Augusto Heleno Ribeiro, general retirado y exministro del gabinete de Seguridad Institucional durante el gobierno de Jair Bolsonaro, notificó ante médicos que padece alzhéimer desde 2018, dato que fue incorporado al expediente judicial y determinó un giro en la tramitación de su arresto. Según informó el medio, la Fiscalía de Brasil solicitó el viernes una medida al Tribunal Supremo: arresto domiciliario para Heleno, quien enfrenta cargos por su supuesta participación en la trama que intentó mantener a Bolsonaro en la presidencia tras la derrota electoral de octubre de 2022.
De acuerdo con la información consignada por la agencia de noticias, la petición de arresto domiciliario se fundamenta en la edad de Heleno, de 78 años, y en la evidencia clínica acerca del deterioro neurocognitivo que sufre. Tal como detalló la Fiscalía y citó el medio, se determinó que la gravedad de su condición, comprobada por informes médicos, no resulta compatible con el cumplimiento de la condena en ambientes distintos a su domicilio. Paulo Gonet, fiscal general, declaró en su escrito que la medida resulta “excepcional, proporcional a su edad y estado de salud, cuya gravedad ha sido debidamente probada y podría verse comprometida si se mantiene fuera de su domicilio”.
Hasta el momento de la petición fiscal, Heleno había sido detenido el martes y remitido a instalaciones militares, donde estaba previsto que comenzara a purgar una condena de 21 años por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado. El general aparece en la causa judicial como una figura relevante dentro del denominado “núcleo crucial” coordinado por Bolsonaro, integrado por otros altos funcionarios y aliados de confianza, según reportó la prensa brasileña.
El caso quedó remitido a la decisión del juez Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo que dirige el expediente principal sobre el intento de golpe de Estado. El juez Moraes había adoptado medidas similares en semanas recientes: el medio relató que envió al expresidente Bolsonaro a una sala de detención especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, por intentar retirarse la tobillera electrónica que debía portar como parte de medidas cautelares.
En relación con los demás implicados en la causa, la distribución de los lugares de detención obedeció al estatus militar de los acusados. Según publicó la agencia, de los siete integrantes principales de la trama descrita en la causa, solo uno, el exministro de Justicia Anderson Torres, permanece encarcelado en un centro penitenciario común (Papuda), cumpliendo una condena de 24 años. El resto fue recluido en dependencias de las Fuerzas Armadas, con excepción de Alexandre Ramagem, antiguo titular de la Agencia Brasileña de Inteligencia, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos.
Los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, así como el almirante y ex jefe de la Marina Almir Garnier, permanecen en destacamentos militares, reportó el mismo medio. Nogueira se halla en la misma entidad donde había sido destinado Augusto Heleno Ribeiro como medida cautelar inicial.
En relación a Mauro Cid, coronel y exasesor directo de Bolsonaro, el avance de la investigación permitió que el funcionario accediera a una reducción de sanción y cambio en el régimen de cumplimiento, consecuencia de la colaboración prestada durante el proceso penal. Según consignó la fuente, Cid cumple una pena de dos años en régimen abierto tras haber aportado información relevante.
La trama judicial que afecta a este grupo, según detalla la prensa brasileña, gira en torno a la construcción de un aparato que, tras la derrota de Bolsonaro ante Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022, buscó mecanismos para invalidar el resultado o impedir la alternancia en el poder. El juez Alexandre de Moraes concentra en su despacho las causas contra los principales civiles y militares del entorno bolsonarista acusados de estos delitos.
En el caso particular de Augusto Heleno Ribeiro, su trayectoria al frente del Gabinete de Seguridad Institucional, cargo al que accedió en 2019, lo situó en el centro de las decisiones estratégicas de seguridad nacional y militar en el último gobierno. Después de dejar el cargo tras la salida de Bolsonaro de la presidencia, el general se sumó a la lista de investigados por las maniobras para sostener el mandato del líder ultraderechista.
Los documentos médicos y declaraciones incorporadas por la defensa y evaluados por la Fiscalía reconocen el curso crónico de la enfermedad neurodegenerativa, detectada en 2018, y la progresión sostenida del alzhéimer. Según los peritos citados por el medio, las condiciones físicas y cognitivas del exministro comprometen su capacidad de adaptación y respuesta frente a los protocolos penitenciarios comunes, argumento central que la Fiscalía expuso ante el magistrado del Supremo Tribunal Federal.
El avance de las causas judiciales derivadas de la crisis post electoral que atravesó Brasil tras 2022 ha llevado a que distintos tribunales y jueces instruyan procesos vinculados a la intentona golpista. El medio detalló cómo las detenciones de figuras militares y allegados a Bolsonaro marcan una decisión inédita en la historia reciente del país respecto a la responsabilización de agentes estatales que, desde altas esferas, traspasaron los límites institucionales en defensa de un gobierno cesante.
