Tres defensoras de derechos humanos de El Salvador en el exilio han acusado al actual presidente del país, Nayib Bukele, de "criminalizar a cualquier disidente" y de utilizar el miedo a la inseguridad como política de Estado, y han situado 2025 como el año más crítico para los defensores de derechos humanos desde su llegada al poder.
Lo han explicado en una entrevista con Europa Press la periodista y directora de la Red Centroamericana de Periodistas, Angélica Cárcamo, y otras dos defensoras de derechos humanos que, por motivos de seguridad, han pedido mantenerse en el anonimato.
Una de ellas forma parte de una organización de atención a población vulnerable, prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz, y la otra es abogada e investigadora especializada en derechos humanos y derecho constitucional.
Han explicado que este patrón de criminalización se ha ido materializando con "detenciones arbitrarias" a personas que forman parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, en un contexto de represión y miedo, y consideran que ha habido en este último año una escalada de violencia hacia estos defensores y detenciones ejemplarizantes, como la de la abogada Ruth López.
También han relatado que Bukele "utiliza el miedo" con advertencias como que si se levanta el régimen de excepción --en vigor desde marzo de 2022 y que ha otorgado poderes sin restricciones a las fuerzas de seguridad-- los pandilleros volverán a salir y volverá la inseguridad al país, lo que provoca que la gente reclame que se prorrogue este régimen especial.
Sin embargo, las defensoras consideran que esta premisa es falsa: "Es una extorsión que rompe la narrativa de que El Salvador es el país más seguro del mundo. Porque si de verdad las pandillas se hubiesen erradicado, independientemente del Gobierno que entrase al poder, ya no debería ser un problema", lo que creen que también evidencia que hay un pacto de Bukele con las pandillas.
Han señalado que, desde su llegada al poder, Bukele ha promovido una construcción de un enemigo común, un "discurso que ha estigmatizado entre buenos y malos, entre delincuentes y personas hornadas", que ha desgastado a las organizaciones de la sociedad civil, a las que ha vinculado con los partidos tradicionales de izquierda y derecha, algo que consideran que ha calado en la ciudadanía.
LA POPULARIDAD DE BUKELE
Pese a las vulneraciones de derechos humanos que ellas enumeran, han sostenido que la popularidad de Bukele es todavía muy grande, hay "un sentimiento de gratitud" y la población justifica las medidas que está impulsando por un bien mayor: la contención de las pandillas y de la violencia que ejercían en El Salvador.
Consideran que se produce esta justificación porque la gente valora no correr peligro de que les maten los pandilleros: "Ahora que estamos en esta situación de completa violación a derechos humanos, es complicado venirles a decir a las personas, mire, pero esto es peligroso por estos motivos, porque no hay separación de poderes, porque no hay garantías, porque no hay debido proceso".
A pesar de esto, han indicado que ha generado cierto descontento entre la población el deterioro del acceso a derechos básicos como la salud y los alimentos, y han augurado de que a medida que se vaya desgastando el liderazgo de Bukele "va a ir reprimiendo más, la violencia del Estado va a seguir aumentando".
Han vaticinado que el actual presidente aún se mantendrá en el poder 10 o 15 años más, gracias a las reformas constitucionales que impulsó para permitir la reelección --la Constitución de El Salvador no lo permitía y Bukele aprobó en agosto la posibilidad de reelección indefinida--, pero han defendido que deben seguir resistiendo: "Aunque el panorama sea muy sombrío vamos a darle".
La abogada en derecho constitucional ha alertado de que El Salvador se ha quedado sin "ningún contrapeso", ya que no existen instancias judiciales independientes y Bukele goza de una mayoría absoluta en el parlamento --actualmente hay 60 diputados en la Asamblea Legislativa y solo 3 son de oposición--.
Cárcamo ha lamentado que "hablar tiene un precio", que en su caso es el exilio, y ha asegurado que es necesario que algunos periodistas escojan esta opción para poder explicar desde fuera lo que está ocurriendo, tras lo que ha añadido que se niega a creer que la seguridad pueda ser una moneda de cambio del resto de derechos y que los salvadoreños se conformen con eso, textualmente.
EL SEGUNDO MANDATO DE TRUMP
Además, ha sostenido que el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agravado la situación en El Salvador: "Bukele ya tiene cancha libre para poder hacer lo que quiera", y otra de las defensoras ha coincidido en que la vuelta de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un cambio profundo y le ha dado más legitimidad a Bukele.
Sin embargo, otra de ellas también ha apuntado que ha habido "desaciertos" en el Gobierno de Bukele al no rechazar las deportaciones de extranjeros que está promoviendo Trump, algo que afecta al país debido a la fuerte dependencia de las remesas de salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos.
Las tres han lamentado el "silencio cómplice" de la comunidad internacional ante lo que califican como el régimen de Bukele, y consideran que ha habido un distanciamiento de las organizaciones internacionales durante su mandato, aunque sí creen que, pese a que ha costado, ha habido aportaciones desde Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
