La preocupación internacional por la situación de los funcionarios electorales y figuras políticas detenidas llevó al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a exigir su liberación incondicional, subrayando que la normalización institucional y democrática de Guinea Bissau depende de restablecer tanto la seguridad física como los derechos políticos de dichos actores. Según informó la Unión Africana, la suspensión de Guinea Bissau de todos los órganos e instituciones continentales se decidió tras el golpe militar ocurrido el miércoles 26 de noviembre, tras la intervención de las Fuerzas Armadas del país y la destitución del presidente Umaro Sissoco Embaló.
De acuerdo con el medio que dio a conocer el comunicado oficial, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana celebró el viernes una sesión de emergencia, durante la cual se dispuso la “expulsión inmediata” de la República de Guinea Bissau de cualquier actividad, institución y organismo vinculado al ente supranacional. El organismo sustentó su decisión en el Artículo 7g del Protocolo para el Establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la UA, el cual prevé la imposición de sanciones ante cualquier “cambio inconstitucional de gobierno” en un país miembro. En la misma línea, el documento detalla que el Artículo 25.1 de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobierno establece que la suspensión del Estado miembro responsable debe ser efectiva de inmediato si fracasan los esfuerzos diplomáticos ante una ruptura del orden constitucional.
El documento emitido por la Unión Africana, reportado por el medio citado, recalca que la injerencia militar constituye un grave obstáculo para el respeto al orden democrático y constitucional en Guinea Bissau. La organización denuncia que esta usurpación del poder “socava las perspectivas de estabilidad y estado de derecho expresadas por el pueblo de Guinea Bissau” y califica lo sucedido como “una flagrante violación de los instrumentos de principios y normativos de la UA”, haciendo referencia tanto a la Carta Africana sobre Elecciones, Democracia y Gobierno, como a la Declaración de Lomé de 2000.
El Consejo de Paz y Seguridad urgió a que todos los funcionarios electorales, junto con líderes políticos detenidos, sean puestos en libertad sin condiciones y recobren su seguridad y dignidad, insistiendo en la necesidad de permitir que la Comisión Nacional Electoral retome y concluya el conteo y anuncio formal de los resultados de las elecciones generales realizadas el domingo anterior al golpe. El órgano enfatizó que solo así podrá completarse el proceso electoral mediante la toma de posesión de quien resulte ganador.
Respecto a los observadores internacionales presentes en Guinea Bissau, la Unión Africana solicitó a los líderes del golpe que velen por la integridad de dichos delegados y faciliten su salida del país en condiciones de seguridad, tarea extendida tanto a los representantes de la propia UA como a los enviados de otros organismos internacionales. Según detalló la UA, garantizar este resguardo es esencial para preservar el proceso democrático bajo los parámetros internacionales establecidos.
El reporte del medio señala que la decisión del organismo continental sobrevino después de que las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau comunicaran el derrocamiento del presidente Embaló, acción ejecutada durante una escalada de tensiones vinculadas al resultado de las elecciones generales del domingo anterior al golpe. Como consecuencia de esta intervención militar, el propio mandatario denunció haber sido arrestado en su despacho del Palacio Presidencial. Además, el medio confirmó que, junto a Embaló, también habrían sido privados de su libertad Domingos Simoes Pereira, destacado dirigente de la oposición, y los principales responsables de la campaña electoral del candidato Fernando Dias da Costa, principal adversario electoral de Embaló.
La Unión Africana explicitó en su declaración el apoyo al pueblo de Guinea Bissau y a su derecho de perseguir los valores de democracia, buen gobierno y prosperidad, reafirmando la solidaridad de los países africanos con la sociedad y su derecho a elegir sus representantes por vías legítimas. Además, la organización comunicó que hará un seguimiento de la situación para observar si se restablecen las condiciones necesarias para normalizar la membresía de Guinea Bissau, de acuerdo con las cláusulas del derecho internacional regional y los instrumentos jurídicos del organismo.
Todos estos pronunciamientos coinciden con la suspensión de todo proceso electoral en el país, decisión tomada por la cúpula militar tras los eventos, y el contexto de incertidumbre política que surge con la detención tanto del presidente legítimo como de figuras clave de la oposición y de la administración electoral.
