El director de la Oficina de Sanidad de la provincia de Campiña de Damasco, Taufiq Hasaba, declaró que el ataque israelí en la localidad siria de Beit Yin dejó trece personas muertas y veinticuatro heridas, señalando que entre las víctimas se encuentran menores. Las autoridades sirias atribuyeron la acción a una incursión militar ejecutada por Israel en cercanías de Damasco, lo que obligó a numerosos residentes a abandonar la zona en busca de protección, según consignó la agencia estatal siria de noticias, SANA. Esta ofensiva, ocurrida en un contexto de tensión estado-frágil tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, ha reforzado la preocupación internacional por un deterioro en la estabilidad regional. Naciones Unidas denunció la operación como una “grave e inaceptable violación” de la soberanía siria, según reportó el organismo citado por varias agencias internacionales.
La enviada especial adjunta de la ONU para Siria, Najat Rochdi, subrayó los desafíos humanitarios y de seguridad asociados a la incursión y los sucesivos bombardeos, que provocaron el desplazamiento de decenas de civiles. Rochdi afirmó que este tipo de acciones incrementan la inestabilidad en una región ya marcada por la fragilidad política y social. Durante su declaración pública, detalló que Naciones Unidas mantiene su “firme compromiso” con la soberanía, unidad, independencia e integridad territorial de Siria, al mismo tiempo que solicitó el cese inmediato de todas las violaciones al territorio sirio y exigió el cumplimiento pleno del Acuerdo de Separación de 1974 entre Siria e Israel.
El medio SANA publicó declaraciones de fuentes sanitarias que precisan que la “agresión israelí” se tradujo en doce muertes en el lugar del bombardeo, mientras que una persona falleció posteriormente en el hospital, elevando la cifra total a trece. Los heridos, según la misma fuente, recibieron atención de emergencia en hospitales de la Campiña de Damasco y en instalaciones de salud de la capital, donde algunos permanecen en condición grave.
En sus declaraciones, las autoridades formadas por la estructura vigente tras la salida del gobierno de Bashar al Assad calificaron el ataque como un “ataque criminal” que, afirmaron, podría considerarse un “crimen de guerra” debido a la muerte de minoría y otros civiles. Se solicitó la intervención de organismos internacionales para investigar el incidente y garantizar la protección de la población en zonas próximas a la frontera israelí.
El Ejército de Israel, por su parte, confirmó la realización de la operación y manifestó que el blanco de la ofensiva eran presuntos miembros de Yama Islamiya, un grupo vinculado con la organización islamista Hermanos Musulmanes y considerado aliado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según detalló el portavoz militar, la acción formó parte de una estrategia dirigida contra elementos que Israel vincula con actividades hostiles procedentes del Líbano y dirigidas hacia territorio israelí. No obstante, Yama Islamiya negó tener presencia operativa en la región de Beit Yin o en áreas cercanas, según informaciones recogidas por agencias internacionales.
De acuerdo con lo reportado por Naciones Unidas, la situación en la zona resulta especialmente delicada desde la instauración de nuevas autoridades en Siria, tras el colapso del antiguo régimen a fines de 2024. El organismo internacional expresó su preocupación por el riesgo de más desplazamientos y la posibilidad de un aumento de la violencia directa tanto en la región de Beit Yin como en otras áreas fronterizas. Funcionarios de la ONU reiteraron la necesidad de respetar los acuerdos internacionales y evitar la escalada de operaciones militares que pongan en peligro a la población civil.
SANA, en sus actualizaciones, subrayó que la intervención militar israelí despertó alarma entre los habitantes de la Campiña de Damasco y motivó el desplazamiento forzoso de decenas de familias. Varios testigos desde la zona relataron la destrucción de viviendas y daños en infraestructuras clave, lo que complica el acceso a servicios básicos y añade dificultades al incipiente proceso de reconstrucción tras años de conflicto.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Tal como recogió la prensa internacional, diversos dirigentes políticos y organismos defensores de los derechos humanos se sumaron a las voces que buscan esclarecer los hechos y demandan acciones para proteger a la población no combatiente de nuevas agresiones. Las autoridades sirias reiteraron la petición de apoyo externo para documentar los daños y reunir pruebas ante instancias multilaterales.
Naciones Unidas hizo hincapié nuevamente en la importancia del respeto a la soberanía siria y la estabilidad de toda la región, en un momento en el que la situación humanitaria permanece comprometida por la inseguridad y las restricciones a la movilidad de miles de personas. Según reportó SANA, tanto la administración siria como la ONU remarcaron la urgencia de restaurar condiciones mínimas de seguridad y evitar la repetición de actos similares que obstaculicen los esfuerzos de paz y recuperación.
