El Gobierno destaca que la temporalidad estructural dentro de la Administración del Estado se sitúa actualmente en 4,7%, según datos incluidos en una respuesta parlamentaria revisada por Europa Press. Ese dato es presentado tras señalar que la estabilización de plazas en las Administraciones Públicas ha alcanzado las 377.000 posiciones, superando el compromiso inicial asumido con Bruselas de estabilizar 300.000 puestos antes de finalizar 2024. Este contexto se enmarca en la respuesta oficial a una batería de preguntas planteadas en el Congreso por la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, quien solicitó información sobre las acciones implementadas para abordar el uso excesivo de contratos temporales en el sector público y la adaptación de la función pública a los estándares laborales exigidos por la Unión Europea. El Gobierno comunicó, de acuerdo con la nota de Europa Press, la convocatoria de 505.847 plazas en la Administración General del Estado desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2021.
De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la administración española señala que estos procesos de convocatoria y estabilización forman parte de una estrategia para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia, posibilitada por los fondos europeos canalizados a través de iniciativas aprobadas por la Comisión Europea. El Ejecutivo ha detallado que desde 2021 trabaja en la reducción de la temporalidad en el empleo público mediante la incorporación de diversas reformas y medidas legislativas que incluyen tanto la convocatoria como la estabilización de plazas.
La cifra de más de medio millón de vacantes estatales generadas desde 2021 es presentada por el Gobierno como prueba de avance en la creación de empleo neto dentro del sector público nacional. Según la misma respuesta recogida por Europa Press, la administración defiende que las medidas implementadas han logrado no solo cumplir, sino superar los objetivos laborales comprometidos ante las autoridades europeas, en particular en materia de estabilidad y reducción de la temporalidad estructural.
La respuesta parlamentaria también aborda cómo la aplicación de las acciones previstas en el Plan de Recuperación ha tenido resultados tangibles en los distintos niveles administrativos. El compromiso de estabilización de al menos 300.000 plazas previo a 2025 no solo fue alcanzado, sino superado por 77.000 posiciones adicionales, según los datos aportados por la administración española. A esto se suma la convocatoria total de 505.847 vacantes, cifra que proporciona una perspectiva sobre la escala de la intervención pública en materia de empleo durante este periodo.
El origen de esta información se sitúa en el contexto de las preguntas registradas por la diputada Cristina Valido, quien solicitó aclaraciones sobre el modo en que el Gobierno español se propone adecuar la regulación laboral y la función pública en concordancia con el Derecho de la Unión Europea, y sobre las medidas concretas para limitar el uso de figuras contractuales temporales en la administración pública. Entre las cuestiones planteadas se incluían la descripción de los mecanismos aplicados y la evaluación de su impacto en los niveles estructurales de temporalidad.
Europa Press reportó que la respuesta oficial del Gobierno insiste en el efecto de las convocatorias sobre la creación de empleo neto, además de señalar el impacto en la estabilización de las condiciones laborales para los empleados públicos. El uso de los fondos derivados del Plan de Recuperación ha resultado en un aumento de plazas ofertadas y en una mejora de la estructura del empleo dentro de la administración pública, según consta en la documentación presentada al Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo, según consigna Europa Press, continúa defendiendo la idoneidad y alcance de las reformas implementadas, subrayando que los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran cumplimiento con los objetivos y compromisos adquiridos ante la Comisión Europea. El Gobierno asegura que las cifras relacionadas con la reducción de la temporalidad y la convocatoria de plazas demuestran el impacto efectivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre el sector público estatal tras la puesta en marcha de las iniciativas en 2021.
