El sufrimiento de la comunidad educativa de Massanassa se ha situado en el centro del análisis parlamentario, luego de que la investigación sobre el episodio de DANA del 29 de octubre se dirigiese especialmente a esclarecer las condiciones que rodearon el fallecimiento de un trabajador en el instituto de esa localidad. Según informó el medio original, la comisión constituida por el Parlamento de la Comunitat Valenciana ha otorgado máxima prioridad a este caso a la hora de determinar el peso de los protocolos aplicados, la velocidad de reacción institucional y los déficits detectados en la coordinación durante el evento meteorológico extremo.
La publicación del medio original precisa que la investigación parlamentaria se desplegó con una agenda marcada por la notificación de 229 personas fallecidas como consecuencia directa del temporal en la Comunitat Valenciana, imprimiendo un sentido de urgencia a la revisión de los hechos y la respuesta institucional que ofrecieron las distintas competencias de gestión y emergencia. La comisión convocó al jefe de Gabinete de la Presidencia, José Manuel Cuenca, y al conseller de Educación, José Antonio Rovira, para recabar su testimonio sobre las decisiones tomadas y el flujo de información mantenido con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien el día del temporal permanecía en Xàtiva.
Según detalló el medio original, los trabajos de la comisión han registrado y analizado el intercambio de mensajes, llamadas y notificaciones electrónicas entre los cargos políticos y técnicos encargados de la gestión de la crisis. El énfasis ha estado puesto en rastrear si existieron desfases temporales que pudieran haber influido en la toma de decisiones o en la difusión de información esencial a los responsables autonómicos y municipales. José Manuel Cuenca expuso ante el grupo parlamentario que el presidente Mazón estuvo en todo momento informado con detalle del desarrollo del episodio meteorológico, recibiendo datos actualizados para poder estructurar su respuesta ante la evolución de la emergencia.
Uno de los focos identificados por los parlamentarios, según publicó el medio original, tuvo que ver con las medidas adoptadas en las instituciones educativas en comparación con otros organismos. Como constató la comisión, todos los actos académicos y administrativos de la Universidad de Valencia se suspendieron al recibir la alerta, mientras que la Conselleria de Educación resolvió mantener la jornada escolar. La base técnica para esta decisión se sustentó en informes que situaban el centro de gravedad del temporal en la provincia de Cuenca, dando lugar a interpretaciones dispares de una misma alerta y abriendo un cuestionamiento sobre los criterios adoptados por cada entidad en la gestión de la emergencia.
El medio original especificó que este enfoque ha abierto paso a una valoración detallada sobre si tales diferencias de criterios en la gestión de las alertas incrementaron la exposición a situaciones de riesgo para los trabajadores y alumnos de los centros docentes. Así, la comisión reconstruyó el orden y la pertinencia de los avisos emitidos, examinando tanto la rapidez como la eficacia de su difusión, y prestando especial atención al caso de Massanassa por la gravedad del desenlace.
En el proceso de revisión se examinaron posibles vacíos o lentitud en la emisión de orientaciones y medidas de protección. Se tuvieron en cuenta las fases previas y el desarrollo del episodio más crítico, con el propósito de identificar si la gestión de la alerta y el despliegue de medidas preventivas en el instituto de Massanassa se vieron lastrados por errores, omisiones o demoras evitables. El medio original describió cómo la responsabilidad sobre estos protocolos y su implementación está siendo sometida a una verificación minuciosa ante la comisión, con la meta de clarificar si existió un fallo estructural en la cadena de mando o simplemente una interpretación divergente de las alertas meteorológicas.
En paralelo, la comisión también dirigió su atención al operativo desarrollado por la Conselleria de Emergencias, al frente del cual se encontraba Salomé Pradas en esos momentos. Según la información difundida por el medio original, Pradas organizó la gestión del operativo en la comarca de la Ribera Alta luego de que se decretara el nivel uno de emergencia a las 13:19, desplazándose posteriormente a Utiel a las 16:48 para coordinar in situ junto a la Unidad Militar de Emergencias. El análisis parlamentario documentó las dificultades que la alteración de la red vial supuso para la movilidad de los equipos y ciertos altos funcionarios, cuyo acceso a las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se vio comprometido, generando demoras en la distribución de actualizaciones e instrucciones oficiales hacia los órganos de intervención.
Durante las comparecencias y trabajos de la comisión, liderados por Carmen Martínez Ramírez, se profundizó en los principios de circulación de la información entre las escuelas, la administración autonómica y los órganos dependientes de la Generalitat Valenciana, según reportó el medio original. Entre los cometidos principales figura la evaluación de la robustez de los protocolos actuales ante fenómenos de precipitaciones torrenciales, con el objetivo de detectar áreas susceptibles de mejora, especialmente en lo concerniente al tiempo de reacción desde la recepción de alertas hasta la toma de medidas preventivas de carácter efectivo.
La centralidad del caso de Massanassa se mantiene en la agenda parlamentaria en las últimas sesiones, especialmente en la labor de reconstruir, paso a paso, el trámite dado a las alertas y las directrices de salvaguarda ofrecidas a los empleados y estudiantes. El análisis recaba datos para determinar si la actuación institucional aportó un nivel de protección acorde a las necesidades de la emergencia o si algún desfase decisivo pudo haber contribuido al resultado mortal. Con ese fin, la comisión ha valorado la conveniencia de llamar a testigos externos a la administración; según consignó el medio original, se propuso la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana, reunida con el presidente Mazón en Valencia durante el punto álgido de la emergencia, un hecho subrayado por el grupo parlamentario Sumar para evaluar la eficacia de la capacidad operativa del ejecutivo.
En el proceso de recopilación de pruebas, el grupo parlamentario incorporó comunicaciones internas, documentación oficial y comparecencias de los principales responsables. El propósito declarado es esclarecer las responsabilidades, y analizar exhaustivamente cómo funcionaron los equipos de gestión y los procesos de decisión en aquellas horas. Según publicó el medio original, esta revisión forma parte de una evaluación sobre la validez y la adecuación de los sistemas institucionales y la eventual necesidad de introducir cambios en los procedimientos para afrontar riesgos comparables en el futuro.
De acuerdo con las sesiones más recientes recogidas por el medio original, el órgano parlamentario ha planteado entre sus principales objetivos la mejora de la coordinación interinstitucional, la optimización de los sistemas de información meteorológica y la reforma de los procesos de toma de decisiones bajo presión. La filosofía que guía estas recomendaciones apunta a consolidar la protección ciudadana ante la posibilidad, ya reiterada en la historia de la región, de lluvias intensas y otros eventos climáticos adversos que afectan de manera regular a la Comunitat Valenciana.
