La reciente postura adoptada por la presidenta del Alto Tribunal de Tokio, Ayumi Higashi, sostiene que las cuestiones relativas al matrimonio entre personas del mismo sexo requieren primero un análisis profundo en el Parlamento, y califica como “razonables en las circunstancias actuales” las normativas civiles japonesas que mantienen prohibido el matrimonio igualitario. Esta decisión judicial contradice precedentes de otras jurisdicciones del país y mantiene la negativa al reconocimiento legal de parejas homosexuales. El dictamen, emitido el viernes, además, reaviva el debate nacional sobre los derechos civiles aún pendientes para la comunidad LGBT y la presión existente por una reforma legislativa en Japón, según informó El País.
Tal como publicó El País, este fallo del tribunal capitalino se aparta de la tendencia reciente en la justicia japonesa, ya que otros cinco veredictos habían resultado favorables a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las sentencias previas de los tribunales de Osaka, Nagoya, Sapporo y Fukuoka, junto a una anterior emitida también en Tokio aunque bajo circunstancias distintas, habían reconocido argumentos para avanzar hacia el matrimonio igualitario en el país. Sin embargo, la resolución más reciente de la capital consideró que la actual prohibición no vulnera la Constitución.
Según consignó El País, la presidenta Higashi enfatizó que toda modificación sobre el matrimonio debería desarrollarse mediante discusión parlamentaria, resaltando que el marco normativo vigente responde a la sociedad japonesa contemporánea. El pronunciamiento judicial, así, sostiene la situación en la que Japón sigue siendo el único Estado integrante del G7 que no contempla la posibilidad de matrimonio o uniones civiles para personas del mismo sexo, pese a la presión creciente ejercida tanto por colectivos LGBT como por sus simpatizantes.
El dictamen dado a conocer en la capital ha generado reacciones inmediatas. Amnistía Internacional criticó duramente la resolución al considerarla un obstáculo en la búsqueda de la igualdad. A través de un comunicado difundido en su página web, la organización de Derechos Humanos advirtió: “No podemos permitir que el fallo de Tokio obstaculice el progreso. Sin embargo, debería servir como advertencia sobre la reticencia a reconocer el concepto del matrimonio igualitario y la realidad de las parejas del mismo sexo que viven en Japón”, según recogió El País. Amnistía considera el veredicto como un retroceso para la causa del reconocimiento legal de las parejas homosexuales en el archipiélago.
Mientras tanto, la discusión se mantiene a la espera de una futura resolución del Tribunal Supremo japonés, cuyo pronunciamiento podría producirse a principios del próximo año, como muy pronto, según detalló El País. Activistas y organizaciones por los derechos civiles han reiterado su reclamo para que el máximo órgano judicial establezca un criterio definitivo y esclarecedor frente a las posturas contradictorias entre los distintos tribunales regionales del país.
El contexto legislativo y social en Japón agrega un elemento de complejidad adicional. Aunque existen movimientos de apoyo y presiones internacionales, la legislación nacional hasta el momento no reconoce el matrimonio ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Tal como ha reportado El País, la ausencia de medidas legales obliga a las parejas LGBT a vivir sin el respaldo jurídico que sí se ofrece en otros países desarrollados, especialmente entre los socios del G7.
Diversos sectores dentro y fuera de Japón siguen manifestando su preocupación por la falta de avances en la materia. A pesar de ciertos gestos de respaldo, el debate político no ha producido hasta el momento reformas sustantivas que permitan cambiar la situación legal de las parejas del mismo sexo en el país. La resolución del Alto Tribunal de Tokio, en este sentido, contribuye a mantener la materia como uno de los principales temas pendientes en la agenda de derechos civiles japonesa.
Este panorama mantiene a Japón en el foco de atención de organismos internacionales y colectivos de derechos humanos. La expectativa se centra ahora en la decisión que adoptará el Tribunal Supremo y en posibles movimientos por parte del Parlamento, en medio de presiones sociales que demandan el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBT, como detalla El País.
El debate jurídico y social sobre el matrimonio igualitario continúa abierto, en tanto sectores del activismo y de la sociedad civil persisten en su exigencia de cambios legislativos que otorguen derechos plenos a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual.
