La interrupción del acuerdo energético entre Venezuela y Trinidad y Tobago, junto con la declaración de persona ‘non grata’ a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar por parte de la Asamblea Nacional venezolana, profundizó la tensión diplomática en el Caribe. Estos episodios ocurrieron poco después de maniobras militares conjuntas entre Trinidad y Tobago y las fuerzas de Estados Unidos, que incluyeron la estancia del destructor USS Gravely en el puerto de Puerto España, reportó el medio ‘Guardian’. En ese contexto, la presencia de militares estadounidenses en la isla fue confirmada oficialmente.
Según informó el ‘Guardian’, la mandataria caribeña explicó en una conferencia de prensa que personal militar de Estados Unidos se encuentra actualmente en Trinidad y Tobago para colaborar con autoridades locales en la construcción de infraestructura aeroportuaria, la mejora de accesos viales y la instalación de un sistema de radar en el aeropuerto nacional. De acuerdo con Persad-Bissessar, estas acciones buscan reforzar la capacidad de vigilancia frente a actividades delictivas, particularmente el tráfico ilícito y las redes que actúan en aguas y espacios aéreos próximos al territorio nacional.
La mandataria precisó que el despliegue estadounidense responde a acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad, descartando de manera enfática que el territorio isleño vaya a ser utilizado como base para eventuales operaciones armadas contra Venezuela. Tal como señaló Persad-Bissessar, citada por el ‘Guardian’, la administración de Donald Trump “nunca ha solicitado el uso” del suelo de Trinidad y Tobago “para ataques contra el pueblo venezolano”, y Puerto España “no participará” en ese tipo de acciones militares.
El mismo medio detalló que estas declaraciones se produjeron tras un encuentro reciente entre la primera ministra y el jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos, Dan Caine. Durante la reunión, ambas partes abordaron temas como la cooperación bilateral, la estabilidad y la unidad regional, así como la lucha compartida contra el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional. Estos contactos diplomáticos y de defensa ocurrieron en un momento de particular sensibilidad, ante la exposición pública de los ejercicios militares realizados entre el 16 y el 21 de noviembre de 2025, donde Trinidad y Tobago y la Marina estadounidense coordinaron acciones conjuntas.
El USS Gravely, un destructor de la Marina de Estados Unidos, permaneció atracado en la capital trinitense desde el 26 de octubre, como parte de la preparación para dichos ejercicios, según consignó ‘Guardian’. Estas maniobras se inscriben en un programa regular de intercambios militares entre ambos países, destinados a mejorar las capacidades locales para el control del espacio marítimo y aéreo ante delitos transfronterizos.
La respuesta venezolana ante la intensificación de la cooperación militar entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos, sumada a la presencia de fuerzas armadas extranjeras en la región, no tardó en materializarse. Tras el desarrollo público de las maniobras y la llegada del USS Gravely, Caracas optó por suspender el acuerdo energético bilateral, uno de los pilares de la relación económica entre ambos países caribeños. Paralelamente, la Asamblea Nacional venezolana emitió una resolución que declaró persona ‘non grata’ a la líder trinitense, citando la “pérdida de confianza” y las preocupaciones respecto a la política de defensa y seguridad adoptada por Puerto España.
El ‘Guardian’ precisó que estos acontecimientos evidencian el delicado equilibrio que los países caribeños intentan mantener entre la cooperación internacional en materia de vigilancia y control, la preservación de la soberanía nacional y la gestión de sus relaciones con gobiernos vecinos. La participación de fuerzas extranjeras, en particular de Estados Unidos, constituye un factor de análisis estratégico para los Estados de la región, expuestos tanto a desafíos en materia de seguridad como a la presión diplomática por parte de actores externos.
A nivel interno, la primera ministra de Trinidad y Tobago sostuvo que la presencia militar estadounidense tiene como objetivo “enfrentar delitos transfronterizos y reforzar mecanismos de control” en las fronteras marítimas y aéreas del país, según publicó el ‘Guardian’. La mandataria defendió la legitimidad y el alcance de la cooperación con Washington, argumentando que responde tanto a compromisos formales como a una necesidad urgente de mejorar las capacidades nacionales de respuesta ante el crimen organizado y el tráfico ilícito que afecta al Caribe.
El contexto diplomático se mantuvo bajo una vigilancia constante, en medio de preocupaciones manifestadas tanto por Caracas como por autoridades locales, ante la posibilidad de que la isla funcione como plataforma para operaciones militares extranjeras. Persad-Bissessar reiteró que la política exterior de Trinidad y Tobago rechaza toda participación en acciones armadas dirigidas contra países vecinos, reafirmando el carácter exclusivamente defensivo y de cooperación de los acuerdos en curso con Estados Unidos. Todas estas afirmaciones y aclaraciones se produjeron en respuesta a conjeturas y críticas en la opinión pública sobre el propósito real de la presencia militar y el alcance de las maniobras conjuntas, consignó el ‘Guardian’.
A lo largo de las últimas semanas, la sucesión de acontecimientos en Trinidad y Tobago y Venezuela ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan los países caribeños para conjugar las exigencias operativas relativas a la seguridad —enfrentando tráfico ilícito y redes delictivas transnacionales, según la fuente— con el sostenimiento de relaciones diplomáticas estables y el abastecimiento energético necesario para el desarrollo nacional.
