudieron interceptar a los integrantes de la organización en pleno ejercicio de sus actividades ilícitas.
Las autoridades certificaron que los empleados desempeñaban sus tareas en condiciones irregulares y residían en una vivienda precaria. Tal como publicó la Guardia Civil, la intervención posibilitó la identificación y protección efectiva de catorce víctimas de explotación laboral. Las edades de los detenidos oscilaron entre los 28 y los 43 años. La investigación y posterior desarticulación de la red constituyeron un golpe a las estructuras que sostienen la trata de seres humanos para explotación laboral en la región, consignó el medio. La operación continúa abierta, con los detenidos a disposición judicial y las víctimas bajo medidas de protección especializadas.
