Durante su encuentro con familiares de las personas fallecidas en incidentes ligados a operativos militares en el mar Caribe, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que las víctimas no se encontraban armadas ni eran parte de ningún combate en el momento de los hechos. Tal como reportó El Universal, Rodríguez enfatizó que las personas involucradas ya no suponían peligro alguno y se hallaban fuera de cualquier enfrentamiento cuando sufrieron los ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses. En este contexto, el jefe parlamentario señaló que tales acciones configuran ejecuciones extrajudiciales, lo que a su juicio representa una transgresión a convenciones y protocolos internacionales.
De acuerdo con El Universal, la Asamblea Nacional de Venezuela formalizó la creación de una comisión especial destinada a investigar los fallecimientos ocurridos después del 2 de septiembre, en el marco de operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en aguas del Caribe. Según el medio, altos funcionarios venezolanos han manifestado su preocupación ante organismos internacionales y medios nacionales, catalogando el caso de las muertes de civiles como una posible violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra.
El Universal detalló que la comisión parlamentaria se dedicará a recopilar testimonios de los familiares, además de documentar pruebas sobre los incidentes. La pesquisa impulsada por el Parlamento incluye la elaboración de un informe exhaustivo que será presentado ante organismos internacionales con competencia en la materia. Entre los objetivos de la comisión figura gestionar apoyo institucional para los allegados de las víctimas, dar curso a sus denuncias y proporcionar respaldo tanto en materia legal como social.
Durante la última sesión legislativa, Jorge Rodríguez reiteró que las intervenciones estadounidenses en el mar Caribe no cuentan con justificación jurídica internacional y se han ejecutado sin adherirse a las normativas que rigen los conflictos armados. La Asamblea Nacional considera, según precisó El Universal, que las acciones denunciadas constituyen ejemplos de violaciones flagrantes cometidas por integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses.
El medio venezolano resaltó que Rodríguez acusó directamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos de implementar lo que describió como una “política de exterminio” en estos operativos, caracterizada por la ausencia de respeto a los estándares derechos humanos internacionalmente aceptados. El Universal subrayó que la ofensiva estadounidense se presentó de manera oficial como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero para el liderazgo parlamentario venezolano, esos argumentos carecen de sustento frente al contexto de las muertes reportadas.
La comisión especial creada por la Asamblea Nacional, reportó El Universal, llevará a cabo procedimientos para canalizar los reclamos de los afectados e instalar mecanismos que les faciliten presentar denuncias. También impulsará el apoyo legal y social, sumado a la preparación de un reporte técnico en colaboración con organismos multilaterales. Esta estrategia tiene como propósito documentar lo acontecido, avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades y dar visibilidad internacional al caso.
El Universal indicó que el Parlamento prevé que la comisión mantenga abiertos canales de diálogo y reparación para las familias, en tanto la denuncia forma parte de una línea de acción venezolana más amplia. Esta incluye la petición de observación internacional y la evaluación de eventuales sanciones para quienes resulten responsables de los operativos señalados.
Todo esto ocurre en un contexto de relaciones diplomáticas tensas entre Venezuela y Estados Unidos. De acuerdo con lo publicado por El Universal, los intercambios de acusaciones han incluido referencias a la soberanía nacional, la jurisdicción sobre crímenes transnacionales y el cumplimiento de los derechos humanos. En tal escenario, la Asamblea Nacional ha reafirmado que persistirá en su labor investigativa y de acompañamiento a los familiares de las víctimas, con el compromiso de clarificar las circunstancias de los fallecimientos.
Finalmente, El Universal consignó que la comisión designada integra en su propósito tanto la documentación de los hechos como el avance hacia procesos de justicia y eventual reparación para los deudos. El proceso incluye el envío de información a instancias internacionales y la búsqueda de apoyo para responder ante las consecuencias políticas y legales de las acciones denunciadas. El Parlamento se propone garantizar el seguimiento permanente del caso, hasta determinar responsabilidades y asegurar la protección de los derechos de las familias directamente afectadas.
