En el comunicado oficial, Consumo detalló que la gravedad de las prácticas detectadas llevó a la imposición de sanciones adicionales, como la obligación de hacer públicos tanto el nombre como la infracción cometida por cada compañía. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 notificó que las cinco empresas identificadas por desarrollar descuentos ficticios durante el Black Friday de 2023—Notino Italia, Gestaweb 2020, Media Markt, Carrefour y PC Componentes—deberán retirar las promociones consideradas engañosas, además de asumir en conjunto una multa de 350.000 euros. Esta medida alcanza también a otras dos compañías, cuya identidad no se hizo pública, pero que, según publicó el medio de referencia, incurrieron en infracciones similares.
Según consignó la fuente, las multas impuestas reflejan la severidad de las conductas empleadas. Notino Italia recibió la sanción más alta, por valor de 110.000 euros, seguida de Gestaweb 2020 con 100.000 euros, Media Markt con 25.000 euros, Carrefour con 21.500 euros y PC Componentes con 1.500 euros. Todas estas penalizaciones se inscriben en el marco del artículo 47.1 m) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que prohíbe cualquier forma de prácticas comerciales desleales. Según la información difundida por la administración, estas empresas presentaron como rebajas lo que en realidad eran precios previamente incrementados, para después devolverlos a su nivel anterior y aparentar así un descuento inexistente.
El medio también destacó que la investigación ministerial expuso otras técnicas fraudulentas detectadas durante la inspección. Entre ellas, se encontraron los llamados "precios por goteo", es decir, gastos que permanecen ocultos para el cliente hasta las últimas fases del proceso de compra en línea. Además, se constataron maniobras como la imposición de presión en la decisión de compra mediante el uso de temporizadores ficticios y mensajes sobre supuesta escasez de producto. También se descubrieron prácticas de precios dinámicos, que se modifican sin justificación clara dependiendo de circunstancias particulares, y comparaciones engañosas entre precios publicitados como grandes descuentos, cuando en realidad no existía tal rebaja.
Estas acciones, de acuerdo con el Ministerio de Consumo, se diseñaron para reducir la transparencia e inducir a error a los consumidores, favoreciendo la toma de decisiones precipitadas. El artículo 20 de la Ley 7/1996 establece que el precio de referencia utilizado en ofertas debe corresponder con el más bajo previsto durante los treinta días anteriores a la promoción, norma que se infringe al manipular los precios en las campañas estacionales. El ministro Pablo Bustinduy subrayó, según el medio citado, que el operativo de inspección de Black Friday respondió a la necesidad de proteger a los consumidores de prácticas de dudosa legalidad.
De acuerdo con la información publicada, la labor de inspección se inició en el periodo previo al Black Friday, fecha marcada por el alto volumen de ventas y gran actividad promocional en el mercado español. El ministerio empleó herramientas tecnológicas que permiten recoger pruebas de los incrementos injustificados de precios y supervisar el comportamiento de las plataformas digitales. Esta línea de actuación forma parte de una estrategia más amplia que busca frenar el uso de los llamados "patrones oscuros" en el comercio electrónico, es decir, técnicas orientadas a condicionar las elecciones de los consumidores sin información clara y visible.
La publicación del listado de compañías sancionadas responde también a una estrategia preventiva. Según detalló el medio, Consumo persigue disuadir la repetición de prácticas irregulares tanto en campañas futuras como fuera de periodos promocionales. Además de la multa económica, la sanción accesoria de publicidad obliga a las empresas a reconocer abiertamente las conductas investigadas y penalizadas. De esta manera, se refuerza la exigencia de transparencia hacia el consumidor final y la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley.
Consumo informó que este tipo de supervisión tecnológica y administrativa continuará en próximas campañas, incluido el Ciber Monday, tradicionalmente reconocido por la intensidad de sus promociones digitales en España. El ministerio a cargo de Pablo Bustinduy anunció una intensificación del monitoreo en plataformas digitales, especialmente en lo relativo a la actualización de precios justo antes de los picos promocionales, para evitar aparentes rebajas que en realidad no ofrecen una ventaja real.
El seguimiento de la administración pública se focaliza también en la detección de la personalización discriminatoria de precios, donde los importes pueden variar en función del perfil del comprador o el dispositivo utilizado. Consumo la considera potencialmente generadora de desigualdad y prioriza la investigación de cualquier práctica que afecte la percepción auténtica del descuento presentado. De acuerdo con lo recogido por el medio, la Dirección General de Consumo tipifica estos comportamientos como susceptibles de sanción, adelante del interés general por garantizar la igualdad entre clientes y el cumplimiento de la normativa vigente.
En la misma línea, la administración ha exigido a todas las empresas del sector que respeten escrupulosamente los mecanismos estipulados en materia de transparencia comercial. Cada acción de control llevada a cabo responde al mandato legal de evitar que el consumidor reciba información confusa o parcial sobre las condiciones y precios de los productos ofertados, objetivo recurrente en la comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
A lo largo de otras inspecciones, según reportó el medio, Consumo ha venido imponiendo medidas correctoras que incluyen la retirada inmediata de las ofertas fraudulentas, el ajuste a la legalidad de las promociones y la vigilancia activa sobre los vendedores, con especial hincapié en las grandes plataformas que lideran el comercio electrónico durante las campañas estacionales.
La administración, según detalló el medio, continuará aplicando métodos automatizados para identificar conductas contrarias a la normativa de defensa de los consumidores, recogiendo las evidencias necesarias para documentar las sanciones y ampliar el control sobre los operadores digitales. Este procedimiento permite detectar anomalías en tiempo real y actuar frente a cualquier tipo de manipulación identificada en el proceso de compra.
Consumo reiteró recientemente, en declaraciones recogidas por el medio, la obligación legal de mantener la máxima transparencia en el anuncio y aplicación de precios, así como el rechazo categórico a cualquier tipo de práctica que induzca a error al cliente. El objetivo de la política de control, en palabras del Ministerio, consiste en afianzar un entorno de mayor seguridad para el consumidor y asegurar el respeto efectivo a los derechos reconocidos en la legislación nacional.
