El gobierno alemán está finalizando conversaciones con el régimen talibán para acordar la repatriación de ciudadanos afganos que residen sin autorización en Alemania, informa el medio Bild am Sonntag. Este anuncio se produce después de que las autoridades hayan registrado un aumento del 20 por ciento en el número de expulsiones de migrantes en el país, llegando a un total de 19.538 personas entre enero y octubre, cifra que también representa un incremento del 45 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior alemán.
La intensificación de las deportaciones ha situado a Alemania en el centro del debate internacional, ya que diversas instituciones humanitarias, incluida Naciones Unidas, han alertado sobre los riesgos a los que se enfrentan las personas expulsadas a lugares considerados inseguros, como Afganistán y Siria. De acuerdo con Bild am Sonntag, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, defendió la política de su gobierno al señalar que esta estrategia responde a un deseo de “control, rumbo y claridad” en materia de migración, y confirmó la intención de mantener esta línea, así como de avanzar en los preparativos para las repatriaciones a Siria y Afganistán.
Este endurecimiento coincide con la iniciativa de Alemania, apoyada por Bélgica, de solicitar a la Unión Europea la agilización de los trámites de deportación de afganos que no cuentan con permisos de residencia válidos. Dicha petición se presentó apenas dos días antes de que Dobrindt revelara que las negociaciones sobre las expulsiones a Afganistán estaban cerca de completarse. Las organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, han reiterado que las condiciones actuales en Afganistán bajo el régimen talibán suponen un riesgo elevado para quienes son enviados de regreso, insistiendo en que la vida y la integridad de estas personas podrían verse comprometidas tras su repatriación.
Paralelamente, el enfoque del gobierno alemán hacia la situación en Siria también se ha endurecido. El canciller Friedrich Merz declaró al inicio de noviembre que, a su juicio, la guerra civil en Siria ha concluido, descartando así nuevas solicitudes de asilo para ciudadanos sirios en territorio alemán. Según declaraciones recogidas por Bild am Sonntag, Merz aseveró que “la guerra civil en Siria ha terminado. Ya no existen motivos para solicitar asilo en Alemania, lo que significa que podemos comenzar las repatriaciones”.
Poco después de estas declaraciones, un tribunal administrativo en Düsseldorf avaló la deportación de dos ciudadanos sirios tras determinar que estos ya no enfrentaban un peligro grave en su país de origen. Esta decisión judicial se produjo apenas dos días después de que Merz manifestara que el conflicto había terminado y que el régimen de Bashar al Assad “cayó hace casi un año”, argumento que sirvió de base para la resolución del tribunal sobre la reducción del riesgo.
El medio alemán detalló que esta política migratoria busca enviar una señal inequívoca tanto a los ciudadanos alemanes como a quienes buscan residir en el país, reforzando la idea de que las estancias irregulares enfrentarán un marco normativo más estricto. La creciente cantidad de repatriaciones y la determinación de preparar expulsiones a zonas clasificadas como inseguras han reavivado el debate en torno a los derechos de los migrantes y las obligaciones internacionales en materia de protección humanitaria.
Dentro de este escenario, Alemania asume un rol destacado en el seno de la Unión Europea, impulsando cambios legislativos y administrativos para acelerar los procedimientos. Estos movimientos surgen en un contexto de presiones internas, marcado por el debate político sobre la gestión de la migración, la seguridad y la integración, mientras organizaciones y juristas continúan cuestionando la legalidad y la ética de devolver personas a países con altos índices de violencia y represión.
