La mesa de negociación sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en Movistar+ se constituyó al mismo tiempo que se avanzaron propuestas similares para otras sociedades de Telefónica, lo que marca el inicio de una fase clave para determinar el destino de cientos de empleados. Según informó el medio, Telefónica ha presentado su intención de aplicar un ERE a un total de 5.319 trabajadores en las principales filiales en España, incluyendo Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, en el contexto de un plan estratégico que prevé importantes reducciones de costes hasta 2030.
UGT y CCOO, sindicatos mayoritarios en la empresa, han remarcado que las reuniones mantenidas en el ámbito del convenio de empresas vinculadas se centraron en discutir la motivación del ERE, que la dirección atribuye a causas organizativas, técnicas y productivas. El medio detalló que, según la documentación legal transmitida por la compañía a las organizaciones sindicales, el impacto contemplado en el expediente sería de 3.649 empleados en Telefónica de España, lo que supone el 41,04% de la plantilla total; 1.124 en Telefónica Móviles, equivalente al 31,34% de sus trabajadores; y 267 en Telefónica Soluciones, el 23,89% de la plantilla. A esto se suman las 279 salidas previstas en Movistar+, implicando al 32,45% de los empleados de esa sociedad.
La cifra global comunicada para esta reestructuración asciende a 5.319 personas, aunque UGT indicó que la afectación directa en las tres sociedades principales del grupo se estima en unas 5.040 salidas, acorde a los datos facilitados por la empresa durante las negociaciones. El medio también consignó que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de Óscar López, expresó la posición del Ejecutivo respecto a la necesidad de alcanzar consensos: “Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, afirmó el ministro en una intervención ante la prensa. El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mantiene un 10% del capital social de Telefónica, situación que refuerza su interés en el proceso.
UGT reclamó que cualquier medida aplicada responda a un esquema estrictamente voluntario, priorizando las prejubilaciones y respetando lo acordado en el acta del ERE firmado para 2024. El sindicato advirtió que no podrá cerrarse un pacto integral si no hay avances suficientes para ampliar el actual convenio colectivo hasta 2030. Desde UGT sostuvieron que prolongar dicho acuerdo permitiría mejorar las garantías y condiciones laborales para el personal ante los desafíos del nuevo plan estratégico que Telefónica anunció a comienzos de noviembre. CCOO se manifestó en la misma dirección, abogando por un proceso de salidas que sea voluntario, universal, vinculante con la jubilación y enmarcado, según declaró, “con buenas condiciones económicas y sociales”.
Según publicó el medio, Telefónica tiene previsto informar en breve los detalles de la afectación prevista para otras sociedades del grupo a nivel nacional, concretamente Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. Esta ampliación de la reestructuración se inscribe en la agenda de ajuste promovida tras la presentación oficial del nuevo plan estratégico de la compañía.
El último ERE realizado por Telefónica, cerrado a comienzos de 2024 tras un proceso de negociación con las fuerzas sindicales, supuso la salida de 3.420 trabajadoras y trabajadores de la empresa, cifra que se redujo respecto a las 5.124 bajas planteadas en el inicio de las conversaciones. El coste del proceso anterior se situó en torno a los 1.300 millones de euros antes de impuestos para la empresa, que destinó una media de aproximadamente 380.000 euros por empleado afectado. Esta cantidad fue inferior a los importes pagados en planes de salida ejecutados en años anteriores, aunque según consignó el medio, la compañía cifró el ahorro resultante para la propia empresa en cerca de 285 millones de euros anuales.
El nuevo ajuste se alinea con las previsiones económicas del plan estratégico divulgado a comienzos de este mes, que proyecta ahorros globales de costes por unos 3.000 millones de euros hasta 2030, y cerca de 2.300 millones de euros hacia 2028. El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la presentación del nuevo plan, afirmó: “En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (...) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores.”
Según divulgó el medio, Telefónica busca concretar el proceso de negociación con los sindicatos dentro de los plazos legales previstos, con el objetivo de que el acuerdo se cierre antes del fin del actual ejercicio fiscal, o bien a principios de 2026, para evitar que los efectos contables del ERE afecten las cuentas del próximo ejercicio.
El medio indicó que mañana se esperan detalles de la afectación que tendrán los despidos colectivos en tres sociedades adicionales del grupo, lo que mantendrá el foco puesto en la evolución del ajuste estratégico que la operadora está implementando.
