Durante un encuentro sostenido con familiares de las víctimas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la identidad de quienes asistan a las reuniones permanecerá en reserva, así como cualquier dato personal, con el propósito de salvaguardar su seguridad frente a eventuales presiones externas o riesgos de represalias. En ese contexto, Rodríguez reiteró que la protección de los allegados de los fallecidos constituye la prioridad inmediata de las autoridades, las cuales han anunciado la implementación de mecanismos legales y monitoreo permanente para evitar filtraciones o incidentes que puedan comprometer la integridad de testigos y familiares. De acuerdo con información publicada por Globovisión, este anuncio se relaciona directamente con la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de conformar una comisión especial encargada de investigar la muerte de al menos 83 personas, en lo que legisladores venezolanos califican como presuntas “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por fuerzas estadounidenses durante operaciones militares realizadas en el Caribe y el Pacífico a partir del 2 de septiembre.
El medio Globovisión destacó que la creación de dicha comisión se formalizará en una sesión parlamentaria programada para el lunes posterior a la denuncia, donde también se delimitarán los alcances y competencias de la instancia de investigación. Esta comisión contará con la colaboración del Ministerio Público venezolano, que asumirá la responsabilidad de iniciar las pesquisas penales, además de definir procedimientos de resguardo y asistencia jurídica para los allegados de las víctimas. Rodríguez sostuvo que los esfuerzos institucionales buscarán tanto esclarecer los hechos como garantizar que los familiares cuenten con apoyo ante posibles amenazas provenientes de sectores cuya identidad no ha sido detallada.
En su intervención, Rodríguez aludió al Artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, según reportó Globovisión, para subrayar la obligación internacional de brindar asistencia y protección a heridos y enfermos, sin importar el contexto ni la identidad de las personas afectadas. A partir de este fundamento jurídico, argumentó que las acciones militares denunciadas infringen no solo el derecho internacional humanitario, sino también la legislación marítima internacional, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El vocero también hizo referencia a la normativa que regula los combates navales y la prohibición de ataques contra náufragos y personas fuera de combate.
Según consignó Globovisión, tras reportarse la muerte provisional de al menos 83 personas, los parlamentarios han insistido en la necesidad de articularse con organismos nacionales e internacionales especializados, con la intención de recabar testimonios, analizar tratados y normativas relevantes, y tramitar formalmente la apertura de investigaciones penales ante el Ministerio Público. Jorge Rodríguez informó que parte de la agenda prioritaria de la comisión especial contempla el acompañamiento legal directo a los familiares de los fallecidos, así como la implementación de medidas de apoyo y protección ampliada frente a los riesgos detectados en el entorno social y judicial nacional.
La noticia sobre las muertes sucedidas en aguas internacionales, atribuidas a operativos estadounidenses que tenían como objetivo a embarcaciones presuntamente implicadas en tráfico de drogas, ha despertado preocupación en el Parlamento venezolano sobre la posibilidad de que las operaciones puedan extenderse hacia territorio o jurisdicción nacional. Globovisión indicó que esta perspectiva ha generado debate tanto en espacios multilaterales como dentro de la estructura institucional venezolana, incrementando la tensión en el ámbito político y judicial del país.
La sesión legislativa, según relató el portal venezolano, incluirá el debate en torno a la atribución de competencias a los integrantes de la comisión especial y el diseño de estrategias para garantizar la protección tanto de las pruebas recolectadas como de los testimonios de los familiares. Las autoridades resaltaron la importancia de vigilar cualquier movimiento militar o decisión política que pudiera derivar en una ampliación de los operativos hacia la frontera venezolana. Rodríguez recalcó la vigilancia permanente sobre cualquier iniciativa externa que, desde Washington, implique nuevos riesgos para la soberanía del país y los derechos de los ciudadanos afectados por este tipo de incidentes.
El análisis jurídico mencionado por Rodríguez también cita el Protocolo Adicional I de 1977 de los convenios internacionales, especialmente el Artículo 41, que prohíbe atacar a personas fuera de combate, ya sean desarmados, heridos o náufragos. El presidente de la Asamblea Nacional utilizó este argumento para cuestionar supuestas acciones secundarias de fuerzas estadounidenses, que habrían atacado a sospechosos de narcotráfico que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad tras bombardeos iniciales. Las autoridades venezolanas insisten en la incompatibilidad de este tipo de intervenciones con el marco legal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal como apuntó Globovisión.
De acuerdo con lo divulgado por Globovisión, organismos internacionales como Naciones Unidas y entidades centradas en la defensa de los derechos humanos han expresado su condena ante los hechos, remarcando que las muertes denunciadas representan ejecuciones extrajudiciales y constituyen una violación grave de las garantías protegidas en los tratados internacionales. Estos organismos también han formulado llamados a fortalecer los canales institucionales que permiten investigar y sancionar acciones que infrinjan la normativa global referente al trato humanitario y la regulación de los conflictos armados.
La comisión especial creada a partir de esta denuncia, indicó Globovisión, cumplirá un papel central a la hora de recopilar información, recabar testimonios y estructurar un informe técnico detallado que sustente futuras denuncias ante instancias internacionales. Además, se prevé el desarrollo de estrategias legales destinadas a fortalecer la posición venezolana frente a posibles repeticiones de ataques similares y para resguardar la seguridad de quienes colaboren con el proceso.
Globovisión señaló que tanto la Asamblea Nacional como diferentes instituciones oficiales han destacado el impacto que los recientes episodios pueden tener en el respeto a las normas jurídicas internacionales vinculadas a persecuciones marítimas y conflictos armados. Se recalcó el riesgo de que estos hechos sienten un precedente en la región y que la respuesta institucional debe contemplar la consolidación de mecanismos de defensa nacional, la denuncia internacional y la protección reforzada a los afectados.
Finalmente, el reporte de Globovisión agregó que la crisis institucional abierta por la potencial expansión de las operaciones militares hacia áreas venezolanas ha elevado la urgencia de elaborar nuevos informes técnicos, articular estrategias legales adicionales y coordinar solicitudes de intervención y observación por parte de organismos multilaterales. Estas acciones buscan tanto clarificar las circunstancias de las muertes denunciadas como fortalecer la postura del Estado venezolano ante futuros desafíos relacionados con denuncias de acciones militares extranjeras en el ámbito marítimo internacional.
