Durante su declaración, Jair Bolsonaro admitió haber intentado quitarse la tobillera electrónica que tenía como medida cautelar, justificando su acción por “cierta paranoia” atribuida a una medicación. Esta confesión se sumó a otros incumplimientos de las restricciones y sirvió como base para que el Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzara la mayoría necesaria para ratificar la detención preventiva del exmandatario, medida que se fue consolidando mientras se acerca el desenlace de su proceso judicial por el presunto intento de golpe de Estado en 2022.
El medio G1 reportó que la decisión de mantener a Bolsonaro bajo custodia preventiva se fundamentó en el argumento presentado por el juez instructor, Alexandre de Moraes, quien señaló un “continuo desacato” a las medidas impuestas, entre las que figuraba la prohibición de utilizar redes sociales, la limitación de visitas en su domicilio y la obligación de portar el dispositivo electrónico de monitoreo. De Moraes explicó que Bolsonaro violó de forma “voluntaria y consciente” la obligación de llevar la tobillera electrónica; este punto fue respaldado por dos de los tres jueces de la primera sala del Tribunal Supremo: Flávio Dino y Cristiano Zanin. Solo resta el voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes, aunque la mayoría ya se ha alcanzado para mantener cerrado a Bolsonaro en la sede de la Policía Federal en Brasilia.
Según consignó G1, el traslado de Bolsonaro a la Policía Federal durante el fin de semana respondió también al riesgo detectado de una posible fuga. El expresidente, quien hasta esa fecha permanecía bajo arresto domiciliario, fue trasladado a dicha sede policial tras analizarse su comportamiento e intentos de infringir en reiteradas ocasiones las restricciones judiciales. La condena de 27 años de prisión que pesa sobre Bolsonaro corresponde a su supuesta participación en un intento de alteración del orden constitucional y obstrucción del proceso judicial junto a otros colaboradores, entre ellos su hijo Eduardo Bolsonaro, tal como detalló G1.
Como información complementaria, G1 detalló que junto a Bolsonaro permanecen aún seis acusados señalados como integrantes del núcleo central de la trama que habría pretendido desestabilizar el gobierno brasileño. Las defensas de todos ellos presentaron recursos para revertir las sentencias emitidas en septiembre. No obstante, existen pocas probabilidades de éxito en la apelación, y se prevé que, una vez desestimados estos recursos, la condena tendrá carácter definitivo, aunque no hay una fecha establecida para esto.
La expectativa por la ejecución de la sentencia se mantiene en torno a la sede de la Policía Federal en la capital del país, que sería el lugar más probable para que Bolsonaro cumpla la condena inicial mientras se define su situación legal. La defensa del exmandatario enfatizó su interés en conseguir que el castigo se cumpla en su residencia de Brasilia, planteamiento que no ha prosperado hasta el momento frente a la posición de los jueces, señaló también G1.
El proceso judicial implica un seguimiento riguroso a las actuaciones de Bolsonaro después del intento de golpe ocurrido en 2022. La orden de arresto domiciliario incluía varias condiciones restrictivas, diseñadas para evitar la reincidencia o nuevos intentos de obstaculización en la investigación. La reiteración de incumplimientos llevó a reforzar la medida y a acelerar la respuesta del Supremo Tribunal Federal, según lo reflejado en los documentos judiciales que cita G1.
Mientras la tramitación de la causa avanza hacia su fase definitiva, el Supremo Tribunal Federal mantiene la vigilancia sobre las acciones de los acusados y ratifica la función de las medidas de control como herramientas indispensables para preservar la integridad del proceso y la autoridad del tribunal, según el seguimiento de G1. Todo el procedimiento se desarrolla bajo una estricta observancia de los derechos de ambas partes y con la supervisión directa de las autoridades policiales y judiciales del país.
