Antes del cierre completo del espacio aéreo en Venezuela, más de 13.900 connacionales lograron ingresar al país a través de vuelos organizados directamente por el Estado. Luego de esta etapa y producto de nuevas restricciones derivadas de sanciones internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha un operativo especial para el retorno de nacionales, según informó una agencia internacional, centrando el esfuerzo en el traslado de ciudadanos en situación crítica, la gestión de salidas excepcionales y la búsqueda de cooperación internacional ante la persistencia de las restricciones.
De acuerdo con los datos publicados por esa agencia, la suspensión total de vuelos comerciales y humanitarios —tanto de entrada como de salida— alteró de forma significativa las posibilidades de regreso para quienes permanecen en el exterior. Aquellos venezolanos que desean retornar se ven obligados a apoyarse en mecanismos estatales, los cuales enfrentan obstáculos importantes: recursos limitados y criterios rígidos sobre a quiénes priorizar en los cupos habilitados. Las restricciones se dan en un contexto de crisis económica y problemas logísticos, situación que afecta con mayor intensidad a quienes carecen de los medios financieros necesarios para costear rutas alternativas, según consignó el mismo medio internacional.
La decisión de cerrar el espacio aéreo provino de una orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, contexto en el que Estados Unidos incrementó las sanciones sobre Venezuela. Posteriormente, el propio Ejecutivo venezolano canceló los permisos de operación para varias aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL, de acuerdo con la información publicada por la agencia internacional. Esta acción redujo al mínimo las rutas disponibles y dejó virtualmente clausuradas las posibilidades de vuelo fuera de los operativos organizados por el Estado.
Tras la promulgación de estas medidas, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos alertó a las compañías aéreas sobre los altos niveles de riesgo vinculados a operaciones en territorio venezolano y recomendó medidas de precaución extrema, reportó la agencia internacional. La combinación de estos factores derivó en la limitación de vuelos comerciales y humanitarios, afectando no solo a quienes buscaban regresar por motivos médicos o familiares sino también a quienes tenían trámites laborales o urgencias personales.
Frente a las restricciones, la presión sobre los canales oficiales de retorno aumentó considerablemente, al convertirse en la única vía formal para ingresar de nuevo al país. El Estado, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, explicó a la agencia internacional que se han autorizado vuelos excepcionales y revocado permisos a empresas extranjeras como “herramientas para proteger y disminuir los daños sociales producidos por el aislamiento”. Además, afirmó que programas como el “Plan Vuelta a la Patria” continúan activos y enfocados en migrantes con graves dificultades de índole social, económica o familiar, aunque recalcó que las limitaciones externas dificultan la gestión ágil y coordinada de estos procedimientos.
En sus declaraciones recogidas por la agencia internacional, Delcy Rodríguez asoció el endurecimiento de las sanciones estadounidenses a propuestas impulsadas por figuras opositoras, citando directamente a María Corina Machado. Al respecto, expresó que tal enfoque ha resultado en “una vulneración de derechos fundamentales y la afectación de la seguridad y el bienestar de la población venezolana”. Conforme a la versión difundida por el medio, el gobierno acompaña su respuesta operativa con gestiones diplomáticas ante organismos multilaterales, apelando a marcos legales internacionales y solicitando el levantamiento parcial de sanciones que restringen la movilidad de sus ciudadanos.
Los problemas no se circunscriben solamente al tema logístico de los vuelos. Según reportó la agencia internacional, muchas familias viven separaciones prolongadas, crecen los retrasos en la resolución de situaciones personales urgentes y se observan dificultades para retomar empleos o proyectos en el país, complicaciones todas agravadas por el contexto económico que enfrentan los migrantes varados.
De acuerdo con lo consignado, el gobierno administra los cupos disponibles asignando prioridad con base en urgencias y niveles de vulnerabilidad, modificando cronogramas y modalidades de retorno según la evolución de la situación internacional y los cambios regulatorios. Rodríguez recalcó ante la agencia internacional la voluntad de mantener abiertos y en funcionamiento los programas de repatriación, aunque condicionados a los nuevos escenarios derivados de las restricciones y del cierre aéreo total.
Esta funcionaria precisó que el “Plan Vuelta a la Patria” contempla mecanismos de adaptación dinámica según cómo avance la crisis e intentará ajustar los canales de retorno a las necesidades detectadas por las autoridades ante el flujo de solicitudes. Finalmente, en un mensaje dirigido tanto a ciudadanos venezolanos como a actores internacionales y citado por la agencia internacional, Rodríguez concluyó: “¡Venezuela vencerá siempre!”, reafirmando la posición estatal de continuar con la estrategia de repatriación pese a la adversidad generada por las sanciones y limitaciones logísticas en vigor.
