El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha demandado la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de forma arbitraria en Guinea Bissau, siguiendo reportes sobre al menos 18 arrestos ilegales y casos de incomunicación, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza y amenazas contra la prensa. Según 'O Democrata', las preocupaciones internacionales se han intensificado tras el reciente golpe de Estado militar que derrocó al presidente Umaro Sissoco Embaló, lo que ha generado exigencias de protección de los derechos fundamentales en el país, en un contexto de profundas tensiones políticas y sociales.
De acuerdo con el diario guineano 'O Democrata', tras asumir la presidencia el jueves como mandatario de transición, Horta N'Tam oficializó este viernes el nombramiento del exministro de Finanzas, Ilidio Vieira Té, como primer ministro. Vieira Té, considerado próximo al expresidente Embaló y quien fungió como director de su última campaña electoral, ejercerá este cargo de manera temporal y también mantendrá el control de la cartera de Finanzas, según el decreto firmado durante las primeras horas del nuevo gobierno interino. La junta de transición, autodenominada Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público, también designó a Tomás Djassi como jefe de las Fuerzas Armadas poco antes de dar a conocer la composición del Ejecutivo.
El medio 'O Democrata' indicó que poco después de formalizar los nombramientos, las autoridades de transición levantaron el toque de queda y el bloqueo de las redes sociales, restricciones que fueron impuestas tras la asonada militar que lideró N'Tam. Estas medidas se habían mantenido durante los días críticos que siguieron al golpe, incluyendo la suspensión temporal del acceso a Internet entre el miércoles y el jueves, episodios durante los cuales también varias emisoras independientes cesaron sus transmisiones por orden de la junta.
La asonada militar se produjo tras la celebración de las elecciones el pasado domingo, cuyos resultados fueron anulados después de que tanto Embaló como Fernando Dias da Costa, principal aspirante opositor, reclamaran la victoria. Domingos Simoes Pereira, líder histórico del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC-CV) y favorito opositor, fue excluido de la contienda por el órgano electoral, circunstancia que llevó a su partido a respaldar a Dias da Costa en un intento de desplazar del poder a Embaló. La votación del domingo transcurrió de manera pacífica, según fuentes citadas por 'O Democrata', aunque marcada por la ausencia de Simoes Pereira.
Horta N'Tam asumió la presidencia para un periodo de transición de un año, tal como propuso la junta militar, y justificó su intervención alegando la existencia de "un plan de golpe de Estado con apoyo de narcotraficantes" cuya finalidad sería "capturar la democracia guineana". Esta acusación se produjo después de que la autoridad electoral anulara los resultados de los comicios y la junta interrumpiera el proceso antes de proclamar a un ganador, medida que generó el rechazo inmediato de organismos internacionales y potencias extranjeras.
Según confirmó 'O Democrata', el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que tras el golpe se registraron arrestos y detenciones considerados arbitrarios, incluyendo funcionarios gubernamentales y opositores, además de amenazas e intimidación hacia periodistas y medios. Volker Turk manifestó su preocupación ante la suspensión temporal de varias emisoras independientes y el empleo de munición real por fuerzas de seguridad durante las protestas posteriores al golpe. En palabras del representante de la ONU, "las autoridades militares deben garantizar el pleno respeto de las libertades fundamentales de todos, incluido el derecho de reunión pacífica", y reiteró la condena internacional a la asonada.
El golpe de Estado perpetrado esta semana se suma a otros dos intentos previos denunciados por Embaló desde que asumió la presidencia el 27 de febrero de 2020, en la primera transferencia de poder pacífica registrada en el país desde su independencia de Portugal en 1974. Embaló, quien sucedió en el cargo a José Mario Vaz tras superar a Simoes Pereira en la segunda vuelta electoral, consolidó su liderazgo en medio de impugnaciones jurídicas y reclamos del PAIGC-CV, fuerza política dominante en la nación durante décadas. Pese a los antecedentes de inestabilidad, la intervención militar actual paralizó el proceso político y generó un llamado nacional e internacional para restaurar el orden constitucional «de manera inmediata e incondicional», tal como remarcó el secretario general de la ONU, António Guterres.
El contexto de estas acciones incluyó el cierre de medios independientes, suspensión de servicios de Internet y limitaciones al derecho de reunión, situaciones que refugiaron testimonios sobre detenciones sin garantías procesales y represión durante manifestaciones contrarias a la junta. Tanto Turk como otras agencias internacionales subrayaron la importancia de que las nuevas autoridades respeten los marcos internacionales en materia de derechos humanos y liberen a quienes fueron arrestados sin fundamento legal.
La anulación de los resultados electorales y la suspensión del proceso antes de la proclamación final han sido calificadas por el sistema de Naciones Unidas como un retroceso democrático. El proceso electoral cuestionado, desarrollado el domingo, se llevó a cabo en un clima de tensión ante la exclusión de candidaturas de peso y la amenaza constante de intervención militar, en un país que históricamente ha enfrentado dificultades para mantener la estabilidad institucional y la alternancia política sin violencia.
En los reportes recogidos por 'O Democrata', se detalla que la junta militar reafirmó su intención de consolidar un periodo de transición que permita el restablecimiento del orden y seguridad, aunque las denuncias de represión y el cierre de espacios de libertad de expresión han motivado la intervención y el seguimiento de organismos internacionales. De forma paralela, organizaciones civiles y políticas continúan exigiendo la restitución de derechos, la reapertura de medios y el cese de arrestos, mientras que la sociedad guineana permanece bajo un clima de incertidumbre a la espera de avances en el retorno a la normalidad institucional.
Así, la situación en Guinea Bissau ha generado una respuesta rápida por parte de actores internacionales preocupados por el retroceso de los derechos y libertades en la nación, que experimenta una nueva etapa de transición política tras varios años de intentos fallidos de estabilización y reformas. El control de la información, el cierre de emisoras y la represión policial se han presentado como desafíos inmediatos para la junta y sus líderes, en un escenario donde la presión local y global apunta hacia la necesidad de reinstaurar el gobierno civil y los principios democráticos.
