El pleno del Parlamento Europea ha dado este martes luz verde definitiva a la reforma para controlar de manera más estricta los juguetes importados y adquiridos online; una revisión de las normas de seguridad que prevé además ampliar la lista de sustancias químicas prohibidas en su fabricación.
Los negociadores del Consejo (gobiernos) y Eurocámara acordaron el pasado mes de abril la reforma, que ha sido ya adoptada por los Veintisiete, por lo que con la adopción ahora por parte los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) la nueva norma entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE).
La reforma partió de Bruselas para ampliar las reglas que ya prohíben sustancias carcinógenas o las mutágenas en la producción de juguetes para incluir el veto a los disruptores endocrinos y otros elementos químicos que afecten al sistema respiratorio o a un órgano determinado, como por ejemplo los perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y las categorías más nocivas de bisfenol.
El acuerdo también limita el uso de conservantes y prohíbe el uso de alérgenos aromáticos en juguetes aptos para niños menores de tres años o en otros juguetes destinados a ser colocados en la boca de los niños.
También se crea un pasaporte digital que permita vigilar que los juguetes que entren en la Unión Europea cumplen con los estándares de la UE, de modo que los fabricantes extracomunitarios tengan que presentar un documento digital para cada juguete que introduzca en el mercado comunitario.
Con ello, se podrá trazar los juguetes cuando lleguen a la frontera exterior de la UE e identificar los envíos que deban someterse a unos controles más rigurosos en las aduanas.
Dentro de cada Estado miembro, los inspectores nacionales seguirán siendo responsables de controlar los juguetes pero las nuevas reglas permitirán a la Comisión Europea exigir la retirada del mercado de juguetes que sean considerados "problemáticos" porque presente riesgos no previstos en el reglamento.
A partir de su entrada en vigor 20 días después de la publicación en el DOUE, los fabricantes tendrán un plazo de 4,5 años para adaptarse a los requisitos.
