El Consejo de Europa ha reconocido los esfuerzos de España para la inclusión de la población gitana, aunque advierte de que persisten las desigualdades en acceso al trabajo, la vivienda y la educación, sobre la que reconoce una "preocupación significativa" en relación a la segregación escolar e insta a incluir la historia y la cultura gitanas en los planes de estudio de todas las comunidades autónomas.
Así se desprende del dictamen del Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales en el que se apunta a una infradenuncia de la situaciones de discriminación que sufren los gitanos.
El Comité Consultivo acoge con satisfacción la aprobación en 2022 de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, al abordar cuestiones como la segregación escolar, demostrando el compromiso del país con un enfoque inclusivo para la gestión de la diversidad. Además, considera que el reconocimiento del antigitanismo como circunstancia agravante en el Código Penal en 2022 es un avance "esencial" en la lucha contra la discriminación hacia la población gitana.
Asimismo, interpretan que la adopción de la 'Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación de la Población Gitana 2021-2030' también representa un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de vida y la inclusión social de la población gitana.
Sin embargo, el Comité Consultivo considera que los casos de "discriminación" que involucran a personas gitanas siguen siendo "insuficientemente denunciados". Subraya que el número de denuncias sigue siendo bajo en comparación con la prevalencia de las prácticas discriminatorias a las que se enfrenta la población gitana, especialmente en la educación, el empleo y la vivienda. En consecuencia, el Comité Consultivo insta a las autoridades a sensibilizar a la comunidad gitana sobre el mecanismo de reparación previsto en la legislación antidiscriminación.
Aunque interpreta que la formación del personal policial y judicial en materia de derechos humanos, normas de no discriminación y delitos de odio "ha dado resultados positivos", el Comité Consultivo considera que es necesario "un enfoque institucional más eficaz para detectar y responder a los delitos de odio y al discurso de odio y para abordar la falta de denuncias".
La situación de desventaja de la población gitana en la educación sigue siendo una "preocupación significativa", en particular en lo que respecta al "complejo problema de la segregación escolar". El comité insta a las autoridades a combatirla dentro del sistema de educación obligatoria, incluso mediante la adopción de políticas sólidas y la asignación de recursos suficientes.
Además, el comité insta a las autoridades a tomar medidas para reducir el abandono escolar temprano y el absentismo escolar entre los alumnos y estudiantes gitanos y a garantizar la continuación de la educación, especialmente durante la transición de la educación primaria a la secundaria. También subraya que la educación intercultural, y la enseñanza de la historia y la cultura gitanas deberían incluirse en los planes de estudio y materiales educativos en todas las comunidades autónomas.
Otro motivo de preocupación es la violencia contra las niñas y mujeres gitanas. El comité destaca la necesidad de mecanismos efectivos destinados a combatir los matrimonios precoces y forzados, y a condenar y declarar nula cualquier justificación judicial de la violencia contra niñas y mujeres o la aplicación como circunstancias atenuantes de factores como el "contexto cultural", argumentos que implican etnia, "raza" o religión.
Para favorecer la inclusión de la población gitana, el Comité Consultivo recomienda que las autoridades mejoren y promuevan la representación de la población gitana, tanto hombres como mujeres, en la Administración General del Estado mediante medidas positivas y específicas en los procedimientos de contratación.
A pesar de las mejoras generales en la situación de la vivienda de la población gitana, el Comité Consultivo considera que persiste la infravivienda y que ésta debe abordarse mediante programas de vivienda sostenibles.
Respecto a los discursos contra la migración y los refugiados "no ha afectado significativamente a los ciudadanos gitanos españoles", el comité señala que los gitanos no españoles se enfrentan a niveles de aceptación más bajos que los gitanos españoles. Los gitanos no españoles se enfrentan a desafíos específicos que deben abordarse, incluidas las barreras lingüísticas, la falta de documentación legal y el acceso limitado a los servicios de bienestar social.
Finalmente, el Comité Consultivo insta a las autoridades a abordar "la perpetuación de los estereotipos de las comunidades afectadas por el discurso de odio en las redes sociales", especialmente las comunidades judía y musulmana, mediante medidas específicas destinadas a prevenir y combatir el discurso de odio, en estrecha cooperación con los proveedores de servicios de internet y las comunidades más afectadas.
