El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó a desobedecer cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La investigación podría desembocar en un consejo de guerra.
El Pentágono ha recibido "graves acusaciones de conducta inadecuada" y por ello ha abierto una "revisión minuciosa" del vídeo en el que Kelly y otros cinco congresistas --Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan-- pedían a los soldados "rechazar órdenes ilegales".
"Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco", dijeron.
Ahora el Departamento de Guerra --nombre con el que la Administración de Trump designa a este departamento-- ha abierto un procedimiento para "decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas", explica el organismo en un comunicado publicado en redes sociales.
"Esta cuestión será gestionada conforme a la ley militar y garantizando el debido proceso y la imparcialidad (...). Se limitan los comentarios oficiales para preservar la integridad del procedimiento", apunta.
Tras la publicación del vídeo el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó "traidores" y atribuyó un "comportamiento sedicioso punible con la muerte" a Kelly y a los demás congresistas que aparecen en la grabación. Los congresistas han denunciado amenazas "perturbadoras" desde entonces.
Kelly estuvo en la Armada estadounidense y se retiró con el rango de capitán. Estuvo dos veces en el golfo Pérsico y también ha sido instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Miliar solo en el caso de que fuera llamado a filas en calidad de reservista.
Al menos 83 personas han muerto en las últimas semanas en ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y del Pacífico, unas acciones condenadas por la ONU y organizaciones de Derechos Humanos al considerarlas ejecuciones extrajudiciales.
