La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que las finanzas públicas de España han seguido mejorando, aunque considera que la consolidación fiscal sigue siendo esencial para encaminar la deuda hacia una tendencia a la baja a medio plazo, para lo que propone una batería de medidas, incluyendo una reforma de las pensiones, así como de distintas prestaciones e impuestos, cuyo impacto agregado sería equivalente al 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros.
En su último informe sobre la economía española, la organización con sede en París señala que la reciente mejora de las cuentas públicas se debió en gran medida a la eliminación gradual de medidas temporales contra la inflación y de apoyo energético, así como por la contención del gasto primario neto y el sólido crecimiento de los ingresos fiscales.
Sin embargo, advierte de que la deuda sigue siendo elevada en comparación con el promedio de las economías de la zona euro y de la OCDE, mientras que, aunque el déficit fiscal general se ha reducido, el déficit estructural subyacente se mantiene prácticamente sin cambios, cerca del 3% del PIB.
En este sentido, si bien el plan fiscal a medio plazo (MPFP) del Gobierno describe una trayectoria para reducir el déficit fiscal del 3,5% del PIB en 2023 al 0,8% en 2031 y la deuda del 102,5% del PIB en 2024 al 90,6% en 2031, con una mejora constante del saldo fiscal estructural del 0,4% del PIB anual de media entre 2025 y 2031 mediante medidas fiscales y mejoras en la eficiencia del gasto, "el plan carece de suficiente detalle sobre las medidas políticas concretas para alcanzar estos objetivos".
De este modo, para mantener la deuda en una trayectoria descendente y generar margen para un gasto que impulse el crecimiento, España debería combinar una estrategia creíble a medio plazo con una consolidación fiscal gradual y políticas que fomenten el crecimiento potencial, incluyendo la mejora del marco fiscal, la resolución de los retos del sistema de pensiones, la reducción del gasto ineficiente, la mejora de la recaudación fiscal y el mantenimiento de un sólido desempeño económico y del mercado laboral.
De cara al futuro, el 'think tank' de las economías avanzadas espera que las presiones fiscales a largo plazo aumenten debido al envejecimiento de la población, principalmente en el gasto en pensiones y, en menor medida, en sanidad y cuidados de larga duración, los costes de la transición verde y el aumento del gasto en defensa, mientras que el pago de intereses de la deuda también añadiría presión.
En concreto, se prevé que el gasto en pensiones aumente del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050, mientras que el gasto en sanidad y cuidados de larga duración aumentará del 7,4% del PIB en 2023 al 9,4% en 2050, según el Consejo Fiscal de España.
"La consolidación continua sigue siendo esencial para encaminar la deuda pública bruta a la baja a medio plazo, cumplir con las normas fiscales de la UE, adaptar las crecientes presiones del gasto derivadas de la defensa, el envejecimiento de la población y la transición ecológica a medio plazo, y crear margen para un gasto que impulse el crecimiento", resume la OCDE, que aconseja a España acelerar el ritmo de ajuste fiscal para reforzar la sostenibilidad.
Para ello, recomienda a España reformar el marco presupuestario y la garantía de su aplicación efectiva para impulsar la eficiencia y la calidad del gasto público, frente a los importantes desafíos institucionales relacionados con la alta descentralización administrativa de España y a la complejidad de aplicar simultáneamente múltiples reglas fiscales.
Asimismo, insta a abordar las presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población debido al aumento de las pensiones en las próximas dos décadas y, en menor medida, de la sanidad, con un incremento del gasto relacionado con el envejecimiento de 5,2 puntos del PIB hasta 2050, impulsado principalmente por el aumento de las pensiones.
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La OCDE subraya también la importancia de un reequilibrio de la combinación tributaria "hacia impuestos menos distorsionadores", ya que el sistema tributario español afronta diversas deficiencias que lastran la productividad y la recaudación, destacando la elevada carga para los impuestos sobre el trabajo, en particular las cotizaciones a la seguridad social, que desincentiva el empleo y la creación de puestos de trabajo, mientras que los impuestos al consumo se mantienen bajos.
"Se necesita una reforma más amplia que reequilibre la composición fiscal hacia impuestos menos distorsionadores", afirma la organización, que apunta en primer lugar a la fragmentación del sistema del IVA, con amplias tasas reducidas y exenciones que socavan tanto la recaudación como la neutralidad.
Por último, la OCDE insiste en la importancia de mejorar la priorización del gasto público, que se mantiene alrededor del promedio de la OCDE, pero cuya composición sigue estando "muy sesgada" hacia las transferencias corrientes, en particular las pensiones y las prestaciones por desempleo, al tiempo que la inversión pública ha caído significativamente debido a las políticas de austeridad fiscal implementadas durante la crisis financiera mundial.
"La inversión en educación, servicios públicos y asuntos económicos sigue siendo comparativamente inferior al promedio de la OCDE y la UE, lo que subraya la necesidad de crear margen para el gasto que impulse el crecimiento", advierte la institución.
CASI 7.000 MILLONES EN MEDIDAS ADICIONALES.
Según las estimaciones de la OCDE, con las políticas actuales, la ratio deuda/PIB disminuiría temporalmente, pero la deuda aumentaría significativamente a medio plazo, por lo que plantea una serie de reformas fiscales y de las pensiones, con un impacto agregado del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros, que encaminarían la deuda hacia una senda decreciente.
En concreto, desde el lado de los ingresos, plantea medidas con un efecto combinado de unos 3.400 millones, incluyendo ampliar la base del IVA, limitar las exenciones y armonizar los tipos para bienes y servicios (+6.800 millones); reducir la cuña fiscal para los hogares con ingresos más bajos (-8.500 millones); aumentar los ingresos ambientales mediante la igualación de los impuestos especiales sobre el diésel y la gasolina y el fortalecimiento de los impuestos sobre la energía y los vehículos (+6.800 millones).
AMPLIAR A 35 AÑOS EL CÁLCULO PARA LA PENSIÓN PÚBLICA Y MÁS VIVIENDA
En cuanto al gasto, las propuestas de la OCDE también suponen un impacto del 0,2% del PIB, unos 3.400 millones, incluyendo eliminar las diferencias basadas en la edad y las cotizaciones a las pensiones para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (+11.900 millones); restablecer un mecanismo en la pensiones de ajuste a la esperanza de vida (+17.000 millones); la ampliación del período de referencia para el cómputo de los derechos de pensión a 35 años (+15.300 millones).
Al mismo tiempo, aumentar el parque de viviendas sociales (-11.900 millones); inversión pública adicional en adaptación al cambio climático (-13.600 millones); inversión pública adicional en infraestructura de red y almacenamiento de energía (-13.600 millones).
