El organismo encargado de la seguridad vial en España ha puesto especial énfasis en la necesidad de adquirir balizas luminosas V16 solo en establecimientos y plataformas oficiales, subrayando que la autenticidad y la validez legal de estos dispositivos dependen estrictamente de la inclusión en el catálogo autorizado. La Dirección General de Tráfico (DGT) señala que el desconocimiento o la compra fuera de los canales reconocidos puede traer consecuencias jurídicas y administrativas, tales como multas o carencia de respaldo en caso de incidentes. Según informó el medio citado, el plazo para adaptarse a este cambio regulatorio es limitado, circunstancia que la DGT destaca en sus distintas campañas informativas recientes.
A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos reflectantes dejarán de ser el sistema reglamentario de señalización de emergencia en las vías españolas; en su lugar, resultará obligatoria la utilización de la baliza luminosa V16 homologada. Solo los dispositivos incluidos en el repertorio aprobado por la DGT serán considerados legales y aptos para circular. El medio advierte, de acuerdo con las pautas difundidas por la DGT, que poseer una baliza no homologada o adquirida fuera de los canales oficiales puede derivar en multas de hasta 80 euros, así como en la pérdida de la cobertura jurídica ante cualquier intervención policial o accidente vial.
La DGT ha remarcado, según consignó el medio, que ni el tipo de embalaje ni las campañas publicitarias de los fabricantes constituyen por sí solas garantía de conformidad legal. El único elemento válido para verificar la legalidad de estos aparatos es la presencia en el listado oficial y la posesión de la correspondiente documentación. La homologación de cada modelo requiere superar ensayos que analizan la intensidad y duración de la señal luminosa, la solidez estructural para enfrentar golpes y la eficacia de su sistema de transmisión de datos en tiempo real.
Cada baliza homologada incorpora una tarjeta SIM operativa durante al menos 12 años, lo que permite que el dispositivo informe automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, sin generar gastos adicionales ni necesidad de suscripciones. Esto facilita la difusión inmediata de la alerta en paneles informativos de la vía y sistemas de navegación, permitiendo que otros usuarios reciban notificaciones sobre la existencia de un vehículo detenido desde el momento en que la baliza es accionada tras una avería o accidente.
El catálogo oficial, disponible para consulta pública, incluye una variedad de modelos que reflejan tanto la evolución tecnológica como la diversidad de necesidades de los conductores. Tal como reportó el medio, las balizas homologadas tienen precios que empiezan en torno a los 35 euros, aunque el costo puede incrementarse según el material, las funciones adicionales y los accesorios incorporados en cada unidad.
El proceso de aprobación figura como la única vía que asegura la fiabilidad técnica y la protección jurídica asociada al dispositivo. El medio detalla que los modelos aprobados muestran de manera precisa en la carcasa y las etiquetas información relevante, como la marca, el modelo, el número de informe técnico y el sello del laboratorio responsable del ensayo. La documentación que acredita la legalidad debe conservarse durante toda la vida útil de la baliza y estar disponible tanto para inspecciones como para trámites posteriores a incidentes.
Según indica la DGT en mensajes y boletines oficiales recogidos por el medio, la autonomía de la baliza supone que la conectividad queda garantizada sin intervención externa ni vinculación con teléfonos móviles u otros dispositivos personales. Esto implica que no hay barreras tecnológicas adicionales para cualquier conductor que requiera activar el sistema de emergencia en un incidente en carretera.
La DGT advierte que retrasar la compra podría llevar a la falta de stock en los puntos de venta oficiales o a la adquisición involuntaria de modelos no admitidos. Esta situación acrecentaría el riesgo de sanciones y la indefensión legal, pues los productos falsificados o no certificados carecen de los controles exigidos y no pueden ser acreditados en inspecciones. El medio enfatiza, siguiendo los posicionamientos institucionales, que estos artículos pueden incluso agravar situaciones de emergencia al fallar en condiciones críticas o no cumplir los parámetros de visibilidad y localización.
El organismo ha centralizado el proceso regulatorio para permitir solo la distribución de modelos que hayan pasado un control documental y técnico exhaustivo, enmarcado dentro de las políticas institucionales para fomentar la transparencia y el acceso al listado completo de opciones legales. La estrategia está orientada a evitar fraudes y a garantizar que el cambio en la señalización de emergencias realmente logre el objetivo de fortalecer la seguridad vial.
Este cambio normativo, recogido y detallado por el medio, afecta no solo a quienes conducen vehículos particulares sino al conjunto de los usuarios de la red vial, puesto que introduce una nueva obligación que puede tener consecuencias económicas o legales si no se cumple estrictamente. La DGT, a través de todas sus vías de comunicación oficial, insiste en la importancia de no recurrir a canales alternativos de venta ni confiar en garantías ajenas al registro oficial, reforzando el criterio de conservar siempre los certificados de compra y homologación junto al equipo.
Toda la transición hacia las nuevas balizas se realiza bajo una vigilancia institucional estricta, de modo que el respeto al procedimiento y a las condiciones técnicas establecidas representa la única manera admitida para la adopción del nuevo sistema. Recurrir a vías no autorizadas, a productos sin registro o a ofertas que eludan los controles habilitados se traduce en una exposición directa a sanciones y a la desprotección legal ante cualquier contratiempo en la vía, tal como informó el medio en base a los lineamientos actuales de la DGT.
